José Agapito Ruano Torres, quien en 2001 fue condenado a purgar 15 años de prisión por el secuestro de una persona, deberá de cumplir con la sentencia que termina en julio del próximo año.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador realizó ayer una audiencia especial de revisión de la condena, para definir si se le anulaba la pena o se la ratificaba.
Al final de la audiencia, el referido tribunal resolvió que José Agapito deberá de cumplir con la sentencia al ratificar.
José Agapito, quien goza de libertad condicional, alegó que durante su arresto por parte de la Policía, en octubre de 2000 y en el transcurso del proceso judicial, se le violentaron sus derechos, entre estos el derecho de presunción de inocencia.
En abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió que el Estado salvadoreño le “violó el derecho a la presunción de inocencia” a José Agapito.
El condenado ha intentado convencer a las autoridades judiciales salvadoreñas de que él es inocente, porque lo involucraron por un apodo que a él no le decían.
El apodo correspondía a su hermano, pero las autoridades judiciales, según el convicto, no han querido escuchar que él no participó en el secuestro , ni que tampoco tenía el sobrenombre.
A José Agapito lo arrestaron el 7 de octubre de 2000 en su casa de habitación, en Guazapa, San Salvador. En esa oportunidad, lo acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores denominada Los Guaza, que operaba en ese sector. Sin embargo, a José Agapito lo condenaron a 15 años de prisión por un secuestro.
Ante la negativa de las autoridades salvadoreñas, José Agapito decidió llevar su caso hasta las instancias internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y donde denunció una serie de supuestas violaciones a sus derechos.
“La CIDH concluyó que los maltratos físicos y verbales constituyeron tortura. Posteriormente, fue procesado y condenado penalmente en violación de las garantías mínimas de debido proceso”.
Además la CIDH realizó una serie de recomendaciones al Estado salvadoreño, las cuales, según el organismo, no ha cumplido. Entre las sugerencias está la anulación de los efectos de la condena. El caso de Agapito es estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.