Marvin González se pasea tranquilamente una soleada mañana de agosto por un balneario turístico próximo a la capital de El Salvador, en la ribera del lago de Ilopango. Saluda a tenderos y vecinos mientras contesta sin parar dos teléfonos celulares adonde le llaman los residentes del lugar en busca de ayuda en todo tipo de tema: desde decirle que un borracho no quiere pagar la cuenta de un bar a un intento de violación.
González no es jefe de la policía, ni siquiera un concejal del lugar. Este joven de 31 años, bajo de estatura pero de contextura fuerte y que maneja un discurso perfectamente articulado, es el líder local de la Mara Salvatrucha, una pandilla creada en California en los años 80 por migrantes centroamericanos y recientemente calificada por el gobierno de Estados Unidos como una organización criminal transnacional.
No es un fenómeno aislado que sólo suceda en Ilopango. Ocurre a lo largo y ancho de El Salvador: la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, su pandilla rival, son quienes detentan el poder de facto sobre muchas de las comunidades.
Hace más de dos años las pandillas anunciaron una tregua sólo para detener los homicidios y el reclutamiento forzado de miembros. La sangrienta guerra que libraban en las calles se suavizó pero propició consecuencias no del todo esperadas: el pacto les dio oxígeno para centrarse en consolidar sus áreas de influencia y su poder.
Ahora, la tasa de homicidios ha aumentado de nuevo. Desde que la tregua se rompió en septiembre de 2013, el país tiene un promedio de diez homicidios al día frente a los seis que se registraban durante la vigencia del acuerdo. Para julio, la tasa subió a 11 homicidios al día.
Este no era lo que se esperaba como resultado del pacto alcanzado por los líderes de las pandillas en marzo de 2012. Se auguraba el inicio de una nueva era de paz para el país y un modelo de convivencia para exportar a naciones vecinas basada en la experiencia de los acuerdos de paz que habían puesto fin, dos décadas, antes a una guerra civil salvadoreña que duró 12 años.
“La guerra civil se paró con el diálogo, ¿Por qué no dialogar, entonces?”, pregunta Marvin González. “Nadie va a dejar de pertenecer a la pandilla. “Pero de esta manera podemos comenzar a reconstruir el tejido social”.
La tregua entre pandillas fue articulada y facilitada por dos hombres que se enfrentaron durante la guerra civil de El Salvador. En 2011, el general David Munguía, entonces Ministro de Seguridad, le encargó a un antiguo comandante guerrillero, Raúl Mijango, que fuera a las cárceles, desde las que los líderes de las pandillas tejen sus estrategias, y abriese un proceso de diálogo para detener el baño de sangre que corría en el país.
La violencia aquel año se situaba en 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos del planeta.
Desde las cárceles se dio la orden de detener los asesinatos. Y en apenas una semana, en marzo de 2012, el gobierno anunció que el promedio de homicidios diarios había bajado de 14 a seis.
El gobierno reconoció que había actuado como facilitador del acuerdo entre pandillas y dijo que no les prometió nada.
No obstante, el hecho es que algunos líderes de las pandillas fueron trasladados de cárceles de alta seguridad a prisiones en las que sus condiciones de vida mejoraron.
El Fiscal General está investigando el proceso de negociación y diálogo entre las pandillas. El mes pasado, detuvo a uno de los mediadores del proceso, un sacerdote español bajo la acusación de entregar teléfonos con internet a los líderes de las pandillas dentro de las cárceles. El viernes fue condenado a dos años y medio de cárcel. También se investiga si armas robadas al Ejército pudieron haber llegado a manos de los pandilleros.
Marvin González, que cumplió una sentencia de diez años de cárcel por asesinar a otro pandillero, negoció con los mediadores de la tregua al interior del penal y desde que salió en libertad afirma estar decidido a que su hijo no siga su mismo camino.
“Ese no es el futuro que buscamos”, dijo a The Associated Press mientras disfrutaba de un plato de tilapia recién pescada en un comedor a la orilla del lago de Ilopango.
Ubicado al este de San Salvador, Ilopango es un lugar simbólico para las pandillas. Allí, hace poco más de un año, declararon que el municipio, un popular destino turístico, quedaba “libre de violencia”. Aquel día, González, con una gorra de béisbol vuelta del revés y una camiseta sin mangas con el escudo del país dio un discurso junto al General Munguía para anunciar el pacto.
Pero “libre de violencia” no significa “libre de pandillas”. La tregua nunca incluyó una desmovilización de los pandilleros o un cese de toda actividad delictiva. Sólo era para detener los homicidios. La entrada al municipio sigue controlada por la Mara Salvatrucha mientras el norte de la localidad está en manos del Barrio 18.
Nada impide a González ni a ninguno de los muchachos pasearse tranquilamente por el municipio y mostrar que todo está bajo control, quizás incluso con más claridad y visibilidad que antes.
En el municipio todavía se trabaja para localizar y excavar cementerios clandestinos de jóvenes asesinados durante la tregua. Los restaurantes y otros negocios continúan pagando de manera fija su extorsión y quienes cruzan sin permiso las fronteras invisibles dibujadas por las pandillas se juegan la vida. Los que se acercan a disfrutar del lugar los fines de semana, lo hacen bajo la estricta vigilancia de los pandilleros que controlan las esquinas con sus armas escondidas a cierta distancia.
González insiste en que la tregua da resultados y muestra un proyecto de invernadero y cría de aves de corral financiado por la Unión Europea que emplea a 40 de los 700 miembros locales de la Mara Salvatrucha. Anuncia que gracias a este tipo de proyectos pronto podrían declarar el municipio libre de extorsión y que a los negocios turísticos ya no se les cobra.
“La navidad pasada las propietarias de los comedores de la orilla del lago ofrecieron una comida para unos 200 muchachos en agradecimiento por quitarles la renta”, explica, señalando hacia quien cocina el pescado que come.
Pocos minutos después y bajo la atenta mirada de González, la dueña de uno de los comedores le dijo a la AP que ella nunca había pagado una cuota de extorsión.
“¿Tregua, cual tregua?, eso fue para ayudarlos a ellos”, dijo un joven que trabaja y vive en Ilopango y que se identificó como Alberto Escamilla, para quien la única diferencia entre hace dos años y ahora es que “hoy están más tranquilos (las pandillas), antes se daban duro entre ellos y hoy se dividieron el pueblo donde ellos mandan”.
“Se sienten autoridad, quieren mandar, esto es desde la famosa tregua”, añadió.
En otras zonas de El Salvador como Mejicanos, un barrio al norte de la capital, dos policías vigilan un edificio con catorce apartamentos vacíos. En su interior, hay algunos sofás viejos, basura y afiches futboleros en las paredes. A finales de julio, el Barrio 18 pidió el pago de una extorsión de 5,000 dólares. Los vecinos, presos del pánico, abandonaron sus viviendas la misma noche.
“Cuando no se paga, los pandilleros matan, y cuando el lugar queda vacío, lo ocupan para sus actividades”, dice un policía que sólo acepta identificarse por su número de placa. “En cada barrio se encuentran casos como este”.
Muchos de los desplazados por este tipo de violencia alimentan las cifras de centroamericanos que huyen del país rumbo a Estados Unidos. Un informe reciente de las Naciones Unidas estima que alrededor de 61% de los niños que han llegado a la frontera el último año huyen de este tipo de problemas generados por las pandillas.
Ernesto Vilanova, presidente del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador dice que el 79% de esas compañías, que representan el 90% de la economía del país, son víctimas de extorsiones.
El 84% de sus asociados no denuncian la extorsión a las autoridades.
“Tienen miedo, la gente no quiere hablar porque las paredes oyen”, dice Vilanova.
Rodrigo Ávila, que fue Director de la Policía Nacional salvadoreña y candidato presidencial en 2009, cree que el día a día del ciudadano y la empresa privada, tras la tregua, es de un estado de indefensión aún mayor. “Si antes ya no lo hacía, ahora el ciudadano no va a denunciar al pandillero que le extorsiona porque lo ve al lado de la autoridad política”, dice. “Ellos son la autoridad paralela al estado en muchos municipios”.
Para otros, la tregua fue una buena idea que se estropeó por el camino.
Mauricio Arriaza, jefe metropolitano de policía de San Salvador, duda de que haya habido una reducción de violencia durante la tregua.
“Estamos seguros, sin ninguna duda, de que las pandillas han seguido asesinando y enterrando a sus víctimas en cementerios clandestinos”, dice.
Arriaza, que también participó en la guerra civil en las filas del Ejército, cree además que los municipios libres de violencia son parte de “la antigua estrategia guerrillera, de avance y consolidación de zonas liberadas, zonas de control”.
Israel Ticas, investigador forense de la Fiscalía de El Salvador y encargado de abrir las fosas comunes donde, según la fiscalía, policía y detractores políticos de la tregua, los pandilleros han seguido enterrando a sus víctimas mientras aseguraban haber suspendido los asesinatos.
La AP reportó algunos casos de desaparecidos y enterrados en 2012, cuando familiares de las víctimas decían que eran víctimas de las pandillas.
“Sólo en el futuro, dentro de cinco o diez años se sabrá lo que ha sucedido en este país”, dice Ticas. “Cuando logren abrirse todos los cementerios clandestinos”.