En momentos en que la Sala de lo Constitucional ha ordenado la despolitización de las instituciones, la diputada Claudia Ramírez es el centro de la polémica tras ser nombrada presidenta de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes), la misma que organizará las elecciones de diez magistrados para la Corte Suprema de Justicia y de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) en 2015.
La parlamentaria, que se salió de ARENA, integró la fracción de tránsfugas “Unidos por El Salvador” y ahora es del Partido Democracia Salvadoreña (PDS), fue electa presidenta de la Fedaes en su asamblea del 26 de julio, según denunció el Centro de Estudios Jurídico (CEJ).
El CEJ, una de las gremiales más antiguas y reconocidas, considera que la participación de Ramírez al frente de la organización que dirigirá las elecciones para magistrados “entraña un conflicto ético importante”.
Ramírez, por su parte, considera que no hay impedimento legal para ejercer el cargo (ver nota adjunta).
La Fedaes organizará y administrará elección de cinco magistrados que sustituirán a los que están por concluir su periodo de nueve años: Rosa María Fortín, Lolly Claros, Mario Valdivieso, Miguel Trejo y Juan Manuel Bolaños (que reemplaza a Roxana Núñez, recientemente fallecida). A ellos se agregarán sus respectivos suplentes.
“Fedaes debe ser una entidad apolítica; así lo reconocen sus estatutos, prohibiendo además que sus miembros adopten acuerdos que directamente puedan relacionarse con la política militante”, dice un pronunciamiento del CEJ.
De hecho, recordaron que Ramírez ya anunció su intención de competir para los próximos comicios legislativos bajo la bandera del PDS, de reciente creación.
Carlos Mauricio Guzmán Segovia, presidente del CEJ, expresó que durante la Asamblea en la que se eligió a Ramírez sólo el CEJ se opuso y no por razones personales, sino porque actualmente ella funge como diputada a la Asamblea Legislativa.
Señala que si bien los estatutos no prohiben a un funcionario público ocupe un cargo como director o presidente de la Junta Directiva, pero que es una cuestión de principios, sobre todo cuando el próximo año, en marzo, les corresponderá desarrollar las elecciones de candidatos a magistrados de la Corte y ese mismo año también realizarán el proceso de elección de los titulares del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
“Y siendo entonces que ella como diputada, pues, presidiría la Fedaes y además como diputada le va a tocar conocer de los candidatos que resulten electos ya en la Asamblea Legislativa, que es donde se hace el nombramiento para la Corte y para el CNJ, creíamos que obviamente esto es incompatible y así lo manifestamos”, manifestó Guzmán Segovia.
Explicó que no han presentado ningún recurso de nulidad de la elección, pero sí dejaron claro su oposición al respecto.
“Intento de politización”
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), calificó de preocupante que una diputada presida la Federación de Abogados.
A su juicio, la Fedaes aglutina a las gremiales de abogados, pero no se buscaba que quedara bajo la dirección de gente vinculada a los partidos.
Castro más bien lo ve como un “intento de politización de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, desnaturalizando lo que los mismos Acuerdos de Paz querían cuando se reformó ese proceso de elección.
A la Fedaes le corresponde llevar a cabo la votación de los abogados para designar la mitad de los candidatos a magistrados (15 nombres), de los cuales elegirá la Asamblea Legislativa.
“Si ya estamos teniendo a diputados al frente de la Federación de Abogados nos parece preocupante… Es una grave desnaturalización y eso se complica más cuando vemos el rol que tiene la Fedaes que de por sí nosotros hemos criticado”, expresó Castro.
El abogado recordó que hace poco más de tres años presentaron una serie de reformas al sistema de elección de candidatos a magistrados, incluyendo revisión a la participación de la Fedaes y el rol del CNJ, pues no ha dado los resultados esperados.
Propuesta de reforma
Por su parte, el abogado José Luis Lovo Castelar explicó “que uno de los principios de la Fedaes ha sido no contaminarse con política y ahora se ha hecho por primera vez con alguien con título, nombre y apellido”.
Indicó que Ramírez “fue nombrada legalmente y no hay nada que lo impida jurídicamente, pero no conviene porque el gremio está representado por todos los espectros y todas las opiniones”.
Sin embargo, el abogado detalló ya existe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para modificar el reglamento y la ley del Consejo de la Judicatura para cambiar la forma de elección para los aspirantes a magistrados de la Corte.
La reforma establece que el CNJ convocará a elecciones a todos los abogados a nivel nacional y decidirá quiénes son los votantes y los elegibles. Luego nombrará un consejo especial electoral quienes sacarán los 30 nombres y luego van a notificar al CNJ.
Luego el CNJ tendrá en ese momento que determinar si cada nombramiento responde a los requisitos preestablecidos de cada postulante.
“Ella ya no va tener facultades en la Fedaes porque el proceso tendrá que modificarse. Ya existe en la Asamblea Legislativa un proyecto de reformas”, indicó Lovo Castelar.