El conflicto entre la compañía minera Pacific Rim y el Estado salvadoreño llegó a la crucial etapa de fondo, al instalarse, ayer, el juicio final.
El tribunal del Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI), ente del Banco Mundial, escuchará y ponderará las pruebas que presenten los equipos legales de la defensa y la demandante, durante los siete días que durará el juicio.
Los abogados del bufete Crowell & Morring, que representan a la empresa minera, hoy propiedad del consorcio australiano Oceana Gold, y los abogados del bufete Foley Hoag, que defienden a El Salvador en este litigio, tratarán de sostener sus posturas y pruebas ante los tres árbitros: el británico V.V. Vender, elegido presidente; Brigitte Stern, de Francia, y Guido Santiago Tawil, de Argentina.
La audiencia se instaló a las 9:30 de la mañana, luego del ingreso de los equipos legales y los jueces y, como estaba previsto, tocó a Pacific Rim dar apertura al caso en el que reclama que El Salvador le violentó su derecho a invertir en el país, al no darle una respuesta a la solicitud de concesión de la mina El Dorado, en San Isidro, Cabañas.
La transnacional compañía minera argumenta que si a principios de la década pasada se le permitió explorar para ver si había yacimientos de oro y plata en esa zona del país, adquiría un derecho natural para explotar la mina.
La empresa aduce, además, que para realizar esas exploraciones destinó una millonaria inversión en la zona de Cabañas, y cuando había descubierto una vena de más de 1.3 millones de onzas de oro de alto quilate y más de 9.4 millones de onzas de plata de primera calidad, el Estado salvadoreño empezó a poner impedimentos para concederle el derecho a la extracción que veía como factible y consecuente al derecho inicial.
Durante las primeras dos horas y media de la audiencia de ayer, Pacific Rim tuvo la oportunidad de presentar el caso ante los jueces y dejar en claro la naturaleza de su reclamo, por el que pide una indemnización de $301 millones, según el cálculo de las pérdidas que dice ha tenido por la paralización de sus inversiones en El Salvador.
Otra opción del arreglo que propone el Gobierno salvadoreño es que le facilite los permisos para extraer los metales preciosos encontrados.
Pacific Rim, otrora empresa canadiense, se fue a quiebra a finales de 2013 y tanto la marca como sus activos fueron comprados por la transnacional Oceana Gold, de Australia, que ahora es quien dirige los reclamos contra el país ante el CIADI y la que trabaja en El Salvador para conseguir adeptos a la minería. Mientras tanto, activistas y detractores promueven acciones en contra de esa actividad, tal como se vio ayer en Washington. (Ver notas aparte).
Los abogados del bufete Crowell & Morring han instado a los tres jueces, dos de ellos, elegidos por cada una de las partes, y el tercero seleccionado por el organismo multilateral, para que haga una interpretación del Capítulo 15 de Ley de Inversiones de El Salvador, sobre la que sustentan la demanda.
Timothy McCrum, George Ruttinger, Ian Laird, Kassi Tallent y Ashley Riveira adujeron ante los árbitros que hubo razones políticas, desde el gobierno de Antonio Saca, para evitarle consumar sus inversiones en el país y que habiendo agotado los mecanismos locales para obtener la concesión y no tener respuesta de las instancias respectivas del Gobierno, acudió al tribunal CIADI en 2009 para que dirimiera el conflicto.
El caso fue registrado en el tribunal por el indicativo “Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador, ICSID Case No. ARB/09/12”, que tras un letargo, debido a la debacle de la empresa canadiense, se robusteció en el último año, previo al juicio final cuando retoma el caso la dueña actual, la Oceana Gold.
Defensa contraataca
La defensa de El Salvador, a cargo del bufete Foley Hoag, abrió su exposición luego del receso de almuerzo en el CIADI en la sede principal del Banco Mundial, en el centro de Washington, y ha hecho hincapié en que la empresa minera no tenía derecho a la explotación de la mina, por no reunir los requisitos que manda la legislatura salvadoreña.
Antes de entrar a la audiencia, el abogado Luis Parada, quien coordina el equipo defensor de El Salvador, reconoció que en el primero de los siete días que durará el juicio, ambas partes harán la presentación del caso y que la defensa ya tenía trazadas sus argumentaciones para contrarrestar la postura de la empresa minera.
Los abogados defensores han sostenido, en la ronda de escritos previos a este juicio oral, que continúa este martes durante todo el día, que el permiso de exploración no es un paso directo y seguro –como quiere hacer ver la empresa demandante- para tener el derecho de explotación de la mina El Dorado, en Cabañas.
Lo anterior es, en parte, porque según ellos, la empresa no logró demostrar ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que la actividad minera no produciría daño al medio ambiente, tampoco cumplía los requisitos mínimos que manda la Ley de Minería y de Hidrocarburos de El Salvador.
Esa legislación, que data de 1996 y que algunos artículos fueron modificados en 2001, para agilizar los procesos de concesión de permisos de extracción e oro y plata, contiene un punto medular que la empresa minera no ha cumplido.
Parada dice que la legislación manda que para que una empresa minera tenga derecho a una concesión debe demostrar que es propietaria de la superficie del terreno sobre el que yace la mina, pero que Pacific Rim nunca ha tenido derecho sobre las 14 mil 400 hectáreas de las que argumenta tener derecho.
Sin ese requisito, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Economía se veía imposibilitada para darle el visto bueno a la empresa minera para empezar a operar en la extracción del oro y la plata descubierta en el país.
La boca de la mina está asentada en el municipio de San Isidro, en Cabañas, pero en su interior se expande hacia otras jurisdicciones del departamento, donde correría la vena de los metales preciosos.
Parada ha explicado a El Diario de Hoy que en la zona existe más de un millar de pequeños y medianos propietarios que por su propia cuenta han decidido no vender sus terrenos a la empresa, con lo que el terreno del que Pacific Rim muestra derechos de propiedad, es una pequeña fracción de tierra cercana a la boca de El Dorado.
Muchos de los propietarios de la zona han decido no vender sus tierras, alertados por los efectos contaminantes que se generarían, en especial, a los mantos acuíferos con el procesamiento del oro y plata extraída en los yacimientos de naturaleza caliente e hidrotermal, que dice Pacific Rim que tiene ubicada desde el año 2008 en seis depósitos.
Hoy, los nuevos dueños de Pacific Rim presentarán ante el tribunal los testigos a su favor, para convencer a los jueces, que ha cumplido con los requerimientos para tender derecho a extraer el preciado botín de El Dorado. Pero la defensa pretende contrarrestar esos argumentos con la lista de testigos que citará al tribunal este miércoles.
Pacific Rim descubrió que, además, de los metales preciosos de alta calidad, la mina también contiene unas 550 mil onzas de oro de bajo quilate y unas 1.2 millones de onzas de plata de segunda calidad, por la que amerita la batalla ante el centro internacional.
La otrora empresa canadiense tardó varios años en llegar al monto definitivo de los reclamos ante el CIADI, por los daños que asegura haber recibido al no permitírsele explotar la mina, más las proyecciones de expansión que tenía previstas en otros puntos del país para futuras inversiones.
Los jueces podrían dar un veredicto final sobre el caso a principios del próximo año. En 2012, el tribunal desestimó que la querella se ventilara bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, CAFTA, al demostrar la defensa que la compañía minera había trasladado –después de iniciada la disputa en el país- una oficina a EE. UU. para ampararse a un beneficio del acuerdo comercial.