La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrió un juicio sobre el impuesto a las operaciones bancarias y el pago a cuenta sobre el impuesto de renta, incluidos dentro del “paquetazo” fiscal que aprobaron los partidos FMLN y GANA, durante el madrugón legislativo del 31 de julio pasado.
Lo anterior significa que el Tribunal Constitucional determinará si, en realidad, el proceso de aprobación de ambos tributos violó la Constitución, como denunciaron los promotores de las demandas.
Uno de ellos, Henry Salvador Orellana Sánchez, expuso que hubo una infracción durante el proceso de aprobación en la Asamblea, al haberse, presuntamente, omitido la lectura y discusión de una nueva versión del proyecto de Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras”.
Específicamente, el demandante denuncia que en la sesión plenaria del 30 de julio pasado, la diputada del FMLN, Lorena Peña, pidió al pleno que se modificara la agenda, ya que pretendía incorporar un nuevo proyecto de la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras, puesto que el original, presentado por el Ministerio de Hacienda, había sido objetado en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.
Como no tuvo los votos necesarios para modificar la agenda legislativa, 13 minutos después (9:25 de la noche del 30 de julio pasado) se reconsideró la solicitud de la diputada Peña y se aprobó la modificación de la agenda con los votos de los partidos FMLN y GANA.
Orellana reseña que a las 12:48 de la medianoche del 31 de julio, la diputada Peña solicitó la lectura y la dispensa de trámites para la aprobación del nuevo proyecto de la referida Ley. La dispensa de trámite se aprobó a la 1:09 de la madrugada del 31 de julio y la referida y cuestionada ley fue aprobada 26 minutos después, es decir, a la 1:35 de la madrugada del mismo día.
En ese sentido, Orellana Sánchez destaca que el paquetazo de impuestos “fue aprobado 26 minutos después, sin que conste que se dio su lectura y discusión, tal como lo exige el artículo 135, inciso primero, de la Constitución”.
En este caso, el demandante pidió que la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras sea declarada inconstitucional, por considerar que existieron vicios en la formación de la referida ley.
Orellana Sánchez sostiene que los diputados de los partidos FMLN y GANA, quienes aprobaron el referido paquetazo, violentaron el artículo 135 de la Constitución, porque no respetaron el proceso constitucional de formación de ley al omitir su lectura y la discusión de la referida ley de impuestos.
Los magistrados constitucionalistas explicaron que decidieron admitir la demanda porque cumple con los requisitos, pero no accedieron a suspender el cobro de los impuestos mientras se tramita el proceso, como se les había solicitado.
El Tribunal Constitucional abrió, además, un proceso sobre disposiciones del Código Tributario que se refieren al anticipo de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta (ISR).
La referida Sala argumenta que los demandantes advierten que se estaría vulnerando el mecanismo de anticipo del pago a cuenta del ISR con relación al principio de capacidad económica y equidad tributaria del artículo 131 de la Constitución.
Los demandantes advierten en su demanda que “el pago a cuenta, como mecanismo de pago anticipado del ISR, grava el capital de trabajo del empresario y no las utilidades operativas que perciba”.
Además, señalan que se paga un excedente con relación a lo que correspondería como impuesto final.