ORIENTE. Los empresarios de la zona oriental del país, además de pagar extorsión, seguridad privada y ser víctimas de asaltos, ahora deben pagar a las pandillas para que les permitan el ingreso de sus camiones repartidores de producto a barrios y colonias de los municipios de la región.
Es una especie de “peaje” para que los camiones que surten tiendas o establecimientos comerciales de oriente tengan derecho a entrar y vender en las colonias.
Howard Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comercio filial San Miguel, explicó que “tenemos zonas rojas porque ingresar no es fácil y debemos pagar para distribuir nuestra mercadería”.
Ese pago, según el empresario, es necesario para evitar que los vendedores se expongan a ser asaltados o incluso asesinados dentro de las colonias, a pesar que muchos de los camiones andan con vigilancia privada.
En San Miguel, por ejemplo, algunas de estas colonias donde cobran a los empresarios para que sus camiones entren a vender son la San Carlos, Satélite, La Presita, Milagro de la Paz, Carrillo, según las autoridades de seguridad y los mismos empresarios.
Lo más irónico, dijeron, es que la Policía conoce lo que está pasando, y aun así la situación no cambia.
Los afectados sostienen que mensualmente se siguen cerrando negocios, porque no pueden seguir pagando los chantajes de los pandilleros.
“La Policía trabaja, pero la situación no mejora, seguimos siendo presa fácil de los delincuentes, no sabemos por qué no los arrestan; sí saben dónde es que molestan”, dijo Gutiérrez.
Agregó que los empresarios cada día tienen menos confianza en las autoridades por los casos de corrupción en los que se han visto involucrados los encargados de velar por la seguridad.
Es más, el propietario se atrevió a decir que el 80 por ciento de los casos de extorsión no es denunciado por las compañías, ante la poca eficiencia en el combate al delito de parte de la Policía.
“Los presos siguen llamando y extorsionando desde los centros penales porque no les quitan la energía eléctrica, por ejemplo, para que dejen de cargar esos celulares y de molestar a los que trabajan”, apuntó.
José Herrera, otro propietario de la zona, indicó que “a los empresarios que no quieren pagar para entrar a vender a las colonias les asesinan a sus trabajadores o a ellos”.
Sostuvo que ante esta situación de inseguridad sólo tienen dos salidas: pagar y quedarse callados, o cerrar operaciones para evitar arriesgar sus vidas.
“Sabemos que la Policía conoce cómo operan estos grupos, que ya saben quiénes son; pero los días pasan y la situación para nosotros es la misma y esto se está volviendo incontrolable porque muchos ya no pueden pagar”, dijo Herrera.
Explicó que las cantidades económicas que les piden para poder entrar a vender a las colonias varían porque los delincuentes conocen al mediano, pequeño y gran empresario y, dependiendo de ello, así les exigen que paguen.
Las autoridades, por su parte, explican que tienen reportados varios casos por el pago de peaje que hacen los empresarios para vender en las colonias.
Aseguraron que están elaborando una investigación atacando no sólo ese problema, sino el robo, la extorsión y el homicidio, ya que, según los análisis que desarrollan, los pandilleros que delinquen en las colonias lo hacen de diferente manera.
“El que se dedica a extorsionar es el mismo que roba, el mismo que mata, es decir que si un delincuente no cae por un delito cae por otro, pero los estamos persiguiendo de diferente manera”, sostuvo el jefe de investigaciones de la Policía de San Miguel, quien no quiso revelar su identidad.
Santiago Meléndez, presidente del grupo empresarial afiliado a la Cámara de Comercio en Usulután, explicó que “ellos andan armados y salen a los ruteros a pedirles dinero, eso nos está afectando desde hace unos seis meses y es a nivel nacional, mucho de ellos dejan de ir a esas colonias a vender para evitar que les hagan algo”.
En la cabecera de Usulután la zona más afectada con esta nueva modalidad de extorsión es la norte.
Otros municipios afectados son Santa María, San Dionisio, Jiquilisco, Puerto El Triunfo, en donde muchos dueños de negocios dejaron de ingresar por el temor ante el control de las pandillas.
“Las autoridades tienen que ponerse las pilas y aplicar las leyes, porque como empresarios no podemos hacer nada, estamos atados de pies y manos ante este fenómeno que tanto mal nos hace”, señaló Meléndez.
Los empresarios coinciden en que todas estas estrategias siguen saliendo de los centros penales a nivel nacional y que si el Gobierno combate y controla los recintos carcelarios, la situación de seguridad podría mejorar.
“En los centros penales es donde están los mejores clientes de las compañías telefónicas, si controlan que no hayan antenas de telefonía cerca de los penales, si por fin bloquean la señal y sancionan a quien venda saldo en las cárceles, así podría comenzar a bajar la delincuencia en este país”, sostuvo el propietario usuluteco.
La misma situación viven los empresarios de La Unión en donde, además de las extorsiones, afectan los asaltos de parte de pandilleros. Morazán no escapa a esa realidad.