El 4 de junio pasado, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, reveló que en un plazo corto anunciarían medidas para el combate de los homicidios y las extorsiones.
En esa oportunidad, Ortiz aseguró que los esfuerzos de recursos e iniciativas encaminadas a desmontar a los grupos de las pandillas que se dedican a las extorsiones y bajar “las cadenas de homicidios” y que esto sería ejecutado en los primeros 100 días de gestión de este Gobierno.
Sin embargo, 1,146 personas han sido asesinadas entre el 1 de junio y el 8 de septiembre de este año. La violencia criminal ha terminado con las vidas de 2,622 personas, es decir que este año han muerto 1,006 víctimas más que en el mismo período del año pasado.
A eso se le suman las constantes quejas de los pequeños y microempresarios por las extorsiones de las que son víctimas por parte de las pandillas. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) reveló en su informe del primer semestre de este año que el 79 por ciento del pequeño y microempresario es víctima de las extorsiones.
Recién se conoció que los comerciantes y empresarios de la zona Oriental se quejaron de que las pandillas les exigen 10 dólares adicionales para poder ingresar a las zonas a distribuir sus productos a cambio de que no atenten contra sus empleados ni quemen los vehículos.
Las cifras de la Fiscalía reflejan un promedio de nueve denuncias de extorsión por día entre enero y el 1 de septiembre de este año. Sin embargo, fuentes de la Policía aseguran que existe un buen porcentaje de víctimas que no denuncia.