Miembros de la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes) exigieron ayer a las autoridades de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) que desistan de continuar la construcción de El Chaparral, ya que conllevaría problemas medioambientales en las comunidades y generaría un costo millonario al Estado por las fallas en el diseño y problemas geológicos en el margen derecho de la montaña donde se asentaría el dique de la presa.
Además, le exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe sobre el resultado de las investigaciones realizadas tanto en el lugar como del acuerdo directo con la constructora italiana Astaldi, a la cual se le pagó $108.5 millones donde se incluyó un sobreprecio de $32.5 millones.
El presidente de la Unes, Mauricio Sermeño, consideró que el caso de la central hidroeléctrica no solo afectará la biodiversidad del río Torola, sino que también dejará sin terrenos con vocación agrícola a los campesinos de los municipios de San Luis la Reina y Carolina, ambos en la zona norte del departamento de San Miguel.
“El proyecto es inviable y además CEL está realizando desalojos forzosos que dejan a más de 1,000 familias sin sus medios de subsistencia. La Fiscalía debe de investigar y se le debe de poner un alto a la construcción”, puntualizó Sermeño.
Para la Unes, si se termina de construir la presa en el actual sitio se generará un desastre en la zona y se limitará la movilidad de los lugareños.
Por último hay que señalar que para los ambientalistas de la Unes la autónoma debe de priorizar la generación de energía por medios geotérmicos y recordaron que en la zona de El Chaparral hay potencial de generación a través de ausoles en un sitio conocido como Agua Caliente, donde hay una generación de hasta 120 MW, casi el doble que la central.