El Fiscal General, Luis Martínez, afirmó ayer que no existe ninguna lista en la que se mencionen los supuestos clientes vinculados a la red de prostitución de menores que fue desarticulada recientemente. Reiteró que el caso tiene reserva por la Ley Lepina y otras normativas, y calificó de “irresponsables” a los funcionarios que han hecho difamaciones y señalamientos contra varias personas y podrían ser sancionados.
Se ha publicado una lista en la que aparecen nombres de personas vinculándolas a la red de trata de menores. ¿Son reales o son falsos?
Claro que son falsos. El listado no existe. ¿Dónde está? ¿Quién les ha dicho? Lo que han hecho es poner nombres de personas en dizque folios de juzgados. Y lo peor es que vienen algunos funcionarios de una forma arbitraria y alocada, protagonistas de desastres, a generar una serie de especulaciones.
¿Qué ha hecho la FGR ante esas especulaciones y declaraciones de funcionarios?
Hemos pedido a la jueza que libre un oficio a todos los funcionarios irresponsables que han estado queriendo llevar un estado perverso y sucio. Es un caso tan delicado que goza de plena reserva. Debemos dejar claro que tiene reserva por ley. Es lamentable y sorprende mucho cómo funcionarios que se dedican a destruir y calumniar y generar un espectáculo más allá de la realidad y más cuando en una forma maliciosa se quiere torcer un caso.
¿En qué afecta?
Los funcionarios no saben el daño que causan y perjudican las investigaciones. No se han puesto a pensar y en el riesgo que ponen a las víctimas valientes que vienen a pedir auxilio de la justicia. Esas mujeres que han sido dañadas en su dignidad; que las han golpeado y quitado sus esperanzas. Sorprende cuando funcionarios pusilánimes empiezan a emitir opiniones sin conocer realmente el caso ni las consecuencias de las cosas que dicen.
¿No existen esas personas a quienes se les ha dañado su reputación en las investigaciones?
Acá han dañado imágenes de muchas personas que no existen en ninguna lista de clientes. Es más: ni las personas imputadas han expresado eso. Y acá ellos (los funcionarios) han publicado en diferente medios y redes sociales. Se han mencionado nombres de muchas personas. Yo esperaría que esas personas tomen acciones legales en contra de los funcionarios y quienes las han señalado. Las personas que se sientan dañadas de su honor que acudan a los tribunales.
¿Qué se debe hacer?
Tienen que ponerle un alto a la calumnia y la difamación y a destruir imágenes de personas y familiares. Acá no estoy protegiendo a nadie pero esa es la realidad. Hemos desarrollado una investigación fuerte. Lleva dos etapas y falta una tercera. Resulta contradictorio que funcionarios que están vinculados a este tema anden hablando cosas fuera de orden y haciendo una campaña de rumorología, es contradictorio cuando El Salvador es de los países que ha tenido reconocimientos internacional en este tipo de casos y en el combate a las estructuras de trata de personas.