En lo que va del año, 51 personas han sido asesinadas dentro de las unidades del transporte colectivo, entre motoristas, cobradores y pasajeros.
Además han ocurrido 65 ataques violentos en autobuses o microbuses, 63 personas han salido lesionadas por disturbios dentro de las unidades- asaltos y robos- y siete unidades del transporte han sido quemadas, presuntamente por pandilleros, detalla la Federación de Cooperativas de Transporte (Fecoatrans).
El hecho de violencia más reciente ocurrió el jueves por la noche, cuando el conductor de un autobús de la Ruta 29A -que circula desde la colonia Santa Lucía, en Ilopango, al centro de San Salvador- fue atacado a tiros por presuntos pandilleros.
La víctima fue baleada en una de sus piernas y fue trasladada a un centro hospitalario.
Debido al hecho, los empresarios de la ruta paralizaron sus labores ayer, para exigir mayor seguridad en la zona y en las unidades.
El paro- según dijeron los transportistas- también busca exigir a las autoridades que investiguen el caso y se busque a los responsables del ataque.
La Policía no supo determinar si el ataque al motorista fue por que este se negó a pagar la extorsión o si tendría otros motivos. Algunos compañeros de la víctima rumoraron que podría tratarse de rencillas personales, sin embargo, reconocieron la inseguridad que rodea al rubro de transporte.
Abandono de la actividad
El acoso de las pandillas tiene tan abatidos a los empresarios del transporte colectivo, que algunos incluso están optando por cambiar de actividad comercial para sobrevivir.
Uno de estos casos es el de Emilio (nombre ficticio), un hombre con más de 20 años de trabajo en esta área, quien ha decidido retirarse del negocio, no por falta de rentabilidad sino por el perenne hostigamiento de las maras.
El empresario relata que el sector, y particularmente él, siempre ha sido víctima de la delincuencia, pero en los últimos cinco años, las pandillas han incrementado sus ataques.
Según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), el 79 % de las pequeñas empresas en el país son extorsionadas y solo el 16 % denuncia.
Las exigencias de dinero, en su caso, asegura que comenzaron con 20 dólares por unidad, semanalmente, dinero que se entregaba por cada grupo de pandillas que se encontraba en el camino.
De acuerdo con el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), anualmente los empresarios pagan 200 millones de dólares en extorsiones.
Emilio no tenía más opción que autorizar a sus empleados que entregaran la suma de dinero exigida por los pandilleros en los plazos establecidos, “para no tener problemas peores”.
Para las entregas de la extorsión, los pandilleros establecían el lugar, día y hora donde se realizarían los pagos.
Como parte del control, según este empresario, tienen un cuaderno donde anotan el monto entregado, el nombre del empleado, el dinero y la placa de la unidad que pagaba, para evitar alguna confusión o retrasos en los pagos. “Ellos (mareros) tienen controlado, por placas y equipo, la entrega del dinero”, subrayó.
Mareros usan unidades de transporte como taxis
Sumado a las constantes amenazas por el pago de las extorsiones, los empresarios de buses deben enfrentar otro problema.
Según Emilio, ahora los pandilleros se están tomando los buses como transporte particular, que pueden abordar gratis y a la hora que les plazca.
“Los grupos de sujetos llegan y le dicen al motorista o cobrador de la unidad, llévame a tal parte. Negarse a esa petición es casi firmar su sentencia de muerte”, aseguró Emilio.
El transportista relató que hace dos meses mataron a un motorista de un bus, solo porque se negó a llevar a los mareros al lugar que le decían.
El problema se ha agravado, porque la Policía ha dicho que todo autobús o microbús que vean sin pasajeros, le van hacer señal de alto para verificar que no transporta mareros, “pero no cumplen con el plan de transporte seguro”, se quejó el transportista.
Además, la Policía les ha expresado que si trasladan a pandilleros, van a detener a los sujetos, al motorista y al cobrador, y van a decomisar el autobús.
“Eso es injusto, porque los empleados no trasladan a pandilleros por su voluntad, sino bajo amenazas”, dijo el busero.
Con esa actitud, la Policía, dice el empresario, está condenando a los empleados del transporte a “una muerte segura”. “Estos pobres muchachos (motoristas y cobradores) están entre la espada y la pared”, mencionó Emilio, preocupado.
Los sujetos piden que los transporten a las colonias o comunidades donde residen o donde a los mareros se les antoja. “A veces ya están por salir con pasajeros, cuando llegan los sujetos y dicen: “Mirá haceme un paro, andá déjame a cierto lugar…”, y en estos casos, negarse es la muerte”, reiteró.
Se trata de grupos de tres, cuatro, cinco y hasta 10 sujetos, algunos tatuados, sin camisa y con las pistolas a la vista, que van a pedirle el viaje, explicó el transportista.
Esos sujetos infunden temor a cualquier persona y no queda más que hacer lo que ellos piden, dice el busero.
Además en el trayecto pasan por sectores de otras pandillas que eventualmente pueden detectarlos y atacar el autobús, donde no solo saldrían perjudicados los mareros sino también los empleados.
Al menos en Cojutepeque, Cuscatlán, hay dos terminales de microbuses y buses; están casi a una cuadra de distancia la una de la otra, en cada una hay un grupo de pandilla diferente, lo que ocasiona frecuentes enfrentamientos.
Lo mismo sucede en Quezaltepeque, que una calle divide a las grandes pandillas, lo que constantemente genera tensión en la población por las balaceras y homicidios.
El empresario sostiene que si la autoridad quisiera poner orden en esos lugares, deberían destacar a policías y soldados en esos puntos, no solo para evitar los homicidios, sino las extorsiones y las amenazas.
Catalino Miranda, empresario de microbuses y representante de Fecoatrans, afirmó que este fenómeno ha ocurrido desde hace varios años.
Agregó que por lo general estos sujetos piden a los microbuseros o buseros que trasladen a sus grupos familiares o compinches a penales, velorios, playas, entierros de sus miembros, fiestas u otros eventos organizados por ellos.
“Una práctica que comenzó en zonas populosas como Soyapango, Apopa y San Martín”, aseguró.
El empresario afirmó que este fue un modo de presión que ejercieron algunas bandas de delincuentes, pero en la zona de Cojutepeque, la modalidad se ha quedado permanente.
“Sobre todo en sitios como El Hoyo, que amenazan si no les prestan las unidades. Creo que esto es el colmo de una realidad que se ha venido viviendo en el transporte colectivo”, expresó Emilio.
“Lo que deberían hacer estos señores de la Policía, si realmente quieren hacer algo, es montar la presencia permanente de algunos policías y soldados en los estacionamiento o en las terminales para evitar este tipo de chantajes”, añadió.
Solo en Cojutepeque, los empresarios del transporte colectivo son extorsionados con entre 300 y 500 dólares que deben pagar cada semana a las pandillas.
Alrededor de 30 a 35 microbuses y 110 buses brindan el servicio en ese municipio. A estos últimos les exigen entre ocho y 10 mil dólares por semana.