Los abogados defensores del exministro de Salud Pública, Guillermo Maza Brizuela, sostienen que el principal error del exfuncionario para que haya sido procesado por supuestos actos de corrupción durante su administración (2004-2009) fue haber confiado en las opiniones que le hicieron el equipo de técnicos que fueron contratados para supervisar el proyecto de reconstrucción del hospital Santa Teresa de Zacatecoluca, en La Paz.
Esta obra formaba parte del proyecto Reconstrucción de Hospitales por Emergencias de los Terremotos y Extensión de Servicios de Salud (Rhessa) con una inversión de 100 millones de dólares provenientes de un préstamo internacional.
La defensa del exministro Maza Brizuela sostiene que el exfuncionario actuó con base en las opiniones técnicas que le proporcionaba el equipo de profesionales de Rhessa, lo que no le permitía favorecer a la empresa contratista CPK como lo quiere hacer ver la Fiscalía General en el proceso judicial.
Aseguran que existe documentación que respalda las decisiones que tomó el exfuncionario, como por ejemplo la autorización de las bodegas de la empresa CPK para almacenar materiales y equipos; así como el aval para la erogación de 1.7 millones de dólares que le hicieron a la referida empresa por sobrecostos de los materiales y otros gastos imprevistos.
Mario Machado, uno de los defensores del exministro de Salud, sostiene que “la actuación de Guillermo Maza Brizuela fue una actuación basada en lo que los técnicos conocedores de la materia le dieron, o sea, no fue una acción dolosa o criminal”.
Agrega Machado que “el doctor Maza al final confió en el equipo que contrató bajo supervisión del Banco Mundial”.
Este equipo de técnicos de Rhessa fueron seleccionados a través de concurso público y sus contrataciones tuvieron el aval del Banco Mundial, señala Machado para desvirtuar la tesis de que el exministro los había contratado a su gusto.
Aunque una Cámara de lo Penal ordenó que Maza Brizuela fuera juzgado por peculado por culpa, o sea permitir por aparente negligencia que terceros se beneficien de fondos públicos, la Fiscalía insistió durante el juicio que el exministro cometió actos arbitrarios y negociaciones ilícitas.
El fiscal del caso, Pablo Velasco, señaló que Maza habría cometido actos arbitrarios por haber autorizado sin estar facultado para ello, según nota del 21 de febrero 2008, que CPK ocupara sus bodegas para almacenar materiales y equipos que servirían para la reconstrucción del hospital.
Además le imputa negociaciones ilícitas porque, según el fiscal Velasco, el exministro firmó un acuerdo de conciliación con la empresa CPK, el 16 de febrero de 2009, con el que autorizaba el pago de 1.7 millones de dólares por sobrecostos de materiales y equipos.
Agregó el fiscal que la empresa justificó ese incremento de precios a la “crisis mundial” y eso no era una causa de fuerza mayor tal como lo señalaba el contrato.
“Se pagaron los montos de los precios de esos equipos sin haber ingresado al sitio de la obra, hospital de Zacatecoluca, y nunca se entregaron”, dijo Velasco. Agregó que para justificar esos pagos ” incorporaron facturas falsas de crédito fiscal de varios de los subcontratistas”.
Pero Machado señala que “probablemente fuese otra circunstancia, si hubiese existido una opinión técnica del abogado o del gerente de la obra que le dijera al doctor (Maza), los pagos tales no proceden por esta y esta razón, y a pesar de eso él hubiese dicho no me importa y pagó, pero no es el caso, al contrario tenemos una opinión de la gerente de Obra que concluye que se tenía que pagar los 1,7 millones de dólares al contratista”.
Sin embargo, el fiscal Velasco asegura que “el exministro firmó el acuerdo conciliatorio, antes de obtener la opinión técnica. La gerente de la Obra era obligada, ya había dado él la firma, 10 días antes”.
Otro de los argumentos de la defensa con los que pretenden desligar a Maza Brizuela del supuesto beneficio de fondos públicos a la empresa constructora es que si “(Gerardo) Osegueda Giné, representante de CKP, estafó al Estado, que no lo sé porque no está juzgado y está rebelde, pero alguien de adentro le tuvo que haber ayudado, alguien de la supervisión interna y externa, no lo sé”.
Destacó que cuando llegó Maza al Ministerio, la referida empresa ya había ganado la licitación, con lo que se desvirtúa un posible vínculo con la misma.
Señaló que las verdaderas intenciones de las anteriores autoridades de Salud Pública era enjuiciar y llevar a la cárcel a un exfuncionario de alto nivel y eso hasta fue advertido por la Cámara de lo Penal cuando emitió el fallo de que tenía que ser juzgado por peculado por culpa, según Machado.
Aseguró que la referida Cámara advirtió que buscan enjuiciar a Maza Brizuela solo por haber desempeñado el cargo de Ministro porque según el fiscal Velasco “él sabía muy bien porque iba al sitio de la obra, él era informado por el supervisor y Rhessa de todo el atraso que llevaba la obra”.
Pero el defensor señala que “ahí es donde viene el hecho de hacerle una imputación al ministro por ser el ministro, el derecho penal castiga a quien actúa o a quien omite, y el doctor Maza no ha tenido ninguna actuación delictiva ni ha omitido para delinquir”.
Machado señala que “si hubo un pago mal hecho, el error está en la documentación de respaldo que le llevaban al ministro, y quien hacía esa documentación de respaldo, era toda la gente que estaba en el procedimiento y la mayor parte de esta gente, la Fiscalía las tiene como testigos”.