Procesan exseleccionados por amaños

Instalan audiencia inicial en contra de 11 jugadores acusados de arreglar partidos de la Selección Diligencia sigue hoy y se conocerá si quedan detenidos o en libertad Defensa pide nulidad del caso por considerar que no existe delito

descripción de la imagen
Cinco de los once exseleccionados acusados de amañar partidos dijeron que son inocentes. Foto EDH / Mauricio Cáceres.Fiscales aseguraron que cuentan con suficientes evidencias. Foto EDH / MAURICIO C??CERES

Por David Marroquín sucesos@eldiariodehoy.com

2014-09-04 12:00:00

Los defensores de los 11 exseleccionados de fútbol, quienes son señalados de arreglar partidos de la Selección Nacional para favorecer a los apostadores, trataron de desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía General durante la audiencia inicial instalada ayer por el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.

De los 11 jugadores acusados, solo se presentaron Dennis Alas, Dagoberto Portillo, Ramón Sánchez, Miguel Granadino y Romeo Monteagudo. El resto de exseleccionados se encuentran fuera del país, según dijeron sus defensores para justificar su ausencia.

Tampoco se presentaron los extranjeros Gaye Alassane, Yaser Alejandro Arauz Rojas y Armando José Collado Lanuza; quienes supuestamente eran los encargados de arreglar los partidos con los exseleccionados, a quienes se les imputa el delito de lavado de dinero.

Los fiscales argumentaron en la audiencia que la acusación de encubrimiento de lavado de dinero en contra de los 11 jugadores está sustentada en que los acusados recibieron ocho mil dólares cada uno por haber perdido el partido contra Paraguay con el marcador de 3-0, justo el marcador que habían convenido con los apostadores.

También basan esa acusación en 2,000 dólares que recibieron cada uno de seis jugadores, el 4 de enero de 2011, vía transferencia internacional, de parte de Gaye Alassane desde Singapur.

Los fiscales alegaron que ese dinero no correspondía al pago por el resultado de algún partido en particular, sino como un “regalo” para poder facilitar los arreglos de los juegos de la Copa de Oro a celebrada en junio 2011 en EE. UU.

En ese sentido, las investigaciones apuntan a que el partido jugado por la Selección contra su similar de México, el 5 de junio de 2011, fue arreglado para que ganaran los mexicanos, tal como se desprende de las declaraciones de algunos jugadores y de la conversación entre Dagoberto Portillo y Dennis Alas a través del chat.

Los fiscales alegaron que los jugadores en ningún momento declararon ese dinero a las autoridades de Hacienda por lo que se puede considerar que es parte de lavado de dinero. Sin embargo, los defensores argumentaron que al menos dos exdirigentes de la Federación de Fútbol también deberían de ser acusados del mismo delito porque recibieron 30,000 dólares de Alassane como pago para la realización de un juego entre El Salvador y Costa Rica, el 12 de octubre de 2010. Además les entregó 10,000 dólares para los pasajes de los jugadores.

La defensa de los exseleccionados aseguró que Alassane tampoco declaró ese dinero al fisco para poder ingresar al país.

Además, coincidieron en que en ningún momento se puede acusar a los exseleccionados de encubrimiento de lavado de dinero porque los fiscales no han podido probar de que el dinero que supuestamente recibieron los jugadores proceda de alguna actividad delictiva.

También alegaron que la legislación penal no contempla la conducta delictiva de amaños de partidos, sino que solo trasciende al ámbito administrativo y moral.

En ese sentido, los defensores consideraron que existe una doble persecución en contra de los 11 jugadores porque ya recibieron una sanción administrativa, al ser suspendidos de por vida para jugar al fútbol profesional.

Fiscales ratificaron su petición de ordenar la detención de los 11 jugadores, mientras continúa el proceso en los próximos seis meses.

Sin embargo, los abogados de los exseleccionados coincidieron en pedir que los jugadores sean procesados en libertad condicional, ya que han demostrado que no tienen interés para poder escapar. Para ello, los abogados presentaron la documentación que comprueba que los acusados tienen arraigo familiar, laboral y domiciliar.