Cualquier intento por limitar el alcance del control de constitucionalidad por la vía legislativa debe ser rechazado en el anteproyecto de Ley de Procedimientos Constitucionales, de acuerdo con la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Según el tanque de pensamiento, dicha legislación en estudio de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea contiene aspectos que buscan neutralizar de alguna manera a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“De forma específica, en el texto del proyecto se detectan nuevamente intentos por limitar el alcance de control de constitucionalidad que ejerce la Sala de lo Constitucional, que ya fueron señalados y rechazados anteriormente”, detalla Fusades en su más reciente boletín presentado por el Departamento de Estudios Legales.
Según indica, estos controles que buscan ejercerse sobre la Sala de lo Constitucional consisten en restringir el control de constitucionalidad a “disposiciones de carácter general”, es decir, solo al control de leyes, reglamentos, ordenanzas y otras normas jurídicas, advierte la publicación.
Asimismo, asegura “la aprobación de una propuesta de esta naturaleza constituye una negación del carácter supremo de la Constitución, en la medida que promueve actuaciones parlamentarias exentas de control constitucional, como por ejemplo, las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General de la República, del Tribunal Supremo Electoral, y magistrados de la Corte de Cuentas de la República, entre otros”.
Otra de las consideraciones que realiza Fusades es que es “urgente” aprobar una nueva Ley de Procedimientos Constitucionales que incorpore “elementos del derecho procesal constitucional moderno” que puedan aplicarse al ordenamiento jurídica del país, y que sea garantista de la independencia de la Sala de lo Constitucional”.
Además advierte que, tal como está planteado en anteproyecto, el mismo no solo podría ser inconstitucional y antidemocrático, sino también contrario a la tendencia moderna “que promueve la eliminación de las zonas exentas de control de constitucionalidad”.
A juicio de Fusades, el documento, que consta de más de 130 artículos “merece ser sometido a una discusión académica detallada e incluyente de diversos sectores, por la importancia que esta normativa tiene para el país”.