La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Unac) del Ministerio de Hacienda, informó recientemente que el contrato de asesoría financiera para la búsqueda…” del socio estratégico que realizó la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) no está regulado por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Esto es interpretado por abogados defensores en el proceso CEL-Enel, como un golpe a la acusación de la Fiscalía, que, según ellos, ha tomado la supuesta violación a la LACAP como base para acusar a más de una decena de personas por el delito de peculado ante los tribunales de justicia.
“Esta Unidad Normativa con base en sus atribuciones estipuladas en los Arts. 6 y 7 de la LACAP, no tiene atribuciones para emitir una opinión o juicio de valor en los términos solicitados respecto al caso específico planteado, ya que la LACAP regula las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios que las instituciones de la Administración Pública realicen bajo las formas de contratación que dispone la misma en los Arts. 39 y 40, las cuales son Licitación o Concurso Público, Libre Gestión y Contratación Directa y no aquellos otros procedimientos que pueden ser desarrollados bajo esta denominación y que son regulados por otra normativa”, argumenta la Unac en su informe del 22 de julio de 2014 (ver documento).
Esa fue la respuesta que la Unac dio por escrito al Juzgado Séptimo de Instrucción que le solicitó dicho informe, con la finalidad de determinar si en conformidad con la LACAP, que entró en vigencia en 2000, dicho contrato que se realizó por acuerdo de junta directiva de CEL en agosto de 1998, se podía ceder a LaGeo, lo que según la acusación fiscal no podía hacerse.
“…Evitando con ello la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que entró en vigencia en el año dos mil y que por disposición expresa del Art. 2 de la misma ley, era aplicable a ese proceso de búsqueda y selección del socio estratégico, y por tanto, aun cuando se hubiese cedido la administración del contrato de Asesoría Financiera a GESAL, siempre debió dársele cumplimiento a la referida ley…”, se argumenta en la acusación de la Fiscalía presentada ante los tribunales el 11 de noviembre de 2013.
Precisamente en agosto de 1998 la CEL aprobó la contratación de los “Servicios de Asesoría Financiera para la venta de acciones de las sociedades Generadoras Térmicas y para la selección de un Socio Estratégico para la Sociedad de Generación Geotérmica”, como se denominó dicho contrato. Este mismo recayó en el consorcio Ernst & Young LLP/Deutsche Bank Securities, que posteriormente aportaron el servicio de asesoría financiera en el proceso de búsqueda de un socio estratégico que culminó con la incorporación de Enel Green Power como socio de LaGeo.
De acuerdo con Mario Machado, abogado defensor de Vicente Machado, uno de los procesados en el Juzgado Séptimo de Instrucción, la Fiscalía toma como base dicha contratación para sustentar su acusación.
“…El inicio de la conducta criminal según la modalidad imputada –peculado por actos omisivos de garantía– inicia cuando se determina que las “gestiones necesarias para la administración del contrato suscrito entre CEL y Deutsche Bank Securities que eran precisamente seleccionar al socio estratégico que realizará capitalización de acciones, se traslada de éste último a GESAL…”, se argumenta en la acusación fiscal.
Para el abogado defensor la respuesta de la Unac, deja “debilitada” la acusación de la Fiscalía.
“Lo que existe es una acusación, un caso debilitado. Uno de los puntos de la acusación de la Fiscalía se debilita de forma bastante expresa”, manifestó Mario Machado.
Aseguró que la contraparte en el proceso judicial está recurriendo a la contratación de más abogados. “Incluso la INE (de CEL) acaba de contratar abogados querellantes. Sigue gastando el Estado, así como gastó en arbitrajes acaba de contratar abogados. Que habría que ver cual fue el método de contratación y acaba de nombrar querellantes para seguir acusando en el caso”, aseveró el defensor a este periódico.
Por su parte, el abogado de Enel, Francisco Bertrand Galindo, respaldó la postura asumida por la Unac en su informe al Juzgado Séptimo de Instrucción.
“Lo que dice la Unac es que no pueden dar una opinión porque este contrato está fuera de lo regulado por la LACAP. Yo creo que la posición de la Unac es la correcta”, dijo el jurista.
Argumentó que “ese contrato es de consultoría, de asesoría financiera. Ese tipo de contratos cuando se refieren a servicios bancarios no están dentro del marco de la LACAP. Eso se regula por otras disposiciones, depende si son fondeados con organismos internacionales pues se regula por las disposiciones del organismo internacional, y si no, se pueden utilizar las disposiciones de la LACAP, pero se utilizan como referencia, no como marco legal obligatorio”, sostuvo el exministro de Justicia, Francisco Bertrand Galindo. —EDH