El exministro de Economía, Armando Flores, está obligado a pagar la multa de $6,060 que le impuso el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por negar información sobre la empresa Alba Petróleos a un ciudadano y no puede trasladarla al actual ministro ni a los contribuyentes. Así reaccionó ayer Transparencia Internacional El Salvador representada por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde-Alac).
Flores alega que la sanción es a la institución y no a su persona y que el caso ha sido llevado a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac, no piensa lo mismo: “No podemos estar de acuerdo con la postura que ha sostenido el licenciado Flores de que ahora será una sanción que tendrá que pagar el nuevo ministro de Economía. Nada más alejado de la realidad en el sentido de la ley”.
Burgos dijo además que no se puede cargar ese pago a la ciudadanía por omisiones de los funcionarios de gobierno. “Si no cancela de su patrimonio el licenciado Flores, tendremos que ser los contribuyentes lo que tengamos que pagar esa multa”, explicó.
El exministro de Economía y ahora candidato del FMLN a la alcaldía de Santa Tecla no había pagado hasta el viernes la multa.
La Ley de Acceso a la Información Pública establece en el artículo 76 que será falta grave no proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto o aquella que se entregue de manera incompleta o parcial.
Flores negó al ciudadano Guillermo Miranda Cuestas información específica sobre la empresa Alba Petróleos como importación total de combustibles, producción y consumo anual, participación anual en el mercado y las ventas del mercado del producto.
El IAIP resolvió en mayo contra Flores, el pasado 11 de agosto le confirmó la sanción, y le impuso un plazo: pagar la multa a más tardar ocho días hábiles desde esa fecha.
Pero Flores dijo a este medio que el caso ha tomado vía judicial y aduce que “se ha violado el debido proceso” e insistió en que “no es un tema que va con la persona individual”.
Pero la comisionada del IAIP, Herminia Funes, dijo que Flores tiene que pagar la multa y que si no lo hace llevarán el caso a la Fiscalía General al tiempo que el actual ministro Tharsis Salomón tiene la obligación de entregar la información en cuestión.
A juicio de Burgos, la “única responsabilidad que carga el actual ministro es que es él quien tiene en sus manos la información (requerida)”.
Pero para el coordinador de Funde-Alac, lo más lamentable es que “estamos ante una situación en la cual ni se ha brindado la información, ni se quiere pagar la multa y además se le achaca la responsabilidad al nuevo ministro”.
“Me preocupa que se tome posturas contrarias a la leyy a los intereses de la ciudadanía”, señala Burgos, y recuerda otros casos de “resistencia” a cumplir la ley como el caso de los directivos de la Asamblea Legislativa multados por negar información sobre gastos en regalos, fiestas y licores, pero que al fin pagaron excepto el presidente de la institución, Sigfrido Reyes.
Recordó que la misma Sala de lo Constitucional sentó criterio de que cuando los funcionarios afecten derechos de otras personas tendrán que responder o indemnizar con dinero de sus bolsillos.
También recordó que la información es propiedad del ciudadano y que no es un favor ni una gracia brindársela.
Dijo que con esta decisión, el IAIP está mandando un mensaje claro: que los funcionarios que restrinjan ese derecho a los ciudadanos “tienen una consecuencia patrimonial personal”.
Por su parte, el Arzobispo de San Salvador José Luis Escobar, cree que pese a estos casos, se ha avanzado en acceso a la información pública. “Yo auguraría que poco a poco vayamos avanzando y que la información sea una cosa tan pública, tan expedita, que ya nadie tenga dificultad ni en recibirla ni en darla”, afirmó.