La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó, ayer, suspender sin goce de sueldo, durante seis meses, a tres jueces antimafia que son señalados por la Fiscalía de delito de cohecho propio e impropio (Recibir dinero o dádivas).
El miércoles pasado, el fiscal General, Luis Martínez, realizó la petición de antejuicio ante el máximo tribunal de justicia, para los dos jueces propietarios y uno suplente, para que sean procesados en un juzgado común.
En Corte Plena, 12 magistrados acordaron iniciar el proceso de antejuicio contra los jueces Enrique Beltrán, juez Especializado de Sentencia; José Rodolfo Castillo, juez suplente Especializado de Sentencia y Jorge González Guzmán, juez Especializado de Instrucción.
La Corte dio un plazo de tres días a los juzgadores para que ejerzan sus derechos de audiencia y defensa ante la Corte en Pleno y aleguen sus argumentos sobre los hechos que el Ministerio Público les señala, afirmaron fuentes judiciales.
Los magistrados también ordenaron una serie de auditorías en los tribunales Especializados Antimafia de San Miguel y un proceso disciplinario en la sección de Investigación Judicial contra los tres jueces.
Las fuentes judiciales detallaron que la suspensión se realizó conforme al artículo 54-A de la Ley de la Carrera Judicial, la cual establece: “cuando la actuación del funcionario o empleado judicial constituya un peligro o menoscabe la correcta administración de justicia, o haya producido escándalo social por las circunstancias de los hechos, o por la calidad de las personas o cuando la permanencia del empleado o funcionario en su cargo pueda impedir o entorpecer la investigación del asunto, la Corte Suprema podrá acordar la suspensión del empleado funcionario antes de iniciar cualquier procedimiento”.
Los magistrados designaron a jueces propietarios de otros tribunales del país para ocupar los cargos de los suspendidos.
Además, ordenaron al jefe de seguridad de los tribunales de San Miguel que custodie los archivos judiciales, para evitar una supuesta extracción de documentos u otra evidencia.
En la acusación, el Ministerio Público afirmó que ha comprobado que los jueces han tenido incentivos económicos que pueden ascender a cientos de miles de dólares por favores realizados delincuentes.
En la investigación también están cuatro empleados judiciales, dos fiscales, un exfiscal y ocho abogados, por el pago de sobornos para favorecer con la libertad a decenas de imputados que fueron procesados por distintos delitos en esos tribunales.
El fiscal General señaló que se han podido comprobar alrededor de 53 casos del delito de cohecho, en los cuales, los jueces se han beneficiado con dinero.