A una semana de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya fueron interpuestas las primeras demandas pidiendo la inconstitucionalidad de algunos de estos nombramientos.
Ayer, el abogado Héctor Danilo Vega pidió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declare violatoria de la Carta Magna la elección de Johel Humberto Valiente como presidente de la contraloría del Estado, así como la de Raúl Antonio López como primer magistrado.
Vega señaló en su escrito que la Asamblea Legislativa eligió a Valiente a sabiendas de que él había sido fundador del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), y a López a pesar de que estaba afiliado al entonces denominado Partido de la Esperanza (PES), ahora Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Agregó que estas vinculaciones se constataron en el Órgano Legislativo por medio de los informes rendidos por el TSE.
El abogado recalca que aún conociendo esta información, ambos funcionarios fueron nombrados y juramentados en los cargos antes referidos, violando los principios de legalidad de los funcionarios públicos y de independencia jurisdiccional, así como el requisito de honradez notoria.
“Lo anterior implica que la elección de funcionarios de la Corte de Cuentas de la República que ha hecho la Asamblea Legislativa obedece a criterios de conveniencia política, o a un simple reparto de cuotas partidistas, produciendo un desmedro a la independencia jurisdiccional específicamente en la función de control fiscal por parte de los Magistrados de la Corte de Cuentas de la República”, expresó en el escrito.
Vega asevera que el reparto de “cuotas partidarias” no puede desvincularse del concepto de militancia partidaria pues la elección de funcionarios por parte de la Asamblea Legislativa ha implicado que militantes, simpatizantes y personas afines ideológica y políticamente a partidos políticos o a miembros de las cúpulas de los mismos sean colocados en cargos públicos para “proteger los intereses del partido”.
En una segunda demanda, el abogado expone ante la Sala de lo Constitucional que la elección del presidente del TSE, Julio Olivo Granadino, así como los de los magistrados, Fernando Argüello y Ana Guadalupe Medina es inconstitucional pues la Asamblea no realizó la evaluación pertinente de los ternas presentadas por los partidos políticos.
El FMLN, ARENA y la coalición PCN/PDC propusieron respectivamente a los magistrados antes mencionados.
El demandante señala que si bien la Carta Magna faculta a los partidos que obtuvieron mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales a presentar sus propuestas para los titulares del TSE, estos deben cumplir con requisitos que ella misma establece.
Asegura que la Asamblea ni hizo la evaluación como tal, empezando por solicitar documentación a la Corte Suprema, Procuraduría de Derechos Humanos, entre otros, además de las exigencias constitucionales de honradez, moralidad y competencia notorias.
Vega apunta que la Asamblea Legislativa, al elegir a los funcionarios de segundo grado, debe de hacerlo con criterios de servicio a los intereses de la generalidad y con objetividad, idoneidad, eficacia.
“El legislativo debe de tener en cuenta que la garantía de una mayor calidad de los servidores públicos prestados a los ciudadanos reside en la independencia, profesionalidad y probidad de los funcionarios que se eligen. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, es necesario que el funcionario elegido posea una cualificación profesional precisa para el desempeño de su cargo”, añadió.