El Juzgado Primero de Paz de San Miguel resolvió anoche, luego de casi ocho horas de audiencia, que los tres jueces antimafia, acusados de supuestos soborno o pedir dádivas, sean procesados pero en libertad.
El juez afirmó que sus colegas solo deben cumplir requisitos como no salir del país, no cambiar de domicilio y presentarse cada 15 días a firmar al Juzgado.
La Fiscalía, a través de su portavoz de prensa, afirmó que apelará a la resolución e interpondrá todos los recursos que la Ley le ofrece para que un tribunal superior cambie esta decisión.
Según la Fiscalía, las investigaciones establecen que los tres jueces antimafia de San Miguel, procesados por soborno, habrían favorecido en sus resoluciones a varios pandilleros en 12 procesos penales en los que se implicaban en delitos de narcotráfico y extorsión.
Un fiscal del caso manifestó que un delincuente al parecer pagó a uno de los jueces imputados 10 mil dólares para dejarlo en libertad.
La suma anterior surgió tras la negociación de una empleada con el juez, ya que el monto fijado para absolver de cargos al delincuente era de 15 mil dólares.
Los jueces, quienes el martes anterior fueron capturados, niegan los cargos y se muestran sorprendidos por las acusaciones que les hacen.
Para el juzgamiento de los jueces, la Corte Suprema de Justicia en pleno tuvo que levantarles la inmunidad que les impedía ser acusados.
Detención por asesinato de magistrado
En otro proceso, el juez antimafia de Instrucción de San Miguel resolvió ayer, en audiencia inicial, enviar a prisión temporal a Alba Rosibel Batres, José Gregorio Sánchez y Carlos Manuel Arévalo, por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la resolución, hay suficientes evidencias que involucran a los tres acusados en el asesinato del magistrado de la Cámara Segundo de lo Penal de Oriente, Tito Nicolás García, y su esposa Teresa Navarrete, el pasado 9 de agosto.
La Fiscalía los acusó de ser los hechores materiales e intelectuales del asesinato del magistrado y su esposa, registrado el pasado 8 de agosto.
Óscar Meléndez, jefe de la unidad de Vida de la oficina Fiscal de San Miguel, explicó que el tribunal halló suficientes evidencias para que los acusados pasen a la siguiente etapa del proceso judicial.
“Tendremos entre dos y tres meses para ahondar o reforzar las pruebas en contra de estos sujetos y demostrar que son los culpables del asesinato del magistrado y su esposa”, explicó el fiscal. Agregó que cuentan con pruebas contundentes como la confesión de Batres, que era la empleada doméstica de las víctimas.
Batres en su confesión relata todo lo que ocurrió previo y posterior al asesinato de las víctimas. Además hay bitácoras de llamadas en las que se confirma la comunicación telefónica que hubo entre los imputados.