Choque cultural, rechazo y dificultades económicas. Eso es lo que según una investigación han enfrentado los 57 mil 278 salvadoreños deportados por Estados Unidos entre 2011 y 2013. Un poco más de mil de esos deportados tenían más de 25 años viviendo en ese país.
Esas son algunas de las conclusiones del estudio “Sueños deportados: impacto social en las personas salvadoreñas migrantes deportadas y sus familias”.
El investigador Jaime Roberto Rivas Castillo, doctor en Antropología, explica que el objetivo de la investigación era mostrar el impacto social que generan las deportaciones en los migrantes y en sus familias.
Por ello, además de pedir estadísticas a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), entrevistaron a profundidad a 25 deportados (20 hombres y 5 mujeres) afuera del programa Bienvenido a Casa en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
El primer hallazgo, basado en los datos de la DGME, es el aumento de las deportaciones a través de vuelos federales entre enero de 2011 y diciembre de 2013. San Miguel, San Salvador, Usulután, La Unión y Santa Ana concentran el 50 % de los deportados. El resto se distribuye entre los otros nueve departamentos.
Rivas Castillo, quien es investigador del Centro de Ciencias Políticas de la UCA y miembro del equipo interdisciplinario en migraciones, aclara que los datos incluyen deportaciones desde otros países (Canadá, México y países europeos), pero en un porcentaje “mínimo”.
Pero la investigación arroja más que números: “En términos del impacto social que generan las deportaciones en las personas migrantes, el principal impacto que se muestra (…) se registra desde el momento en que estas personas están detenidas por una autoridad migratoria en Estados Unidos o policías locales”.
Según esta investigación, en los últimos años las autoridades locales en muchos estados de EE. UU., sobre todo policías, quienes en palabras de Rivas Castillo: “Han tenido un papel activo para detener a personas migrantes cuando su papel, en principio, no es ese”.
Detener migrantes sin papeles le compete al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), recordó.
Además, ha habido un alza en las detenciones ocurridas al cruzar la frontera o inmediatamente después de cruzarla: estas pasaron de representar el 38 % de las deportaciones en 2011 al 71 % en 2013. Este aumento, según el estudio, “estaría siendo producto, cuando menos, del reforzamiento de personal de seguridad y control migratorio en la frontera, y probablemente, de las condiciones de inseguridad prevalecientes en el lado mexicano de la frontera”.
La investigación ha registrado casos de personas que han sido detenidas luego de 15 o hasta 20 años de vivir allá. Eso, según el investigador, implica romper lazos laborales y familiares. En sus palabras se trata de “gente que ya ha creado arraigo en Estados Unidos y que de un momento a otro ve truncada la oportunidad de vivir con su familia”.
Respecto a quienes son deportados habiendo vivido 20 o 25 años en el extranjero, Rivas Castillo afirma: “Solo imaginarnos el impacto que les causa llegar a un país que ya no es su país porque todo su arraigo está en Estados Unidos”.
Tras la detención, las personas a ser deportadas, son enviadas a sitios de resguardo, centros de detención a cargo de compañías privadas. Rivas Castillo considera que estas ven “un negocio” en el resguardo de personas detenidas mientras son deportados hacia Centroamérica.
El investigador, basándose en las entrevistas, afirma que la mitad de las personas deportadas en el referido lapso estuvieron “entre uno y tres meses” en los centros de detención. Un porcentaje menor estuvo en esos centros “entre cuatro meses y un año”. También hay casos en los que las detenciones duraron aún más.
Esto, según Rivas Castillo, está relacionado con el hecho de que los detenidos hayan solicitado someter su caso ante un juez y tratar de quedarse legalmente en Estados Unidos.
“Lamentablemente lo que hace esto es prolongar su estancia. A veces son engañados por abogados que les cobran cifras muy altas de dinero para llevar su caso y, al final, igualmente son deportados”, detalla el investigador.
Entre las 72 y las 24 horas previas de la deportación, según el estudio, las personas están sometidas a unas condiciones de estrés en las que “experimentan sensaciones y sentimientos de fracaso, de frustración, de cólera o de incertidumbre”.
Estos sentimiento surgen al saber que van a llegar a un país en el que no quieren estar. Según Rivas Castillo, “porque probablemente vas huyendo por cuestiones de violencia y que vas a tener que regresar a tu lugar de origen cuando no querés estar ahí porque estás amenazado por una pandilla o estás endeudado, tuviste que vender todas tus pertenencias, bienes, o los animalitos, el ganado para financiar el viaje”. Con estrés e incertidumbre, “así llegan las personas deportadas al El Salvador”, concluye Rivas Castillo.
A lo anterior se suma que el proceso está configurado de tal modo que, en palabras de Rivas Castillo, “pareciera que las autoridades de Estados Unidos tratan con delincuentes” el impacto de la deportación es aún mayor.
Basado en los testimonios, el investigador afirma que a los deportados los encadenan “de pies, de manos y de cintura” en el avión: “A veces les quitan las cadenas una hora antes de llegar a El Salvador o minutos antes de aterrizar, tratados como delincuentes”.
Esto, aparentemente, no concuerda con el hecho de que en 2013 el 70 % de los deportados de Estados Unidos no tenía ningún antecedente criminal. “Estamos hablando de un porcentaje mínimo (30 %) de personas que tienen un antecedente criminal o han cumplido una condena en Estados Unidos”, matiza Rivas Castillo.
Las personas deportadas, según los testimonios recopilados en esta investigación, “son sometidas a un proceso de abusos, maltrato, discriminación, que se traslada incluso a nuestro país”.
Cuando han sido cuestionados al respecto por las autoridades salvadoreñas, la mayoría de deportados dice haber recibido un buen trato por parte de las autoridades estadounidenses.
Pero según la investigación, en los últimos tres años ha crecido el descontento sobre el trato recibido.
Según indicaron: “En 2011, el 50 % de los deportados manifestó que fueron tratados bien, mientras que el 24 % dijo que regular; en 2013, fue el 41 % el que declaró haber sido tratado bien por la autoridad estadounidense, pero casi el mismo porcentaje, el 39 %, dijo que el trato fue regular”.
Una vez en El Salvador, la mayoría de deportados quiere trabajar. Ese fue el propósito y deseo expresado por el 60 % de ellos en 2013.
En ese sentido, cerca del 20 % no sabe qué hará una vez en el país. El estudio advierte que eso “indica que el proceso de deportación o bien no permite hacer planes o que se desconocen las condiciones del entorno social y familiar en el país tras la llegada”.
Dos de cada 10 dijeron que regresarían al país desde el que fueron deportado.