Ante la incontrolable escalada de violencia que sacude al país, sin que se vislumbre una solución inmediata, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha propuesto al gobierno de Salvador Sánchez Cerén, una serie de medidas que cambiaría el rumbo del combate de la criminalidad para devolverles la tranquilidad y la seguridad a las comunidades.
En el documento al que tuvo acceso El Diario de Hoy, la gremial empresarial hace un análisis del actual esquema de seguridad pública, señala las consecuencias de los desaciertos de estrategias equivocadas y recomienda al menos 20 propuestas para mejorar la seguridad pública.
Señala la gremial que la actual realidad que vive el país no está para el exceso de garantías por lo que se requiere de las reformas necesarias a los códigos penales que se impulsaron a partir de 1998.
Además sostiene que las causas estructurales del fenómeno de la delincuencia y la violencia no necesariamente es la desintegración familiar o la pobreza; sino que la educación, y la informalidad, es lo que provocan el 50 por ciento de la violencia.
Costos a los delincuentes
Una de las propuestas de la gremial tiene que ver con el traslado de los costos de la seguridad pública a los delincuentes, una iniciativa que le podría generar unos 40 millones de dólares al Estado.
“Si de las 48 mil detenciones por delito, la policía capturara 20 mil por faltas, los números más altos de detenciones son de delitos de bagatela, que son los que queremos que se procesen como falta”, explica Gustavo Villatoro, asesor legal de ANEP.
“Si alguien es condenado a 45 días de arresto, puede pagarlos sobre la base del salario mínimo. Por ahí es donde vendría el ingreso de los 40 millones, y con la reforma que se propone hacer, los días-multa de las faltas se incrementarían”.
Las cifras de la Policía detallan que casi el 50 por ciento de las detenciones que se hicieron entre 2011 y 2013 fueron por delitos menos graves como resistencia, amenazas, lesiones, agrupaciones ilícitas y tenencia ilegal de armas de fuego.
Otra de las propuestas de ANEP es darle mayor participación a los policías en las comunidades, es decir, que las delegaciones o puestos deben de ir orientadas a conocer a los vecinos y dejar de premiar a los policías por capturas, sino más bien por su buen desempeño en el acercamiento a los vecinos y en el sector de responsabilidad para ejercer un mejor control del mismo.
La tipificación de nuevas conductas delictivas es otra de las recomendaciones. En este punto, ANEP propone que se tipifique como delitos el reclutamiento de menores y declarar los territorios bajo dominio y control de un grupo delictivo para los cuales se les podría castigar de entre 25 a 30 años de prisión.
“La ventaja con estos delitos es que la prueba en su mayoría es recabada por la autoridad policial durante su intervención en las comunidades”, señala Villatoro.
Además plantea la creación de las Fuerzas de Tarea Integrales que deberán estar destinadas a investigar a los grupos de personas que delinquen bajo una organización criminal y apartar las unidades especiales que investigan por el tipo de delito.
“La DECO (División élite contra el Crimen Organizado) sería la única división que quedaría, pues esta fue creada para investigar estructuras, sin atender al delito. Las demás unidades especiales, por tipo de delito, que existen, deben fusionarse para crear Divisiones Integrales, que investiguen estructuras o personas y ya no por el tipo de delito que cometan”, agregó.
Indicó que con ese esquema de investigación se trata de que Policía y Fiscalía puedan tener mayor capacidad de investigación y así “bajar la impunidad en los delitos como homicidio y extorsión, que sí impactan”.
Los desaciertos
Después del éxito logrado en contra del secuestro por las unidades especializadas de la Policía y Fiscalía a finales de la década de los 90, en ese momento se tuvo que haber enfocado el combate en otras conductas delictivas que afectaban a la población y que estaban dispersas a lo largo y ancho del país, señala la gremial.
Otro de los cuestionamientos que se le hace al gobierno anterior fue la desarticulación de la División de Investigación Criminal (DIC) y “hacen un mal manejo mediático de las estrategias contra la delincuencia y el falso concepto de que toda captura generaba una condena”.
Uno de los errores que, según la gremial, se cometió durante el lanzamiento del plan Mano Dura fue el no haber integrado a ese esfuerzo a los actores del sistema de justicia.
Además de que la Política Criminal del Estado se ha enfocado en buscar el incremento de las penas de prisión y en la creación de conductas delictivas en respuesta a las coyunturas políticas-sociales.
Considera que la eficacia de la Policía es medida por la cantidad de personas capturadas y no por la reducción de los índices delincuenciales.
Una de las deficiencias de la Policía es que reprime el delito, pero sin investigar en su mayoría, y eso hace que la Fiscalía no dé abasto para procesar a todas las personas que han sido capturadas sin una investigación sustentada.
Asimismo, alerta del fortalecimiento que han tenido las pandillas debido a su rebeldía por naturaleza, la represión policial y mediática.
La gremial considera que la prevención de la criminalidad está enfocada en rehabilitar a las personas, y se deja de lado la rehabilitación de las comunidades para que éstas puedan alcanzar un mejor desarrollo integral.