La Asamblea Legislativa cerró la comisión que investigaba los contratos de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), pese a tener la deuda de esclarecer hechos cuestionados por la opinión pública en el anterior gobierno del FMLN, como el pago de $108.5 millones por las obras inconclusas de la presa El Chaparral y la adjudicación de obras en la 5 de Noviembre.
Queda también en el limbo el traspaso de acciones de la Cel a Inversiones Energéticas (INE) que la misma Fiscalía General de la República ha determinado que este acto “adolece de nulidad”.
Lo que salva la situación son las declaraciones del Fiscal General, Luis Martínez, de que el Ministerio Público continuará con sus propias indagaciones hasta esclarecer los hechos.
Mario Valiente, diputado del opositor partido ARENA, señaló que al FMLN ya no le interesa investigar nada más, porque, si no, tendrían que revelar la forma en como se hicieron los contratos en los que la Cel no da cuentas claras.
Entre ellos, el contrato que la Cel firmó con la empresa Astaldi para la construcción de la represa El Chaparral, así como la adjudicación al Consorcio Queiroz Galvao S.A. y Andritz Hydro Inepar do Brasil, S.A., para la ampliación de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre, así como el traspaso de las acciones de LaGeo a INE.
ARENA pidió que estos convenios fueran analizados en la comisión especial, al igual que se hizo con el de Cel-Enel.
El resto de contratos que la Cel firmó ya no podrán ser investigados a menos que los diputados aprueben crear otra comisión especial para tal fin.
De acuerdo con Valiente, al FMLN no le interesa ni le conviene destapar a la luz pública otros contratos como el de El Chaparral, ya que la misión que tenía el FMLN con la comisión Cel-Enel se cumplió, y era la de “dañar la imagen política de ARENA” para perjudicarlos en las elecciones de este año.
Los casos
El primero de los casos que la Asamblea dejó sin investigar es el de la construcción de la represa El Chaparral.
Pese a que la empresa italiana Astaldi dejó la obra a medias alegando “imprevistos imprevisibles”, el gobierno del expresidente Mauricio Funes pagó $108.5 millones.
Funes alegó en su momento que era preferible pagarle a Astaldi que ir a un arbitraje internacional que le podía salir más caro al país, pero nunca se expuso el respaldo legal que tenía esa decisión.
Varias visitas de El Diario de Hoy al sitio han permitido constatar que las obras están en abandono y solo se observa un hoyo que le costó al Estado $108.5 millones.
Aparentemente, las obras tenían un 38.7% de avance, pero se pagó por ellas como si estuvieran al 50%. Es decir, el proyecto tendría un costo de $219 millones y prácticamente se le pagó la mitad a la constructora que los abandonó.
En una demanda interpuesta por ARENA en la Corte de Cuentas de la República (CCR), de la cual aún no hay resultados, el partido opositor denunció que el Gobierno pagó un “sobreprecio de $32.5 millones” en la construcción de la represa El Chaparral.
El “arreglo directo” que se pactó entre Astaldi y Cel fue debido a que la empresa argumentó que tuvo que hacer trabajos extras a los convenidos en el contrato, pese a que éste era “llave en mano”, es decir que no admitía modificaciones.
Astaldi justificó que detuvo la construcción porque hubo “imprevistos imprevisibles en el margen derecho de la obra”. Por esa razón la empresa dijo que invirtió $52.4 millones adicionales a lo contemplado en el contrato.
A todo esto la empresa ya había recibido en concepto de anticipo $79.8 millones, según consta en los acuerdos para concluir el convenio.
Pero el informe de supervisión efectuado por Euroestudios Ingenieros de Consulta e Ingenieros Consultores (Ingetec S.A.) para la Cel, determinó que los problemas en el terreno eran conocidos desde la etapa de licitación, “ya que fueron incluidos en el informe de Diseño Básico”.
La firma supervisora también hizo señalamientos de que no entregó el “análisis” que demostrara que usó la alternativa adecuada para superar las irregularidades que presentaba desde un inicio el talud de la margen derecha de la montaña.
Lo más irónico es que Cel le adjudicó, a un costo de $5 millones, la elaboración de un nuevo diseño a la misma empresa brasileña Intertechne que hizo el primero y que se desechó. A la fecha, la obra sigue paralizada.
El presidente Salvador Sánchez Cerén dijo que pediría a la Cel un informe detallado de todas las obras de generación de energía que no avanzan.
“Estamos esperando que Cel nos presente los informes de los proyectos sobre las presas que están paralizadas. Ellos han anunciado que están haciendo un estudio técnico (en El Chaparral)”, dijo.
La 5 de Noviembre
Precisamente, otro de los contratos que estaban en la agenda de la comisión de la Asamblea es la ampliación de la Central 5 de Noviembre valorada en $181.9 millones. Los trabajos fueron adjudicados a un consorcio, pero la Cel no brinda explicaciones de cómo se realizó el proceso.
Queiroz Galvao S.A. y Andritz Hydro Inepar do Brasil, S.A. ganaron el concurso en una segunda convocatoria, en la que fue el único ofertante, aún cuando en julio de 2012 Andritz Hydro Inepar do Brasil fue descartada por Cel por no superar las evaluaciones.
Valiente valoró que el Estado está a tiempo de no pagar $181.9 millones por una planta que solo trabajará dos meses al año, el tiempo que se prevé que los niveles del agua de la presa suben.
“Es un contrato que se dio de forma directa con un concurso amañado, estamos a tiempo de evitar más desfalco a los bienes del pueblo”, afirmó.
Traspaso de acciones
El otro acto que la Asamblea dejó sin investigar es el traspaso de las acciones de la Cel a INE, valoradas en $186.8 millones cuando Nicolás Salume era el presidente de la Cel en 2006, pero que luego fue reelecto por Funes en ese cargo en 2009.
A raíz de esto y de que no existen cuentas claras sobre las utilidades que recibe INE, Edwin Zamora, diputado de ARENA, ha cuestionado que la población paga un 25% más en la factura eléctrica.
Valiente criticó que LaGeo e INE se niegan a brindar esa información, recuerda que Julio Valdivieso, siendo director de LaGeo mencionó que sólo en 2012 fueron $110 millones que se obtuvieron de utilidades. Desde entonces no se sabe cuánto recibe INE, acotó.
De hecho, en las conclusiones que recoge el informe de la Fiscalía sobre el caso Cel-Enel, de noviembre de 2013, se establece que la Cel no tenía facultad para transferir sus acciones a INE, “razón por la cual este acto adolece de nulidad”, dijo la FGR.
Valiente dice que es cuesta arriba formar otra comisión que investigue el resto de convenios que hizo la Cel y en los que considera que hay mucha tela por cortar, ya que como oposición política no cuentan con los votos suficientes (43).
Pero, según Jaime Valdez, legislador del FMLN, los convenios que ya no investigaron en la comisión especial, podrán pasar a otras comisiones legislativas. Pero Valiente lo refuta: “No es cierto, ninguna comisión es investigadora, ¿quién los va a agarrar?”, la Fiscalía ya habló de empezar con El Chaparral, a mi juicio lo más urgente es El Chaparral, ya se invirtió allí y se pagó, hay que investigarlo. Desde luego el otro urgente es la 5 de Noviembre y la INE”, afirmó.