El líder sindical y presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones, Ricardo Soriano, exhortó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema a “que no les tiemble la mano para beneficiar al trabajador” declarando que es ilegal que el Gobierno se aproveche usando los ahorros de pensiones de los trabajadores y pagándoles una tasa de interés de apenas el 1.3 %.
El comité que preside presentó en abril de 2013 una demanda de inconstitucionalidad que pide declarar ilegal el artículo 223-A que obliga a las AFP a prestarle el 45 % de sus fondos al Gobierno y pagarle una tasa de interés inferior, cuando a otros inversionistas les paga hasta el 6 ó 7 %.
De acuerdo con Soriano, estos artículos le han permitido al Estado “saquear” las cuentas individuales de los cotizantes del sistema privado, en el que ya no tendría que haber una intervención estatal.
La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) estima que por esta ley los trabajadores han perdido a la fecha más de $1,000 de rentabilidad, que bien podría estar agregada a la cuenta individual de cada uno de los cotizantes en las AFP.
El Gobierno ha prometido revisar esta rentabilidad y mejorar las condiciones de préstamo a través de una ley de inversión más moderna e integral.
Pero Soriano explicó que lo que quieren es que el Estado ya no meta mano en los fondos de los cotizantes.
“Lo que queremos es que desaparezca esa obligatoriedad porque de nada sirve que crezca el valor del papel (Certificados de Inversión Previsional) si el Gobierno no tiene dinero para pagar”, afirmó.
El representante sindical expuso que el Gobierno “ni siquiera está al día con el pago de ese 1.3 % de interés que debe pagar a los cotizantes” por lo que tampoco hay garantía de que pueda pagar una tasa de mercado superior al 5 o 6%.
La demanda en mención fue admitida en la Sala de lo Constitucional un mes después de que el Comité la presentara.
La Sala también tiene otras demandas presentadas de forma particular por otros trabajadores que se sienten agraviados por el manoseo del Gobierno.
Sin embargo, a más de un año de que se admitieran, los magistrados aún no dan resolución definitiva.
A pesar de eso Soriano se muestra optimista pues afirmó que en agosto del año pasado, cuando recurrieron a la Fiscalía General de la República para que investigaran si había atropello en esto, la institución les respondió de forma favorable, por lo que creen que la CSJ también les dará la razón.
“Yo le hago un llamado a la Corte para que no les tiemble la mano para beneficiar al trabajador”, reiteró el dirigente sindical.
Estatizar las pensiones
La resolución de la CSJ podría ser un detonante para que el Gobierno develara, por fin, las reformas que ha estado estudiando desde hace más de un año y que no salen a la luz pública, explicó Soriano.
Entre estas propuestas está el plan de estatizar las pensiones, afirmó, lo que significaría regresar a un sistema en el que el Gobierno administra el dinero de los cotizantes y a su vez, paga con dinero del Estado cuando éste se jubile.
Pero para Soriano esto sería regresar a un sistema “fracasado” que solo generó una deuda insostenible.
“Si no tienen capacidad para cubrir el pago de los proveedores y el subsidio cómo van a pagar las pensiones”, se preguntó el líder sindical.
“No estamos de acuerdo con que nos cambien el sistema”, reiteró.
Actualmente los cotizantes del sistema privado ahorran como su pensión a través de una cuentan individual y en la que el dinero se multiplica en la medida en que la rentabilidad aumenta.
Si el dinero se invierte en instrumentos productivos que paguen un buen interés, el ahorro del cotizante crecerá más rápido y tendrá una mejor pensión cuando tenga que jubilarse.
Muy por el contrario a la estatización, Soriano explica que lo ideal sería que el Gobierno abriera a las AFP la posibilidad de invertir en proyectos productivos.