El Juzgado Antimafia de San Salvador ordenó anoche que el sacerdote español Antonio Rodríguez López-Tercero (Padre Toño) y 37 supuestos pandilleros de la 18 permanezcan detenidos mientras se les sigue un proceso formal por varios delitos.
A los supuestos mareros la jueza les abrió proceso por el delito de extorsión y agrupaciones ilícitas, mientras al padre Toño por presunto tráfico de influencia e introducción de objetos prohibidos a centros penales.
Los 37 supuestos pandilleros permanecerán en celdas policiales y en penales de Santa Ana, mientras llega el juicio.
El padre Antonio permanecerá recluido en las bartolinas de la División Central de Investigaciones de la Policía (DCI), en San Salvador.
La jueza antimafia de San Salvador consideró que no era de su jurisdicción el caso y remitió el proceso al Juzgado de Instrucción de Santa Ana, argumentando que los hechos por los cuales son juzgados fueron cometidos en ese departamento.
De los 37 supuestos pandilleros que debían comparecer ayer, solo estuvieron 26 que fueron identificados como presuntos colaboradores de la mara 18, a quienes se les imputan los delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas.
Abogados defensores rechazaron la resolución de la jueza antimafia por considerar que no estaba en capacidad de conocer el caso pues no es la titular, sino una suplente que llegó a cubrir y además su jurisdicción es Quezaltepeque.
En los siguientes días, anunciaron, apelarán ante la Cámara contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por su parte, la jueza antimafia basó su resolución en cinco audios de llamadas telefónicas que la Fiscalía intervino durante cuatro meses.
Elsy Amaya, fiscal de la Unidad Antiextorsiones, reveló que dicho material muestra los enlaces que el religioso tenía con cabecillas de la 18, que están en prisión, para supuestamente coordinar el ingreso de ilícitos a estos recintos.
Además, según la Fiscalía, las llamadas dejan constancia de supuestas gestiones que el padre Toño, como también se le conoce, hacía con las autoridades para que algunos cabecillas recluidos en el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca fueran traslados hacia el de Cojutepeque.
La fiscal aseguró que las conversaciones intervenidas además involucran a algunos funcionarios del Gabinete de Seguridad, a quienes el sacerdote habría pedido regular la intensidad de los bloqueadores de señales telefónicas en los presidios. Todo esto, según las pesquisas, con el fin de que los delincuentes pudieran tener una mejor comunicación con sus cómplices que están en libertad y así seguir delinquiendo.
Amaya confirmó que esta investigación no ha concluido pues hay funcionarios— a quienes no quiso identificar— que también están en la mira del Ministerio Público.
“Este es el momento oportuno para procesar al padre Antonio, no así a las demás personas quienes en su momento serán presentadas por la Fiscalía”, explicó Amaya.
Captura se retrasó para no afectar investigación
Una de las críticas que han hecho contra el Ministerio Público quienes confían en la inocencia del sacerdote español es por qué no lo arrestaron en flagrancia, es decir, en el momento en que supuestamente metía los objetos ilícitos a los centros de reclusión.
La fiscal del caso explicó que la detención se venía postergando porque se corría el riesgo de que la investigación contra él y el resto de involucrados se viniera abajo.
Amaya señaló que entre los imputados con los que hablaba el sacerdote del Servicio Social Pasionista están Carlos Mojica Lechuga, alias Viejo Lin, y Douglas Velásquez Navas, apodado Payaso.
Según ella, ambos convictos fueron de los principales beneficiados con el ingreso que habría hecho el padre Toño de televisores, reproductores de discos, perfumes, joyería y teléfonos a las cárceles.
Agregó que el Payaso fue el cabecilla de la pandilla que logró ser trasladado del penal de Zacatecoluca hacia el de Cojutepeque con la supuesta intervención del sacerdote.
Días atrás, Allan Hernández, jefe fiscal de la Unidad Antiextorsiones, aseveró que el propósito del traslado del Payaso era que le ayudara al Viejo Lin a llevar el control del dinero que manejaba producto de las extorsiones.
Según la Fiscalía, la investigación que lleva la Unidad Antiextorsiones contra el sacerdote español y los cabecillas de la 18 es diferente a la que se le sigue por el supuesto vínculo que tiene con José Timoteo Mendoza Flores, alias el Chory, cabecilla de la mara 18, y la introducción de artículos prohibidos a los presidios de Cojutepeque e Izalco.
Por este último caso, la madrugada del lunes un Juzgado Antimafia dejó en libertad condicional al sacerdote pero debió seguir en prisión para enfrentar los nuevos cargos penales.
“Son casos separados porque los delitos se dieron en momentos separados, en otros eventos”, dijo la fiscal.
Temen que padre haya sido amenazado
El obispo de la Iglesia Luterana, Medardo Gómez, aseguró que confiaba en la inocencia del padre Antonio y pidió que se respete el debido proceso.
Gómez no descartó que de llegar a comprobarse la participación de Rodríguez en los delitos que le imputa la Fiscalía sería porque habría sido sorprendido en su buena fe o porque habría recibido amenazas de pandilleros para que les ayudara a delinquir.
“Creo que él no ha hecho nada malo, pero sí pudo haber sido utilizado o pudo haber sido hasta amenazado. Pedimos que las autoridades que sí demuestren los errores o faltas que el padre haya cometido. Si esto es comprobado solamente podemos pensar que el padre fue engañado”, aseguró el obispo luterano.
El sacerdote español también ha recibido respaldo de diferentes organizaciones y fieles de la parroquia San Francisco de Asís, de Mejicanos, de la cual es el titular. Ellos sostienen que las acusaciones contra el padre Toño son infundadas, ya que lo único que ha hecho es ayudar a reinsertar a pandilleros y a proyectos sociales.