“Si usted tiene gente aguantando hambre, de algún lugar vamos a sacar recursos. Dios proveerá”. Esta fue la respuesta del ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), ante la pregunta de este periódico de cómo hará el Gobierno para cumplir con lo que demanda el anteproyecto de “Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional”, de proporcionar alimentos a quien no tiene recursos.
“Es que no puede ser, es abochornable para la sociedad, es humillante para nuestra sociedad que el Estado sea indiferente a estas condiciones de ciertos compatriotas”, reflexionó, y comparó que hasta en países desarrollados como los EE. UU. hay ciertos sectores de la población que necesitan del apoyo del Gobierno.
De acuerdo al funcionario, una de las formas de cómo solucionar la situación alimentaria de la población que no puede hacerlo por cuenta propia, es subsidiando parte de la canasta básica o entregando un bono alimenticio.
Dice que a esto se refiere la ley cuando menciona que el Estado debe tomar las medidas necesarias para garantizar la adecuada alimentación de quienes no tienen. “El Gobierno está obligado a socorrer a las familias”, aseveró.
También anunció que en este mes de agosto pondrán en marcha el “plan de agricultura urbana e interurbana”, para fortalecer el programa de Agricultura Familiar que se desarrolla en la zona rural.
“Vamos a trabajar con ocho municipios metropolitanos, el mejor camino es crear capacidades a la gente para que progrese, pero siempre hay un número de personas que necesitan del respaldo del Estado y hay que crear esas condiciones para que la cantidad de personas sean menos”, valoró Ortez.
Sin embargo, por falta de fondos el Gobierno suspendió, desde noviembre de 2013, la entrega de la pensión básica a los adultos mayores que viven en municipios pobres.
Este fue uno de los programas estrella del expresidente Mauricio Funes. Consultado sobre esto, el actual gobernante, Salvador Sánchez Cerén, dijo desconocer porqué se había paralizado la entrega.
Mientras que en el concepto que la normativa establece del trueque, para obtener alimentos, cuando una persona no tenga dinero, Ortez destacó que es un método que las familias de las zonas rurales ya vienen practicando y que no se debe ver como un retroceso de la sociedad.
Sobre la cantidad de entidades que la ley establece, Ortez afirmó que el Conassan (Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional), ya funciona en el país, y lo único que ha hecho la ley es institucionalizarlo.
“Lo que estamos buscando es que el régimen local se involucre en el tema de la soberanía y seguridad alimentaria, no es una institucionalidad para estar reunido siempre, sino una institucionalidad como Protección Civil que se reúne en casos de emergencia”, aclaró Ortez.
Para Vicente Menjívar, de ARENA, las instituciones que el proyecto de ley establece, duplican el trabajo que por ley le competen a los ministerios de Salud y de Agricultura.
“Ocupan cargos que son de exclusividad de Salud y otros del Ministerio de Agricultura, que son obligaciones que deberían estar haciendo, creemos que no deberían de estar (en la ley)”, expresó.
Sobre la obligación del Estado de alimentar a quienes no tienen los recursos, Menjívar dijo que son “artículos políticos que no sirven de nada, sino para confundir a la gente”.