El presidente, Salvador Sánchez Cerén, vetó por “inconveniente” la reforma al Código Penal que permitía que quien matara en legítima defensa fuera investigado y procesado por los tribunales en libertad, pero con ciertos requisitos como no salir del país y firmar cada cierto tiempo ante el juez.
Para rechazar el decreto legislativo, el Ejecutivo argumentó que ya existe suficiente legislación que otorga las mismas garantías a quien se le compruebe que mató al defender su propia vida o sus bienes.
“Existe, pues, ya abundante regulación en la legislación y la posibilidad de que en los caos de agentes de autoridad o personal administrativo, en funciones operativas de la Policía Nacional Civil o elementos militares en tareas de seguridad, sean sujetos a sobreseimiento o absolución” reza el primer literal de la las razones del veto.
El mandatario también consideró que el decreto aprobado con los votos de ARENA, GANA y PCN, presenta dificultades de interpretación, de su alcance y de sentido.
En un literal afirma que la reforma solo menciona “de manera general, ‘en los casos de delito de homicidio y lesiones en sus diferentes modalidades…'”, siendo que existen diferentes tipificaciones de los delitos y las lesiones.
Esto, a juicio del mandatario, daría pie a diferentes interpretaciones que no abonarían al espíritu del decreto.
Otro punto importante que el presidente esgrime, para oponerse al decreto, es que considera que se manda un mensaje de “impunidad y anarquía” al dar garantías a los que maten en defensa propia.
En el literal 7 que habla sobre el riesgo de incremento de la violencia, Sánchez Cerén manifiesta que el decreto “no se basa en datos de política criminal medibles y transmite un mensaje de impunidad y violencia. El riesgo es que se perciba que se transmite a los particulares, la delicada tarea de decidir la justicia propia y como consecuencia, la violencia reactiva”.
El veto fue enviado, ya, a la Asamblea Legislativa y será conocido por los diputados en la sesión plenaria de hoy.
Ante el veto, los legisladores sólo tienen dos caminos: acatarlo y la reforma queda sin efecto o decidir superarlo y dejar el cambio tal como lo aprobaron, pero para eso necesitan de mayoría calificada , es decir, 56 votos que sólo conseguiría la oposición si algunos diputados oficialistas decidan respaldarlo o si todas las fracciones, incluido el FMLN, votara por sobrepasar la decisión presidencial.
Cuando el decreto fue avalado, hubo una fuerte discusión, pues los partidos de oposición consideraban que era necesario dar garantías a la población ante la ola de asesinatos que ha habido en los últimos meses.
El FMLN se opuso de forma rotunda a apoyar este tipo de medidas, por considerar ya regulado el asunto.