Los acusados en el caso Jumbo Ingeniería enfrentarán una nueva acusación por el delito de lavado de dinero, informó la Fiscalía.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio luz verde al Ministerio Público para que los imputados, en esta millonaria estafa, también sean juzgados por lavado de dinero y activos, tal como lo establecía la demanda inicial.
El Juzgado de Sentencia Antimafia de Santa Ana exoneró a los acusados por este delito, pero la Fiscalía apeló la resolución ante la Sala de lo Penal y esta le dio la razón, recientemente .
En estos momentos, la Fiscalía prepara el paquete acusatorio contra los implicados para que un tribunal de Santa Ana realice el nuevo proceso.
Según el fiscal encargado del caso, Nahún Martínez, están notificando a todas las partes involucradas (imputados, ofendidos y abogados defensores) para informarlos de la resolución del máximo tribunal penal.
Luego de esta fase, afirmó Martínez, el juez Antimafia de Santa Ana programará la audiencia.
En junio de 2011, el Tribunal contra el Crimen Organizado de Santa Ana sentenció a dos de los nueve imputados.
Encontró culpables, por los delitos de administración fraudulenta y estafa agravada, a Andre Leopold Deprez Damman, y a su hijo, Pascal Emile Jean Pierre Andre Deprez, quienes fueron condenados a 13 años de cárcel.
La pena contra padre e hijo fue desglosada de la siguiente manera: ocho años por estafa agravada y cinco por administración fraudulenta.
Los siete imputados restantes, entre ellos cuatro empleados y tres miembros más de la familia Deprez, fueron absueltos por cuatro delitos: asociaciones ilícitas, lavado de dinero, administración fraudulenta y estafa agravada.
Aunque el juez, en esa ocasión, dejó libre de los delitos que imputaban a siete, estos no lograron su libertad de inmediato porque tenían otros procesos abiertos en distintos tribunales del país.
En ese proceso, más de 200 personas se mostraron ofendidas por los nueve implicados, entre ellos, cinco de la familia Deprez.
La única que quedó libre de cargos es Catherine Jeanne de Deprez, luego de poner a disposición de las víctimas, los terrenos que implicaban la lotificación San Fernando.
El procedimiento consistió en que la señora Catherine Jeanne donó los inmuebles a la alcaldía de Coatepeque, quien tiempo después, fue la encargada de brindar las legítimas escrituras a más de 167 víctimas estafadas.
La mayoría de afectados, en las lotificaciones Jumbo, son personas pobres que con mucho esfuerzo pagaron las parcelas, con la esperanza de que al finalizar, recibirían sus escrituras.
La zona occidental del país: Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate, representa el 40 por ciento de las estafas con terrenos.
En números reales, este porcentaje implica más de dos mil 300 víctimas.
La mayoría de terrenos que Jumbo lotificó no cumplían los requisitos: estaban cerca o sobre mantos acuíferos, tenían vocación agrícola o presentaban condiciones topográficas inadecuadas o barrancosas.
Por esas razones, las lotificaciones no recibieron el aval de las autoridades de Medio Ambiente y el Viceministerio de la Vivienda para urbanizar.
Tampoco las alcaldías brindaban los permisos correspondientes, porque en algunos casos, iniciaban los trámites pero no los concluían.
A juicio de los fiscales, al parecer, los ejecutivos de Jumbo Ingeniería escogían las propiedades para urbanizar a su antojo y donde suponían alta rentabilidad.
En esos sitios negociaban con el dueño, a quien le proponían un plan con grandes ingresos por la venta de sus parcelas.
El trato era que el propietario obtendría el 60 por ciento del valor total comercializado. Prometían que este porcentaje estaba libre de descuentos como impuestos y gastos de publicidad o promoción.
Pero al final, los propietarios de las fincas no recibían ni siquiera lo prometido sino sumas “ridículas” de 25 dólares por mes, afirmó el fiscal.
“Le argumentaban que le habían aplicado las deducciones de Ley como IVA, gastos publicitarios, comercialización, tasas municipales entre otros”, explicó el fiscal.
Pero nada de esas deducciones eran pagadas a las instituciones como alcaldías, Ministerio de Hacienda y el Centro Nacional de Registros (CNR).
Las investigaciones revelan que la familia Deprez había comprado voluntades en las esferas del gobierno para no tener inconvenientes legales en sus operaciones.