Una esperanza se abre para 17 familias que residen en la lotificación Los Planes en Atiquizaya, Ahuachapán, quienes en 2009 fueron afectados por la estafa millonaria de Jumbo Ingeniería, que llevó a la cárcel a sus principales representantes.
Con esta lotificación se allana el camino para que miles de salvadoreños en similares circunstancias en todo el país, puedan por fin obtener sus escrituras.
En 2009 varios grupos familiares habían, no solo terminado de pagar sus lotes, sino de construir sus viviendas.
Pero cuando solicitaron las escrituras que los acreditaran como verdaderos dueños de sus solares, que con tanto sacrificio habían pagado, se enfrentaron a la desilusión. Iban y venían de las oficinas de los lotificadores y solo recibían evasivas y falsas esperanzas.
Poco después, los desesperados lotehabientes supieron la verdadera razón del porqué no recibían sus escrituras, quienes les vendieron no estaban autorizados para lotificar.
Por esa causa, los representantes de Jumbo Ingeniería fueron capturados.
Conforme los días, las semanas y los meses pasaban, más y más salvadoreños se acercaban a las diferentes sedes de la Fiscalía General de la República, para demandar a los representantes de Jumbo Ingeniería por el incumplimiento de contrato.
Años después la cifra de los demandantes ascendía a los 5,000 estafados.
Además, la cifra del fraude superaba los diez millones de dólares y casi 15 personas detenidas, entre los principales: la familia Deprez.
Sin embargo, hasta la fecha solo dos miembros de la familia francesa asentada en El Salvador desde finales de la década de los 90, han sido condenados a 13 años de cárcel, los demás están siendo procesados en los diferentes tribunales del país.
“Teníamos procesos judiciales en los tres Tribunales Especializados del país (contra el crimen organizado): Santa Ana, San Miguel y San Salvador”, afirmó el fiscal Nahún Martínez.
“Manteníamos la primer condena que en el 2011 impuso el Tribunal Especializado de Santa Ana y estábamos en las etapas finales en los otros juzgados”, subrayó.
Pero más que enjuiciados y condenados, los miles de salvadoreños engañados, reclamaban una solución práctica a cada uno de sus casos.
Sin embargo, esa respuesta no parecía cercana y cada vez más los procesos judiciales tendían a empantanarse con una lluvia de procesos abiertos en diferentes tribunales.
En julio de 2013, el problema tomó un giro diferente, no solo se buscó la sanción penal de los involucrados, sino también resolver la situación jurídica o legal de cada una de las lotificaciones y por separado, de cada lotehabiente.
Se crea mesa negociadora
Con ese rumbo, la Fiscalía se ha propuesto una solución integral al problema de los bienes inmuebles de miles de salvadoreños de escasos recursos. Bajo esa alternativa, la Fiscalía sostiene, que más lotificaciones se sumarán a esta nueva estrategia.
“Abogados defensores se acercaron y comenzaron a formular propuestas, solicitaron reuniones con el equipo de fiscales y con el jefe que nos coordina a nosotros, todo con el aval del señor Fiscal General”, afirmó Martínez.
De esas reuniones surgieron algunas propuestas que ya se echaron andar. Uno de los acuerdos fue buscar la asesoría de desarrolladores parcelarios idóneos para que a través de ellos (imputados), pudieran regularizar las lotificaciones.
De igual manera se coordinó con los propietarios de terrenos, basado en la Ley Especial de Lotificaciones, que indica que el dueño es pieza fundamental en este rompecabezas, por lo que de julio de 2013 a la fecha, se ha establecido una mesa negociadora y conciliación.
Adicionalmente, la Fiscalía contrató los servicios de asesores en el tema, para apoyar a los dueños de terrenos y a los lotehabientes.
Por su parte, los imputados colaboran económicamente y aquellos que son abogados y notarios, se encargarán de la elaboración de los documentos notariales.
Estos consisten en remediciones de inmuebles, recepción de contratos suscritos con Jumbo para que los mismos abogados y notarios (imputados) realicen las escrituras de los parcelarios, a cambio de obtener el perdón por el delito penal cometido.
“Es una colaboración tripartita, Fiscalía con asesores y desarrolladores parcelarios, imputados y víctimas”, explicó el fiscal.
Para cubrir los costos de regularización y titulación, Martínez afirmó que se han reactivado las cuentas por cobrar. Implica que las cuentas que los clientes dejaron de pagar por la incertidumbre que surgió, se han reactivado para que los dueños de las parcelas reanuden sus pagos, bajo la promesa de que su problema ahora es acompañado por el Ministerio Público.
“La Fiscalía tiene la lista de los clientes que todavía deben sus lotes y el monto adeudado, por lo que se han abierto las cuentas, no a favor de Jumbo, sino de los dueños de los terrenos en disputa”, afirmó el fiscal Martínez.
Jumbo Ingeniería no era dueño de las propiedades que lotificaba sino administrador de las mismas, quienes desarrollaban toda la logística de venta, mercadeo y segregación, así como del cobro de cada cliente.
Del dinero que recibían por las ventas, entregaban un porcentaje casi ridículo al verdadero propietario y la mayor parte del ingreso quedaba en sus bolsillos o cuentas.
El fiscal dijo que esperan que en los siguientes seis meses, unas 15 lotificaciones estén en el proceso de legalización.
Además “contar con las autorizaciones del Viceministerio de Vivienda”, explicó el fiscal. Entre 100 y 130 parceleros integran el promedio d e cada lotificación, dijo.
La proyección a diciembre es que unos 2000 lotehabientes legalicen sus terrenos.
No todos los procesos han avanzado al mismo ritmo, en unas lotificaciones hay más avances que en otras, sobre toda las situadas en el occidente del país, en Santa Ana y Ahuachapán.
“Queremos arrancar con lotificaciones de Sonsonate pero no es fácil, porque está costando que la gente confíe en este proceso, por la desinformación en la que se ha encontrado”, subrayó.
“Lo importante en esto es la confianza que la gente pueda tener en la Fiscalía, pues después de tantos años de no ver una alternativa clara, ahora está costando que la gente confíe en la propuesta. Hacemos un llamado a la gente para que confíe en la gestión que estamos haciendo”, afirmó.
Al tiempo que se trabaja en esta mesa tripartita, se está en coordinación con el Viceministerio de Vivienda, al igual que con las alcaldías encargadas de dar los permisos y las instituciones afines, como el Centro Nacional de Registros (CNR).