La Corte Suprema de Justicia se apresta hoy a tomar medidas especiales de seguridad con la judicatura de oriente tras el asesinato del magistrado presidente de la Cámara Segunda de lo Penal de la Tercer Sección de Oriente, Tito Nicolás García Martínez.
Junto al funcionario judicial, de 74 años, fue muerta su esposa, Teresa Navarrete de García, de 76 años.
El doble crimen se perpetró en la casa 14, en la colonia Hirleman, block 4, en la ciudad de San Miguel.
La Policía encontró el sábado a las dos de la tarde, en el caserío Los Marroquines del cantón El Peñón, del municipio de Alegría, Usulután el carro asignado al magistrado, placas particulares P16-065, propiedad de la Corte Suprema de Justicia.
El automóvil fue hallado abandonado con las puertas abiertas y la llave de arranque puesta.
El comisionado Raúl Ábrego jefe de la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Miguel dijo que de inmediato comenzaron a verificar a quién pertenecía y si tenía informe de robo.
“No tenía informe de robo y al conocer que era propiedad de la CSJ comenzamos las respectivas coordinaciones con el personal de investigaciones y ellos nos ayudaron a localizar a los familiares de las víctimas, quienes residen en San Salvador”, explicó.
Sin embargo, no fue hasta el domingo antes del mediodía que se presentaron parientes de las víctimas y abrieron las puertas de la casa y los encontraron sin vida.
El oficial de la Policía detalló que los dos cadáveres fueron encontrados dentro de la vivienda y había sangre esparcida alrededor de los cuerpos. “No sabemos cuánto tiempo tenían de haber perecido. Será con los resultados de los estudios de Medicina Legal que se va a determinar “, explicó el oficial.
De acuerdo con las autoridades, los cuerpos tenían lesiones producidas con arma cortopunzante.
Gritos en la noche del viernes a sábado
Vecinos de la zona afirmaron a los periodistas que el sábado por la noche escucharon gritos en la vivienda del magistrado.
“Era como una discusión y solo se oían que hablaban de propiedades”, indicó un residente.
Pero la Policía dijo desconocer esa situación.
Germán Arriaza, jefe de la Fiscalía de San Miguel, dijo a los periodistas que la escena era muy amplia: el cadáver de la esposa del magistrado estaba en el primer nivel, en tanto que el del funcionario judicial estaba en el segundo piso.
“Los cuerpos están en las salas de ambos niveles de la casa. El tipo de arma utilizada aún no se puede determinar pero habrá que esperar lo que el médico forense determine”, indicó Arriaza.
Las autoridades no hallaron evidencias de que las puertas, ventanas o techo de la vivienda hubiesen sido forzados.
La Policía dijo que había varias hipótesis del móvil del crimen, pero que inicialmente ninguna estaría relacionada al trabajo que desempeñaba el magistrado.
El comisionado Ábrego aseguró que una de las hipótesis puede estar relacionada con el lugar donde fue encontrado abandonado el carro del juez. No obstante, dijo que no podía entrar en más detalles para no entorpecer el proceso de investigación.
Arriaza tampoco entró en detalles sobre las hipótesis del crimen. “En este momento no es recomendable establecer las circunstancias o el móvil debido a que el hecho es muy prematuro y el proceso de investigación apenas iniciaba con el procesamiento de la escena del crimen”, dijo.
El Fiscal indicó que no podía asegurar si el homicidio del magistrado podría estar relacionado con su trabajo judicial, aunque otras fuentes no descartaron que pudiera vincularse a que haya colaborado con la Policía en algún caso.
Ayer los empleados que trabajaban en la casa de la pareja fueron interrogados por las autoridades, pero no se reveló qué dijeron.
Prioridad
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia dijeron ayer tarde que se tomarían medidas especiales de seguridad para los funcionarios judiciales y tribunales de la zona.
Por su parte, el jefe regional de la Policía, comisionado Fritz Dennery Martínez, dijo que por tratarse de un caso en el cual la víctima es un funcionario público, se pidió el apoyo de investigadores de la División Central de Investigaciones (DCI) de San Salvador.
A media tarde, un equipo de la DCI se trasladó desde San Salvador en un helicóptero que aterrizó en la Tercera Brigada de Infantería y posteriormente el equipo se desplazó a la escena del crimen.
Casos que tramitó
El magistrado García tramitó en el pasado casos como el de imputados por supuestamente pertenecer a la banda de Los Perrones y en algún momento fue criticado por la Fiscalía por fallos que emitió.
En abril de 2008, la Fiscalía se mostró inconforme con García y su colega, Carlos Roberto Cruz Umanzor, por la liberación de un capturado en octubre de 2007 con tres kilos de cocaína que posteriormente fue recapturado, según consta en los archivos del Ministerio Público.
En julio de 2008, también le tocó dirimir la petición de Los jueces del Tribunal de Sentencia de La Unión, Carlos Mauricio Herrera Rodríguez y Jesús Aquiles Alvarado Hernández, de que se les excusara de seguir juzgando a Deysi Aracely Fuentes, la mujer de Reynerio de Jesús Flores Lazo, acusada del delito de tenencia de armas de guerra.
Ella fue detenida el 11 de marzo de 2008, en Santa Rosa de Lima, y en su residencia fue encontrado un fusil automático, según la acusación.
Su esposo, Reynerio, fue condenado en enero de 2012 a 80 años de cárcel por el tráfico de 2.73 toneladas de droga, entre 2004-2008, vinculados al cártel del Goascorán o Los Perrones.
Los jueces pidieron que se les excusara de seguir procesando a Fuentes porque la “presión de los medios” acerca del caso podría influir en su análisis de las pruebas. La petición fue rechazada por los magistrados.