El alza de los homicidios y las extorsiones, en el semestre anterior, ha permitido que el clima de inversión y negocios se siga deteriorando y que no existan las condiciones necesarias para los inversionistas extranjeros ni locales, según el informe semestral de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
El estudio destaca que el 79 por ciento de los pequeños empresarios y comerciantes son víctimas de las extorsiones, pero solo el 16 por ciento denuncian ante las autoridades fiscales y policiales.
“No quieren denunciar por miedo a las represalias, pero algo más importante es, también, por falta de confianza en las instituciones, como la Fiscalía General, Policía y también el mismo sistema judicial”, dijo Marjorie de Trigueros, analista del Departamento de Estudios Legales de Fusades.
La poca denuncia ciudadana obedece a la falta de confianza que tiene la población en las autoridades policiales, debido a que algunos policías han sido descubiertos por tener vínculos estrechos con las pandillas.
Con relación a la efectividad de las investigaciones de las extorsiones, Fusades señala en el informe que la Fiscalía recibió 3,264 casos de extorsiones, y se llevaron a 4,850 acusados de ese delito ante los tribunales de justicia. En ese mismo año, 1,627 extorsionistas fueron condenados, lo que da una relación de 3.4 condenas al año por cada 10 imputados.
Sin embargo, la Policía y Fiscalía aseguran que el 95 por ciento de los casos de extorsión terminan en condena. Las cifras para los tres primeros meses de este año detallan que la Fiscalía llevó 1,728 casos de extorsión a los tribunales de justicia y había obtenido 357 condenas, según Fusades.
“El problema que más preocupa en el país es el tema de la delincuencia… eso mina el clima de inversión y también reduce todas las oportunidades que puede tener El Salvador en pro de la inversión y del empleo, que es uno de los factores más importantes para poder hablar de un clima de negocios más favorables”, señaló Marjorie de Trigueros de Fusades.
También, el centro de estudios le preocupa el alza de los homicidios que se ha registrado en el primer semestre de este año, con respecto al mismo período del año pasado y en el que aún estaba en vigencia la denominada tregua entre las pandillas.
Señala la referida institución que si se compara el primer semestre de 2013 con el primer semestre de este año se tiene que en 2013, en ninguno de esos meses, se sobrepasó los 200 homicidios, mientras que en 2014, en ninguno de esos meses se ha bajado de 200 homicidios.
“Esto nos parece llevar a la conclusión lógica de que la tregua (entre pandillas) ha finalizado, tuvo su momento, un momento de oscuridad, falta de transparencia, pero que redujo los homicidios”, expresó Óscar Pineda, investigador del Departamento de Estudios Legales de Fusades.
En el segundo semestre del año pasado, las autoridades registraron 1,440 asesinatos, con un promedio, en el orden de los ocho crímenes por día, mientras que en el primer semestre de este año, se produjeron 1,838 homicidios, es decir, que 10 salvadoreños murieron por día en ese período.
Además, las cifras anteriores reflejan un incremento del 27.6 por ciento con respecto al periodo de julio a diciembre del año pasado.
“Esperamos que estos planes se apliquen adecuadamente, se apliquen de una forma inteligente, y que ayuden a resolver el problema de inseguridad que vive el país. Creo que el país ha venido pasando de estrategias en estrategias de seguridad que han sido poco efectivas, y lo que tenemos es un problema que cada vez se agrava más”, explicó Javier Castro.
Otro de los problemas que siguen afectando a los pequeños empresarios, comerciantes y a la población en general son las extorsiones, por muy pequeñas que sean las cantidades de dinero que exigen las pandillas.
Destaca el informe de Fusades que el Estudio Mundial sobre el Homicidio, El Salvador figura como el cuarto país más violento del mundo, con una tasa de 41 homicidios por cada 100,000 habitantes, incluso mayor al de países que, actualmente, se recuperan de conflictos armados internos como Afganistán, cuyo promedio ronda los 9 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Otro estudio de tres organizaciones internacionales, denominado “Otras situaciones de violencia en el Triángulo Norte de América Central”, revela que El Salvador tiene una tasa de mortalidad criminal de las más elevadas que las que tuvo durante el conflicto armado interno.
El estudio de Fusades contempla, además, las pocas condenas que han logrado las autoridades fiscales y policiales en cuanto a los homicidios.
Detalla que el año pasado, la Fiscalía reportó 2,750 casos de homicidios, pero llevó a los tribunales de justicia a 4,529 acusados (en un mismo caso puede haber más de un imputado). Sin embargo, solo se condenaron a 831 homicidas , lo que representa que de cada 10 procesados por ese delito solo dos de éstos son condenados. También hubo 548 acusados que fueron exonerados del cargo de homicidio.
En los primeros cuatro meses de este año, la Fiscalía llevó 1,395 casos de homicidios a los tribunales de justicia y se obtuvieron 258 condenas por ese delito.
También cuestiona el poco combate que le han dado las autoridades correspondientes al delito de las agrupaciones ilícitas, en especial a las pandillas, pese a que la pertenencia a esos grupos es ilegal.
Señala el informe que los registros de la Fiscalía detallan que desde que entró en vigencia la reforma que criminalizaba la pertenencia a pandillas, solo se han obtenido 145 condenas de cabecillas o financistas de esos grupos. Sin embargo, cuestiona las pocas condenas que se han logrado por el simple hecho de pertenecer a las pandillas, tal como lo señala el Código Penal.
Preocupa a Fusades el hecho de que el ingreso de menores a las pandillas se haya incrementado en un 20 por ciento en los últimos tres años, basado en un estudio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Fusades recomienda la profesionalización de las instituciones que velan por la seguridad ciudadana, en el sentido de mejorar los sistemas de ingreso, control de sus integrantes, así como mantener una depuración de los malos integrantes.
Además, sugiere que el nuevo Gobierno impulse una política más efectiva para el combate de la criminalidad, que incluya la prevención, combate y rehabilitación.