Tras 19 horas de audiencia, el Juzgado Antimafia de Instrucción de San Salvador le otorgó libertad condicional al sacerdote pasionista español Antonio Rodríguez López-Tercero, ayer en la madrugada.
Sin embargo, el también conocido como Padre Toño continúa detenido tras sumársele otra acusación por supuestos vínculos con el cabecilla de la mara 18, Carlos Ernesto Mojica Lechuga, (a) Viejo Lin.
En la misma audiencia comparecieron 126 acusados más por diferentes delitos de crimen organizado y corrupción judicial. De estos, cuatro abogados y una persona más también recibieron libertad condicional.
Los otros 121 acusados permanecerán detenidos durante cinco meses, mientras se sigue el proceso y se va a otra audiencia para determinar si comparecerán en un juicio.
Entre las condiciones que le impuso el tribunal al padre Toño se encuentran la prohibición de relacionarse con las pandillas, no salir del país sin el permiso del juez, no ingerir bebidas alcohólicas y presentarse a firmar cada mes.
Ayer por la mañana, la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía presentó nuevos cargos contra el sacerdote pasionista y a 37 pandilleros de la mara 18 en el Juzgado Antimafia de Instrucción B.
El padre Toño, como se le conoce, tendrá que responder por los delitos de tráfico de objetos prohibidos al penal de Cojutepeque, Cuscatlán y por agrupaciones ilícitas.
Para hoy ha sido programada otra audiencia para decidir la suerte del sacerdote y los 37 pandilleros de la 18, entre ellos el Viejo Lin.
Intervienen teléfonos
Este segundo caso partió de la investigación de una extorsión que comenzó en los alrededores del mercado Colón de Santa Ana y en la cual se intervinieron con orden judicial los celulares de los extorsionistas.
“Se establece la participación y el contacto permanente en el lapso de marzo del presente año hasta principios de julio, que termina esta intervención telefónica por parte del padre Antonio Rodríguez como colaborador de la agrupación ilícita, teniendo contacto permanente con el señor Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias el Viejo Lin”, dijo el fiscal Álvaro Rodríguez.
El funcionario explicó que la denuncia de la extorsión fue interpuesta por un residente de Santa Ana, que pasó pagándole por mucho tiempo a los delincuentes hasta que recurrió a las autoridades el año pasado.
A raíz de esa denuncia, se comenzó a investigar a un grupo de pandilleros de la mara 18 que operan en la zona, como los posibles extorsionistas.
La víctima les pagaba 1,040 dólares cada quince días, según el fiscal Rodríguez.
Después de que la Fiscalía y la Policía identificaran a los extorsionistas se gestionó la orden judicial para intervenir los teléfonos celulares de los cabecillas de la organización.
Las investigaciones revelaron que las extorsiones eran ordenadas supuestamente por Mojica Lechuga, el Viejo Lin, desde el penal de Cojutepeque, Cuscatlán.
Además, según la Fiscalía, lo secundaba Juan Carlos Martínez Amaya, alias el Pitufo.
Cuando la Fiscalía descubrió que Mojica Lechuga estaba detrás de las extorsiones, pidió que se extendiera la intervención telefónica para el Viejo Lin.
Fue precisamente en esas intervenciones que la Fiscalía se da cuenta que el padre Antonio Rodríguez se comunicaba con el Viejo Lin, quien le pedía que “gestionara el traslado de reclusos de alto riesgo del penal de Zacatecoluca, hacia otros penales de menor seguridad, entre estos reos está Douglas Geovani Velázquez Navas, apodado el Payaso”, explicó el fiscal Rodríguez.
Además, de acuerdo con el funcionario, el sacerdote gestionaba, a petición del Viejo Lin, que se redujera la potencia de los bloqueadores de la señal de celulares en la zona de Cojutepeque.
También se estableció, a través de la intervención telefónica, que el sacerdote ingresaba objetos prohibidos a los penales, según la Fiscalía.
“Nace todo de una investigación de extorsión, y es de esa investigación que se hace un hallazgo casi inevitable, del nexo del padre Antonio Rodríguez con Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias el Viejo Lin”, insistió Rodríguez.
La investigación se ha extendido hacia personal de Centros Penales, para descubrir si hay alguien de esa institución que podría haber colaborado con el padre Toño para introducir objetos sin ningún control.
“En el caso particular, hay indicios suficientes de las escuchas telefónicas, acerca del ingreso de objetos que son prohibidos por la Ley Penitenciaria, como televisores, ventiladores, aparatos de sonido, joyas, cadenas y hasta celulares”, dijo Rodríguez, quien aclaró que el sacerdote, en ningún momento está siendo acusado por extorsión.
FGR considera apelar
Con respecto al primer proceso judicial en el que le otorgaron la libertad condicional al padre Toño, el jefe de la Unidad de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Arriaza, dijo que estudiarán si amerita apelar contra la posibilidad de que pueda salir hacia el extranjero.
“Recordemos que esta persona sale de forma cotidiana a Europa. En su momento tiene que ser valorado eso. Además, tenemos elementos de que estas personas pueden darse a la fuga, las personas que están siendo procesadas, tal como lo hizo alguien que inmediatamente tuvo conocimiento (de la redada), decidió irse al extranjero”, dijo Arriaza.
Reiteró que parte de las evidencias que se tienen en contra del padre Antonio, están los 14 audios de las llamadas telefónicas que le hiciera el sacerdote a José Timoteo Mendoza Flores, apodado el Chory y cabecilla de la mara 18, recluido en el centro penal de Cojutepeque.
“Si se está procesando es porque tiene vínculos con la estructura que también estamos procesando… hay un contacto directo entre las personas que están detenidas y el padre Antonio Rodríguez, y es ese vínculo, el que nos lleva a acusarlo”, dijo Arriaza.
Agregó que “no es que antojadizamente que la Fiscalía ha requerido, recordemos la calidad de personas que estamos procesando en este caso, que llevamos de todas las instituciones y no podemos decir que solo estamos llevando a una, que es algo político… van desde fiscales, colaboradores judiciales y hasta policías”.
Reitera que es inocente
Al salir de la audiencia, a eso de las 3:30 de la madrugada de ayer, el padre Toño aseguró que seguirá sometiéndose al proceso judicial porque dice ser inocente.
“Lo bueno es que tengo la conciencia limpia, de que nunca me agrupé ilícitamente, siempre me agrupé y me apuntaba para la paz y para construir paz”, aseguró Rodríguez.
Sostuvo que la nueva acusación que le han abierto tiene que ver con los mismos hechos y delitos del primer caso, por lo que espera que el juez lo exonere de forma definitiva, por no existir las pruebas en su contra.
El abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ulises del Dios Guzmán, quien también defiende a dos abogados involucrados, sostuvo que las conversaciones grabadas en el Centro de Intervención Telefónica, los fiscales han interpretado a su manera las pláticas sostenidas entre varios de los acusados y que no revelan delito alguno.
“La Fiscalía no presenta la descripción de los hechos, sino que presenta transcripciones de las intervenciones, que son interpretaciones fiscales, es decir, lo que ellos entienden de algunas cosas”, dijo Guzmán.
Para el abogado, “la descripción es bastante abstracta y ambigua, en el caso donde hay una única descripción”.
Agregó que otras de las deficiencias fiscales en cuanto al proceso que se le sigue a los acusados por delitos de corrupción judicial, es que en ningún momento se refieren a un caso judicial específico, en el que se supone hubo dinero de por medio, para favorecer con la libertad o con medidas a varios acusados.