La Ley de la Función Pública sigue sin ver la luz, pues a nueve meses de haber sido entregado el proyecto a la extinta Secretaría de Asuntos Estratégicos, este ni ha sido presentado a la Asamblea Legislativa para su aprobación, ni ha vuelto a ser sometido a la discusión de los diferentes sectores de la sociedad.
Nueve meses han pasado desde que la subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización entregó la propuesta y este ha quedado engavetado por el nuevo Gobierno, el cual, según la anterior administración, debía someterse a otra serie de consultas para enriquecer aún más su texto.
Gregorio Montero, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), ha colaborado en el proceso, a petición de las autoridades y también con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), recalca la importancia de contar con una ley actual y que si bien es natural que exista resistencia en algunos sectores, es importante la modernización del aparato estatal.
¿Cómo ve que a nueve meses de haber sido entregado el proyecto de la Ley de la Función Pública aún no ha sido impulsada en la Asamblea Legislativa para su pronta aprobación?
Los procesos de transición, de alguna manera, ralentizan las acciones porque cuando hay un nuevo Gobierno, independientemente que sea del mismo partido, tiene que tener un compás de espera, un espacio para reestructurarse. Y si bien uno quiere que esto marche y que nunca el ritmo se detenga, pero eso es entendible, el riesgo de estas situaciones es que se prolongue mucho y entonces el tema, un tema tan importante como es el de la profesionalización de la función pública, pierda fuerza y vigencia, porque ya se ha logrado en El Salvador despertar el interés de muchos sectores respecto al contenido de una nueva ley de Función Pública para sustituir la Ley del Servicio Civil del 61.
¿Se han reunido con el Gobierno para saber porqué ha quedado paralizado el impulso a este proyecto?
Efectivamente, nos hemos reunido con las nuevas autoridades que asumirán este tema de la transformación del Estado, la reforma de la administración pública, la modernización y el fortalecimiento institucional y la información que nos dieron es que continuarán impulsando este proceso, continuarán profundizando la discusión de la propuesta para luego someterla a la Asamblea Nacional y que seguirán requiriendo la cooperación y el apoyo de nuestro organismo, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Es decir, que se ha planteado la continuidad del Estado, como debe ser, en el impulso de este propuesta normativa que se ha estado discutiendo en los últimos meses aquí, en este país.
¿Y señalaron qué aspectos del proyecto serían los que someterán más a la discusión de los sectores?
No entramos en esos detalles, pero yo asumo que producto de que algunos sindicatos, y como he dicho en otras ocasiones a los sindicatos hay que escucharlos, hay que llegar a acuerdos con ellos en aquellos aspectos donde una ley de esta naturaleza lo permite, porque una ley de profesionalización de la función pública fundamentada en el mérito está fundamentada en la estabilidad, está fundamentada en la evaluación del desempeño.
Esto debe de ser tema permanente en una ley de este tipo, pero también sabemos que hay muchas aprehensiones por parte de muchas organizaciones sindicales, entonces lo que hay es que sentarse con ellos, que se ponga todo sobre la mesa con franqueza, porque a nuestro juicio y eso lo comentábamos con las autoridades, hay que empoderar a los servidores públicos sobre el contenido de la ley.
No es una tarea sencilla pues son muchos empleados públicos, pero hay que tratar de llegar a una buena cantidad. Lo que si es que hay una decisión, por lo que nos han comentado, es continuar impulsando y que esto, en el momento oportuno, pueda ser sometido a la Asamblea.
Usted dice que ninguna ley es perfecta y que siempre es necesario someterla a reformas en el tiempo. Ya que conoce todos los anteproyectos que se han elaborado hasta el momento, ¿es bueno este último proyecto que se tiene o es necesario seguir realizándole cambios?
Si la propuesta se aprobara como está, sería una ley funcional y una ley que estaría a tono con lo que está sucediendo en toda la región y con la Carta Iberoamericana de la Función Pública del CLAD.
Esta propuesta que ustedes tienen recogen los principios fundamentales, recoge las normas que permiten el desarrollo de un sistema de carrera administrativa, reconoce los derechos de todos los involucrados, pero también establece deberes para los trabajadores del Estado. Claro, ustedes tienen realidades que son muy particulares, pienso que esas son las cuestiones que deben de abordar para ver si pueden hacer algunos ajustes a la propuesta.
Evidentemente, cuando esto llegue a la Asamblea Legislativa como debe ser, va a recibir algún tipo de readecuación, de acomodamiento, porque eso es lo que ocurre. Tú no le vas a llevar a la Asamblea una propuesta de ley y obligatoriamente la Asamblea va a aprobarla así, eso no funciona así, porque ellos son los facultados para tomar la decisión.
Lo que hay que tener cuidado de que cualquier cambio que se haga no vaya a afectar la naturaleza del sistema y vaya luego a afectar la aplicación efectiva de la misma. Desde el CLAD entendemos que como está el anteproyecto puede ser sometido, puede ser aprobado y va a funcionar de manera correcta. Desde ustedes, los salvadoreños, si esto requiere algunas readecuaciones, ahí tienen la oportunidad, porque fíjate que ahí hay algunos sectores, sobre todo sindicales, que se han pronunciado como si esto ya es una ley y como que ya no hay oportunidad de hacer nada. ¡Como no! Es que todavía, cuando llegue a la Asamblea, es seguro que van a llamar a consulta. Creo que el acuerdo fundamental que debe de darse en esta etapa es que hay que aprobar una Ley de Función Pública para poder salir exitoso del proceso de reforma y de transformación del Estado salvadoreño.
No se puede dar un cambio en la institucionalidad sin una ley de esta naturaleza, sin un sistema de méritos en la administración pública, no hay continuidad de Estado, las cosas se quedan a la mitad y ya la experiencia nos lo dice.
Mencionaba usted también, y la realidad salvadoreña no escapa a la de otros países, que muchos gobiernos se resisten a implementar este tipo de ley por el clientelismo político. ¿Cree que es una tendencia esto que se está dando?
Es como una etapa que se vive en casi todos los países donde se ha estado impulsando una normativa y un sistema de este tipo. En principio, hay resistencia, algo que es natural sobre todo tratándose de una ley que de alguna manera resta, no poder, es que le resta discrecionalidad a determinadas autoridades públicas que tienen una concepción errada de lo que es el poder, porque el poder quien lo tiene es el pueblo, el ciudadano.
El que está en el cargo público lo que hace es ejercer ese poder en nombre de su titular real que son los ciudadanos. La tendencia ha sido a que en una etapa hay oposición de algunos sectores políticos a la aprobación de una ley de este tipo.
Dependiendo de cómo la ciudadanía y los distintos sectores de la sociedad asumen el impulso de la ley ya no le queda alternativa, pero además, siempre hay un sector político que entiende que esta ley es necesaria porque uno tiende a pensar que todos los políticos son iguales.
Esa es una tendencia que tiende a neutralizarse porque al final, cuando le pasa revista a la región, prácticamente todos los países tienen una ley del servicio civil y de carrera administrativa moderna y los que no la tienen están en proceso de reforma.
Cuando no hay un sistema de empleo público sobre una base profesional, sobre una base meritocrática, bajo el principio de la estabilidad y la posibilidad de ascender a posiciones de mayor jerarquía en tanto tu mérito, la posibilidad de tener un salario equitativo, el ciudadano siente la diferencia inmediatamente. Cuando no tienes el modelo, ¿qué sientes? insatisfacción, porque hay una relación de clientela en la administración pública, donde los cargos se asignan no en función de tu capacidad y tu honestidad sino en función de tus relaciones primarias o tu pertenencia a un partido político. Todos estos elementos son parte del proceso. Por eso lo importante es que todos los sectores se unan y participen para que lo que salga en definitiva tenga la legitimidad y luego se exija la aplicación efectiva.