Los tres jueces especializados de San Miguel señalados por la Fiscalía General de los delitos de cohecho (aceptar soborno) y agrupaciones ilícitas habrían favorecido en 12 procesos penales diferentes a varios pandilleros acusados de narcotráfico y extorsión, según las investigaciones.
Los funcionarios que habrían transgredido la ley son el juez especializado de Sentencia Enrique Beltrán; su suplente Rodolfo Castillo, así como al juez especializado de Instrucción, Jorge González.
Un delegado fiscal aseveró ayer —antes de presentar la acusación contra los imputados en el Juzgado Primero de Paz de San Miguel— que un delincuente pagó a uno de los jueces (no especificó a quién) $10,000 para que lo dejara en libertad.
Inicialmente se le exigió al procesado $15,000 a cambio de absolverlo de cargos, pero después de que una empleada de ese juzgado, quien también está siendo procesada, actuara como intermediaria el juez antimafia habría aceptado recibir un monto menor.
El día del fallo, el juzgador lo puso en libertad como se acordó previamente, de acuerdo con las pesquisas.
La cantidad de personas que habrían sido favorecidas por los funcionarios no fue determinada por el Ministerio Público porque, según el fiscal, hay casos en los que se benefició a varios imputados.
“Depende de los procesos porque en unos hay una pluralidad de sujetos, en donde se ha negociado con dos o tres imputados. En las audiencias los vamos a establecer”, señaló el fiscal del caso.
El Juzgado de Paz programó para hoy, a las 10:00 de la mañana, la audiencia inicial contra los jueces especializados.
En la diligencia los fiscales pedirán que se les decrete la detención provisional y no se les otorgue medidas alternas porque, según el representante del Ministerio Público, los delitos que les imputan son graves, según el artículo 18 del Código Penal, y porque “hay riesgo de fuga”.
Juez imputado: “Son delitos de bagatela”
Entre las pruebas con las que la Fiscalía pretende demostrar la culpabilidad de los imputados están los audios de las llamadas telefónicas que les fueron intervenidas a los jueces durante cuatro meses.
En ellas supuestamente se escuchan las coordinaciones que hacían los jueces con empleados judiciales o defensores de los imputados que buscaban ser favorecidos a cambio de dinero.
El juez suplente de Sentencia, Rodolfo Castillo, negó ayer los señalamientos que se le hacen y aseguró que la conversación que le fue interceptada era con su esposa, con quien estaban tratando un asunto familiar.
“Toda mi vida de honrado, de 60 años, solo aparezco en cuatro llamadas… Con la que hablé es con mi esposa; pero es el viejo truco de la Fiscalía: como saben que son delitos de bagatela (de poca importancia) pero desprestigiadores”, dijo Castillo.
Por su parte, el juez González dijo desconocer las razones por las que la Fiscalía lo está acusando, pues según él, “nunca” favoreció con medidas alternas a la cárcel a ningún acusado de narcotráfico.
“Todos los narcos que están detenidos en la zona oriental desde el 1 de abril de 2007 me los habían pasado a mí y a todos les decreté detención, nunca he puesto en libertad a narcotraficantes”, se defendió González.
El fiscal General, Luis Martínez, afirmó en días pasados que los tres jueces señalados “han solicitado incentivos económicos por fuertes cantidades de dinero que pueden ascender a cientos de miles de dólares… Estos jueces se han enriquecido con favores a delincuentes que han aterrorizado por muchos años a nuestro país”.
Los imputados fueron arrestados la tarde del martes, luego de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia accedieran a la petición del Ministerio Público de retirarles el fuero para que pudieran ser procesados penalmente.
A juicio de González, el hecho de que los magistrados les hayan retirado la inmunidad no les afecta porque con ello no los están culpando, solo los ha suspendido para que resuelvan su situación jurídica.
No obstante, el juez especializado de Instrucción se mostró sorprendido porque la Corte en Pleno “resolvió velozmente” la petición fiscal.
“Ojalá que esto siente un precedente para todos los casos que tenga la Sala”, señaló el funcionario.
Los delitos que se les imputa a los tres jueces, son castigados con penas de cárcel que van de los cuatro a los seis años.