Luego de la audiencia sobre medidas cautelares realizada en el centro de arreglos del Banco Mundial (BM), el 18 de julio, los tres árbitros: Alejandro Escobar, chileno-estadounidense que funge como presidente del tribunal; Óscar Garibaldi, argentino-estadounidense y Raúl Vinuesa, argentino español, acordaron pedir a las partes en conflicto enviar información pormenorizada de algunos puntos tocados en ese primer encuentro.
En las dos semanas y media transcurridas desde entonces, ambos equipos han enfilado con escritos dirigidos al tribunal donde reseñan aspectos de sus reclamos, y que han llegado hasta caldear los ánimos de los equipos legales, tanto de Foley Hoag, como defensor de El Salvador, así como de Clifford Chance, bufete que representa a Enel Green Power en Washington.
El jefe de abogados defensores del país, Luis Parada, reconoce que el momento oportuno para sentarse a un arreglo negociado es antes de una audiencia, porque pasado ese momento, ambas partes ya han sacado su “artillería pesada” y con sus argumentos en corte y los escritos sucesivos se alejan cada vez más las posturas conciliatorias.
Es lo que a juicio de Parada está pasando en este momento, en los días transcurridos la retórica en los escritos se ha vuelto cada vez más agresiva.
“Entiendo que Enel sí está haciendo acercamientos con el gobierno, incluso desde antes que tomara posesión el presidente Sánchez Cerén, pero quizá no han informado a su equipo de abogados aquí en Washington, porque ellos están en una posición muy agresiva y hasta ofensiva”, comentó Parada.
El tribunal arbitral ha decidido que ambas partes expliquen y clarifiquen informaciones que les ayudarán a tomar una decisión sobre esta etapa de proceso, aunque Enel se encuentra en la disposición de encontrar una “solución negociada” al respecto.
Entre los requerimientos de los jueces figuran puntos como el valúo utilizado por la Fiscalía General de la República (FGR) para el encausamiento penal contra una veintena de exfuncionarios de gobierno y exempleados de Enel, con lo que se impuso el embargo preventivo.
Los abogados de Enel argumentaron ante los jueces que la fiscalía arbitrariamente no tomó en cuenta el informe técnico o peritaje realizado por la Corte de Cuentas de la República (CCR), que certificó una cifra que se acerca al valor real accionario de LaGeo al momento del asocio, como el tasado por la institución financiera internacional contratada para hacer el estudio de factibilidad y búsqueda del socio estratégico.
Sin embargo, la Fiscalía ponderó un informe realizado por un despacho relacionado con el exministro de Agricultura y Ganadería , Pablo Ochoa, y solicitado a conveniencia por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
De la inflada cifra que presentó la Fiscalía como supuesto daño al patrimonio del Estado salvadoreño en el litigio que está abierto en el país es de donde la instancia judicial salvadoreña decretó el embargo preventivo contra la compañía por más de $2,000 millones, por lo que ha acudido al tribunal del CIADI para pedir medidas provisionales por “la abusiva y desproporcionada requisa de la que ha sido objeto”.
Pero el abogado defensor, Luis Parada, sostiene que la legislación salvadoreña permite a una parte interesada presentar su propio valúo de daños y que no hay irregularidades en que la FGR haya dado más ponderación a un informe que otro, recalcó.
Se espera que los tres árbitros emitan en los próximos días un veredicto sobre la solicitud de Medidas Cautelares peticionada por Enel para liberarse del embargo impuesto por el sistema judicial salvadoreño bajo acusación de daño al patrimonio del país con el asocio público-privado.