Tres jueces que fueron desaforados ayer en la mañana por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fueron detenidos horas después por la Policía Nacional Civil en diferentes colonias de San Miguel, confirmó la Fiscalía General.
Los detenidos son José Rodolfo Castillo, juez suplente especializado de Sentencia; Jorge González Guzmán, juez especializado de Instrucción y Enrique Beltrán, juez especializado de Sentencia, agregó el Ministerio Público.
Los juzgadores son acusados de favorecer a varios pandilleros en procesos judiciales que estaban en los tribunales que dirigían.
Ayer, antes de una de las detenciones, una patrulla policial permaneció frente a la casa del juez González. Un equipo de El Diario de Hoy consultó a los agentes sobre las razones de su permanencia en la zona y dijeron que era patrullaje de rutina.
En la vivienda contiguo a la de González, que según vecinos también es de su propiedad, había un grupo de mujeres con uniformes del Órgano Judicial y, al consultarle a una de ellas por el juez, aseguró que “no se encontraba, no sé a qué hora regresa y no puedo decirle una dirección dónde encontrarlo”, dijo la mujer.
En la mañana, los magistrados ordenaron el desafuero de los tres jueces antimafia de la zona oriental, por supuestamente dejar en libertad a un grupo de pandilleros a cambio de recibir dinero (delito de cohecho).
Los 15 magistrados que asistieron a la sesión de Corte Plena votaron unánimemente y ordenaron que se envíe el proceso al Juzgado Primero de Paz de San Miguel para que la Fiscalía presente las acusaciones.
Durante las discusiones, algunos magistrados valoraron la posibilidad de realizar varios trámites para tener más certeza de los señalamientos, así como lo ordena el Código Procesal Penal.
Sin embargo, tras revisar las evidencias y las transcripciones de las llamadas donde los jueces tienen comunicación con los otros imputados, se concluyó avalar el desafuero.
La semana pasada, en otra sesión de Corte Plena, los magistrados suspendieron a los juzgadores e iniciaron las diligencias para el desafuero, después que el Fiscal General, Luis Martínez, pidió el desafuero el pasado 30 de julio.
Los magistrados nombraron a los tres juzgadores suplentes la semana anterior y prohibieron a los señalados tener acceso a los expedientes y documentos en el interior de los Juzgados Antimafia de San Miguel.
Ambos jueces se han declarado inocentes, semanas atrás, y alegaron que no hay pruebas en su contra.
Jueces piden cambio de todo el personal
Fuentes judiciales del oriente del país informaron, el lunes pasado, que los jueces recién nombrados pidieron al presidente de la Corte Suprema, Óscar Armando Pineda, que remueva a los empleados de los referidos tribunales.
El presidente Pineda inició las diligencias y se reunió con los gerentes de Administración, Recursos Humanos y Seguridad para proceder el cambio del personal en las próximas semanas, dijeron las fuentes de la Corte Suprema.
La Fiscalía acusó a los funcionarios, junto a cuatro empleados judiciales, dos fiscales, un exfiscal, 12 policías y ocho abogados, de recibir sobornos para favorecer con la libertad a decenas de imputados que fueron procesados por distintos delitos en esos tribunales.
El fiscal Martínez afirmó, el día que pidió el desafuero, que los acusados “han solicitado incentivos económicos por fuertes cantidades de dinero que pueden ascender a cientos de miles de dólares… que estos jueces se han enriquecido con favores a delincuentes que han aterrorizado por muchos años a nuestro país”, declaró.
Hace dos semanas, la Policía arrestó al secretario y una colaboradora del Juzgado Antimafia de Sentencia de San Miguel, Óscar Flores Granados, y Estela Margarita Cortez Zavala. La empleada del Juzgado Antimafia de Instrucción, Marlyn Carballo Flores, y la colaboradora del Juzgado de Familia de La Unión, Reina Rubetina Robles.
Además, fueron acusados los fiscales Salvador Ruiz Pérez y Patricia María Hernández.
El lunes pasado, una jueza antimafia de San Salvador ordenó la cárcel para 126 acusados por diferentes delitos de crimen organizado y corrupción judicial, según las acusaciones.
De estos, cuatro abogados y una persona más también recibieron medidas sustitutivas a la cárcel.
Los otros 121 acusados permanecerán detenidos durante cinco meses, mientras se sigue el proceso y se va a otra audiencia para determinar si comparecerán en un juicio.
En el proceso también están incluidos 12 policías destacados en la zona oriental, entre estos el jefe y siete agentes de la Unidad Antinarcóticos de la Policía en San Miguel.
Los policías antinarcóticos están señalados de colaborar con una organización dedicada al narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos. A los otros cuatro agentes se les atribuye tener vínculos con pandilleros de La Unión.