Un grupo de organizaciones proinmigrantes e iglesias del Área Metropolitana de Washington arrecian la campaña para evitar que el gobierno de los Estados Unidos retorne a sus países de origen a los menores de edad que han llegado solos a la frontera estadounidense.
Los niños, que por ahora están bajo custodia de las autoridades estadounidenses, provienen de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Unas nueve organizaciones, que agrupan a otras instituciones que trabajan con el tema inmigratorio, sostienen que ante la crisis en la frontera el gobierno de Estados Unidos debe responder con “medidas de alivio y no deportación”.
Desde la noche de lunes, los activistas se han concentrado en las afueras de la Casa Blanca como una medida de presión para pedir que los menores permanezcan en suelo estadounidense, porque los países de donde son nativos representan serios peligros para su integridad ante la ola de violencia que viven.
Los activistas insisten en que los inmigrantes –que han copado los albergues del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, en Texas y Arizona– son víctimas sistemáticas de la violencia y que su migración responde a una crisis de seguridad sin precedentes en el Triángulo Norte de Centroamérica.
“Vamos a luchar por las familias hasta que nuestros seres queridos estén unidos, a salvo de la explotación…vamos a exigir un alivio administrativo para todas las familias indocumentadas que sea amplio y profundo”, asegura Gustavo Torres, director ejecutivo de Casa de Maryland, que se ha expandido hasta Virginia.
La legisladora salvadoreña en Maryland, Ana Sol Gutiérrez, anunció entusiasmada que se ha adherido a la campaña el gobernador de Maryland, Martin O’Malley, para exigir a la Casa Blanca desistir del camino de la deportación como una solución a la crisis de los menores inmigrantes.
“Necesitamos más líderes fuertes como el gobernador O’Malley para hablar en defensa de los niños vulnerables”, expresó Gutiérrez, quien espera que más voces se sumen para exigir al presidente Obama y al Congreso que agilicen medidas en favor de los inmigrantes.
Cindy Monge, una joven centroamericana de 19 años, quien tiene beneficios legales por haber entrado antes de cumplir la mayoría de edad y estar inscrita en la escuela al momento de aprobar la “Acción Diferida”, apoya al movimiento para mostrar el rostro humano y de oportunidades que se abren para los jóvenes que como ella se beneficia de medidas para estar de manera legal en EE. UU.
“Yo estuve en un centro de detención. Sé cómo se siente. Da mucho miedo”, explicó la joven, quien critica la dureza del gobierno estadounidense al no liberar a los menores para que se reúnan con familiares en Estados Unidos.