Integrantes del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) pidieron ayer la destitución del director de Centros Penales, Rodil Fernando Hernández Somoza, durante un paro de labores que realizaron durante varias horas.
La protesta incluyó la entrada principal de la colonia Santa Adela, de San Salvador y el cierre de las instalaciones del edificio central de Centros Penales. Además, otro local que sirve como anexo.
Durante el inicio de la protesta, los custodios y agentes de la Policía Nacional Civil cerraron las puertas del edificio con esposas y candados. Todos portaban fusiles y gorros pasamontañas.
Durante el cierre de las instalaciones, hubo discusiones verbales entre los mismos empleados y agentes de la Policía por los bloqueos.
Entre las peticiones que realizaron los sindicalistas estuvo la destitución de Hernández Somoza, por supuesta corrupción, ya que los empleados aseguran que en la misma dirección de Centros Penales, trabajan siete familiares del referido director.
Los protestantes aseguraron que en Centros Penales trabajaba la esposa del funcionario Alba Beatriz Hernández, quien era la jefa de sicología del Consejo Criminológico, hasta hace pocos días.
Los informantes agregaron que hace poco Alba Beatriz renunció a su cargo y obtuvo una plaza en la Corte Suprema de Justicia.
Los trabajadores indicaron que también Encarnación, Andrea y Daniela, todas de apellido Hernández, son sobrinas del director general.
Una de las empleadas es la trabajadora social del Consejo en Santa Ana, la otra labora en la Oficina de Información y Respuesta y otra, es la asistente de Rodil Hernández.
También, acusan al exdirector Nelson Rauda de tener a dos sobrinos y un cuñado trabajando en la institución de gobierno. Además, afirman que el exdirector Douglas Moreno tenía a la esposa y a otro pariente laborando.
En total son 44 personas entre jefes y empleados, los que realizan el nepotismo, afirmaron los protestantes.
Los empleados agregaron que exigen la aprobación de un contrato colectivo que les permita un bono de 500 dólares en junio y diciembre y otras prestaciones.
Los sindicalistas denunciaron que existen trasladados arbitrarios a varias cárceles. Ejemplificaron que hay empleados que viven en Ahuachapán y han sido trasladados hacia cárceles situadas en el oriente del país.
Por su parte, Rodil Fernando Hernández Somoza aclaró a un medio de televisión que las acusaciones de los familiares son falsas y que hubo un bono el año pasado, sin la necesidad de presiones del sindicato.
“Que la hija de la vecina del gobernador, se van a inventar cualquier cosa. Es segunda vez que lo hacen. La vez anterior las personas que mencionaron presentaron las denuncias… son calumnias”, expresó Hernández.