La Fiscalía General ha abierto “de oficio” una investigación formal sobre el robo de cuatro ametralladoras M-60 del Regimiento de Caballería, con sede en San Juan Opico, La Libertad, confirmaron fuentes del Ministerio Público.
Según las fuentes, el Fiscal General, Luis Martínez, tuvo conocimiento de la desaparición del armamento por informes de la Inteligencia del Ministerio Público e inmediatamente ordenó “de oficio” –por iniciativa propia– el inicio de las indagaciones.
El Ministerio de la Defensa Nacional detalló ayer, mediante un comunicado, que las ametralladoras son del calibre 7.62 mm. y, según militares consultados, pueden disparar más de 500 balas por minuto con un alcance efectivo de poco más de mil metros.
En dicho documento, con fecha 7 de julio, se asegura que la institución castrense ya ha realizado sus propias investigaciones, pero también ha pedido al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos su colaboración.
Pese a que Defensa asegura que denunció la pérdida a la Fiscalía, las fuentes del Ministerio Público lo negaron.
El comunicado de Defensa asegura que la Fiscalía General de la República (FGR) “ya fue informada sobre el caso y está realizando las investigaciones correspondientes con la colaboración entera de la institución castrense”.
Pero las fuentes reiteraron que aún no han recibido notificación alguna al respecto.
A pesar de que el Ministerio de Defensa no especifica de qué tipo son las ametralladoras robadas del Regimiento de Caballería, El Diario de Hoy tuvo conocimiento de que son de las que se instalan en vehículos, blindados o no, como equipo de apoyo pesado.
Sin embargo, militares consultados indicaron que algunos de esos pertrechos pueden ser utilizados como armas de infantería, es decir, como portátiles.
Arrestos
De acuerdo con el aviso de Defensa, fue el pasado 21 de junio cuando se procedió a iniciar las investigaciones sobre la desaparición de las cuatro ametralladoras.
El 22 de junio, El Diario de Hoy tuvo conocimiento del robo de las cuatro metralladoras juntamente con varios morteros de 81 mm., pero nadie lo confirmó oficialmente.
Sin embargo, informantes de este periódico indicaron que el faltante del referido armamento fue notado por los militares cuando hacían los preparativos para el despliegue militar del 1 de junio anterior, en ocasión del traspaso de mando presidencial.
Las ametralladoras serían empotradas en igual cantidad de vehículos militares, afirman las fuentes militares.
De acuerdo con el comunicado de Defensa, por la desaparición del armamento, calificado según el Código de Justicia Militar como hurto militar, fue capturado un oficial y dos efectivos de tropa.
No obstante, dicho documento no especifica el rango del oficial ni de los otros dos y menos sus identidades.
Según Defensa, la investigación militar pretendía determinar el motivo del “faltante”, el paradero de las armas y el posible involucramiento de otros sujetos en el hecho.
Presidente informado
El presidente Salvador Sánchez Cerén afirmó ayer mismo que hace 15 días supo de la desaparición de las cuatro ametralladoras M-60 a raíz de que el Ministro de la Defensa, David Munguía Payés, le informó del hecho.
“Hace más de 15 días el ministro de Defensa me informo del desaparecimiento de esas ametralladoras pero que ya tenían capturas”, dijo.
Sánchez Cerén también subrayó que no era la primera vez que ocurría. “Esperamos un informe final para que a partir de ahí ver las medidas que el Alto Mando propondrá para corregir estas deficiencias”, acotó.
Esta es la enésima vez que al interior de la FAES se conoce de la desaparición o robo de armamento o explosivos.
Recientemente, siete militares, entre oficiales de bajo rango y personal de tropa, fueron enjuiciados por el hurto de 1,900 granadas y 15 cohetes LOW los cuales habrían vendido a un hombre de nacionalidad mexicana.
Siete soldados, entre estos un capitán, fueron procesados porque sacaron las granadas con el fin de destruirlas debido a que ya estaban inservibles. Sin embargo, solo simulaban la destrucción, luego las escondían y posteriormente las vendían.
Por ese hecho, en octubre de 2013, cinco militares fueron condenados a penas de entre cuatro y siete años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, pero fueron absueltos por la presunta venta de armas debido a que un tribunal no encontró suficientes pruebas de ese delito.