El especialista en Educación, Juan Valiente, calificó ayer de lamentable e indignante el que a estas alturas del año los centros educativos del sistema público estén sin capacidad de funcionar debido a que tanto el anterior , como el presente gobierno, no tomaron providencias financieras para asegurar que las instituciones recibieran los presupuestos de funcionamiento.
Valiente considera que fue una viveza financiera, una trampa del anterior gobierno, el haber creado dos presupuestos para los centros: uno para salarios y otro para funcionamiento porque al final este último no se les iba a entregar.
“Por supuesto que es importante que les pague a los profesores, pero también es importante tener capacidad de operar (porque) sino se impacta la calidad educativa. ¿Cómo va a enseñar usted sin recursos?”, opinó.
Para Juan Valiente es triste ver cómo están luchando los directores de centros educativos públicos por subsistir y tratar de dar a los estudiantes la mejor calidad educativa posible mientras el gobierno no suministra los recursos a los que está obligado.
“El presupuesto (para Educación) fue aprobado el año pasado y por mal manejo financiero toparon las fuentes de financiamiento. Se gastaron el dinero más allá de lo que tenían y hoy estamos enfrentando una situación crítica y lamentablemente están haciendo que paguen los niños y jóvenes del sistema educativo nacional”, agregó el especialista, quien lleva varios años trabajando en proyectos del campo educativo.
Con ello se refiere al hecho de que en estos momentos los niños no son atendidos en las mejores condiciones dentro de las escuelas e institutos.
De acuerdo con lo externado por Valiente, es contradictorio que un gobierno que dice defender a los pobres haya puesto en una situación tan difícil a los directores y a las familias, que son los que en última instancia están poniendo de sus bolsillos para que los centros tengan algunos recursos mínimos.
Sin embargo, asegura que “por más esfuerzo que hagan los directores, los padres y madres de familia, el daño a la educación ya se le ha hecho y se le estará haciendo este año”.
El especialista sostiene que la población que está en situación más desventajosa merece contar con servicios básicos de educación que sean ejemplares y le permitan dar todo de sí, pero está ocurriendo todo lo contrario.
Valiente, al igual que los representantes de algunas gremiales docentes como Simeduco y Bases Magisteriales, es de la opinión que esta situación ha roto con el tema de la gratuidad de la educación establecida en la Constitución de la República.
“El gobierno está obligado a financiar la educación y siete meses de atraso es totalmente inaudito”, declaró.
Por más de una década los presupuestos de los centros educativos no han tenido un incremento. Así el gobierno sigue asignando entre $12 y 13.65 dólares al año por cada estudiante de educación básica y $50 al año por cada alumno de bachillerato, han señalado las gremiales docentes.
Según el especialista educativo, en este contexto el gobierno no puede argumentar que se está en esta situación porque no han podido aprobar los últimos impuestos que han propuesto, ya que el dinero que se iba a trasladar a las instituciones ya estaba contemplado en el presupuesto que se aprobó el año anterior.
Ayer el dirigente de la gremial Bases Magisteriales, Paz Zetino Gutiérrez, manifestó que la falta de presupuesto tiene a las comunidades educativas totalmente frustradas y todo parece indicar que debido al retraso este año el gobierno sólo les harán un desembolso y no dos como se había venido haciendo.
El dirigente, quien también sostiene que se está violando el derecho que tienen los niños a recibir una educación de calidad, expuso que la situación es intolerable.
“Ya se hizo como una especie de costumbre que, para que entreguen los presupuestos escolares, algunas gremiales tenemos que estar exigiéndolo y pronunciándonos públicamente, hasta haciendo marchas. Eso no es correcto. Los funcionarios lo menos que tienen que hacer es cumplir la ley, para eso hacen juramento cuando toman esos cargos”, dijo.
Gutiérrez sostiene que lo único que va quedando por hacer es empezar a organizar a los padres y madres de familia para que demanden los derechos de sus hijos, porque ellos saben las condiciones en que los centros han estado en los últimos cinco años y empiezan a resentir que les está tocando desembolsar dinero para comprar material de limpieza y otros que se necesitan.
Por el momento los gremios de educadores están a la espera de que las autoridades convoquen a una próxima reunión y les expliquen qué ha ocurrido con las gestiones que han hecho ante el Ministerio de Hacienda y cómo va el proceso de entrega de esos presupuestos.