El 24 de junio pasado, el grupo parlamentario del partido oficial FMLN presentó un proyecto de reforma a la Ley Antilavado de Dinero, para la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera como un ente autónomo paralelo a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General.
Ante la propuesta del partido de izquierda, el Fiscal General, Luis Martínez, consideró ayer que la creación de un ente paralelo a la UIF “no sería adecuado y además resultaría inconstitucional”.
Sostuvo que “aquí la única unidad investigadora de este tipo de delitos es la Fiscalía General de la República, a través de la Unidad de Investigación Financiera. Nosotros ahí tenemos inteligencia, compartimos información con diversas inteligencias financieras en el mundo y trabajamos muy de la mano con ellos”.
Explicó que aunque desconoce las verdaderas intenciones de los promotores de la referida unidad de inteligencia, este organismo autónomo provocaría más burocracia, doble esfuerzo estatal, más gastos de recursos, porque de “todas formas cualquier información que genere esa inteligencia y si se va a llevar a los tribunales, tiene que repetir ese esfuerzo la Fiscalía a través de la UIF para poder llevar un caso a los tribunales. Eso no se justifica en lo absoluto, es un absurdo completamente”.
Martínez dijo que se reunió con representantes de la embajada de Estados Unidos, quienes le aclararon que no se trata de ninguna petición de su gobierno para la aprobación del segundo desembolso de Fomilenio como lo han querido hacer creer sus promotores.
“Llegamos a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos de que eso no está dentro del contenido de reformas para la Ley de Lavado de Dinero”, dijo Martínez. Agregó que “eso genera más confianza, más seguridad y más tranquilidad a los diferentes sectores involucrados en la economía nacional y a los bancos sobretodo”.
Martínez volvió a reclamar a los diputados que incluyan a las Personas Expuestas Políticamente (presidentes, vicepresidentes, expresidentes, ministros, políticos) como sujetos de control de la Ley Antilavado.
Advirtió de que de “no cumplir con las reformas a la ley de lavado eso puede afectar al país, porque reduce la confianza de los organismos internacionales financieros para apoyar el desarrollo en el país, en el sentido de que El Salvador no sería sujeto a préstamos internacionales o les pondrían mayores condiciones”.
Explicó Martínez que ha enviado una nota al Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafic) en la que se compromete a que las reformas pendientes de incluir en la ley antilavado estarían aprobadas antes de la reunión de ese organismo en noviembre próximo, y en la que El Salvador puede aspirar a la presidencia del referido ente, pero regional.
Aplaudió la decisión del gobierno de Estados Unidos de condicionar la aprobación del segundo Fomilenio para el desarrollo costero del país a la inclusión de las Personas Expuestas Políticamente a la ley antilavado de El Salvador.
Fusades pide incluir a Personas Expuestas Políticamente
Por su parte, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) instó a los diputados de la Asamblea Legislativa a cumplir cuanto antes con las recomendaciones del Grupo de Reacción Financiera del Caribe (Gafic), específicamente en lo que se refiere a incluir a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en la reforma a la Ley de Lavado de Dinero y Activos (LCLDA).
El tanque de pensamiento recuerda que al formar parte de este organismo, El Salvador está obligado a cumplir con todas las recomendaciones que éste le hace.
“A pesar de ese compromiso y de la iniciativa de la Fiscalía General de la República (FGR) por promover el tema, se ha visto una reiterada negativa de la Asamblea Legislativa para cumplir la recomendación No. 12 del GAFI, la cual versa sobre una regulación especial para las Personas Expuestas Políticamente (PEP)…”, apunta Fusades en su más reciente posición institucional.
Pero también recuerda que la Asamblea Legislativa ha hecho modificaciones a la ley de Lavado de Dinero, con claras intenciones de dejar por fuera a las PEP, aún a sabiendas que dichas reformas forman parte de las condiciones que el país debe de cumplir para acceder al segundo compacto de Fomilenio, y el cual en reiteradas ocasiones ha mencionado la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte.
“En diciembre de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a la LCLDA, supuestamente para ajustarla a dichos parámetros, pero excluyó de forma deliberada a las PEP; a pesar de que este es uno de los requisitos establecidos por la Corporación del Reto del Milenio para la suscripción del convenio con El Salvador, que le permitiría al país acceder a los fondos de Fomilenio II”, señala Fusades.
De acuerdo con esta organización, el Gafic define a las PEP como personas en El Salvador o el extranjero que “cumplen funciones públicas prominentes” como son los Jefes de Estado, o de Gobierno, militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales o en una organización internacional.
Aunque, según Fusades, la Fiscalía en 2013 aprobó el instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, el cual incluye algunas obligaciones de las PEP, considera que “no es un instrumento adecuado” para atender las recomendaciones del Gafic.
Argumenta Fusades que este organismo manda imponer obligaciones generales a las PEP, que de acuerdo con la Constitución de la República, “solo pueden establecerse mediante una ley”.
También apunta Fusades que el Gafic señala expresamente a los casinos, agentes inmobiliarios, notarios, abogados, contadores públicos, comerciantes de piedras preciosas y metales preciosos, y a los proveedores de servicios societarios y fideicomisos, como entes obligados a contribuir al combate del lavado de dinero.
No obstante, Fusades advierte que el artículo 2 de la Ley de Lavado de Dinero aprobado por la Asamblea solo incluye a los comerciantes de piedras y metales preciosos, y a los proveedores de servicios societarios y fideicomisos.
“En cambio, enuncia muchos sujetos no incluidos en las recomendaciones del Gafic y a los cuales obliga, en el art. 9, a reportar a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) todas las transacciones mayores a 10,000 dólares”, cuestiona Fusades.
En efecto, la propuesta de reforma presentada por la bancada del FMLN, incluye a miembros de juntas directivas, gerentes y directores de gremiales empresariales y medios de comunicación, directores de organizaciones no gubernamentales y representantes de organismos financieros que ejerzan funciones en el país. (Ver recuadro).
Dicha fundación sugiere a los legisladores, revisar “la pertinencia e idoneidad” de esta inclusión, a efecto de no cargar innecesariamente la labor de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, que de por sí, a juicio de Fusades, “no cuenta con el recurso humano necesario” para realizar con eficiencia su labor de combate a dicho delito y carece “de herramientas tecnológicas que permitan recibir y analizar información de forma expedita”, por lo que dicha unidad necesita ser fortalecida, añade. continúa en la PÁGINA 4 r rr viene de la PÁGINA 3