El Fiscal General, Luis Martínez, reveló ayer que se hace una nueva auditoría financiera en el caso CEL-Enel ordenado por el Juzgado Séptimo de Instrucción para conocer con claridad los “daños y perjuicios” que habrían causado las acciones de los más de 10 procesados, entre exfuncionarios de Gobierno y empresarios, en el proceso que se hiciera para crear un asocio público-privado de explotación de la energía geotérmica.
“Lo que se está haciendo en este preciso momento es una nueva auditoría financiera del caso, en el cual están participando peritos nombrados por el juzgado, auditores por parte de la defensa y peritos auditores por parte de la Fiscalía, para esclarecer ese punto, es un punto más en discusión y que estamos esperando que eso se resuelva”, dijo Martínez. “Ahí vamos a establecer claramente la cuantía del daño y perjuicio causado al país”, agregó.
Una publicación de El Diario de Hoy en la edición del martes se señala que los fiscales del caso CEL-Enel no habrían tomado en cuenta un informe de la Corte de Cuentas de la República, en el que se señala que no hay daños ni perjuicios financieros derivados de un supuesto subvalúo de la empresa LaGeo.
Este informe oficial contradice otro, que fue hecho por una firma privada fundada por el exministro de Agricultura, Pablo Alcides Ochoa, y en el que la Fiscalía sustentó los $2 mil 107 millones como monto de los embargos preventivos para los más de 10 procesados en este caso.
Ante los dos peritajes existentes en el proceso, el referido tribunal ordenó que se hiciera una tercera auditoría con la participación de las partes involucradas.
Martínez dijo que la auditoría todavía se encuentra en estudio y en “este momento nadie puede decir o asegurar nada en cuanto a los resultados porque los peritos todavía no han dado su informe”.
Sostuvo que el Ministerio Público, como garante de los intereses del Estado, velará por recuperar los recursos económicos que habría perdido la autónoma CEL al crear el referido asocio público-privado con la empresa italiana Enel Power con la que explotarían la energía geotérmica para mejorar la producción energética del país.
“Lo que sí puedo asegurar es que hay daños y perjuicios causados a la nación, y nosotros vamos a reclamarle a los responsables”, dijo Martínez.
Agregó que en ningún momento se ha dejado de lado el informe elaborado por la Corte de Cuentas y que se supone contiene los análisis financieros que podrían exculpar a los 20 procesados en el caso CEL-Enel, porque “si lo hubiéramos desechado, no lo hubiéramos presentado al tribunal”.
En el documento del ente contralor se establece que en 2001, la empresa LaGeo tenía un valor en un rango de entre $113 millones y $134 millones y concluyó que el valúo original del asesor financiero era “razonable”.
Este valúo fue realizado por un consorcio formado por Ernst Young y el Deutsche Bank, firmas reconocidas a nivel mundial, y determinó que LaGeo estaba valorada como empresa en el orden de los $115 millones.
Fiscal: Informe ya estaba elaborado de firma de exministro de Agricultura
El fiscal Martínez señaló que el informe presentado por la firma financiera Ochoa Benítez Asociados, fundada por el extitular de Agricultura, Pablo Alcides Ochoa, y que también fue presentado al tribunal, ya estaba elaborado cuando él asumió la dirección de la Fiscalía General.
“Y con base a los montos que se establecieron ahí, informe particular, hemos montado nosotros el reclamo de daños y perjuicios para el país”, dijo Martínez, quien no explicó las razones del por qué no basaron el monto de los supuestos daños a la CEL en el informe de la Corte de Cuentas revelado por El Diario de Hoy.
Sostuvo que en todo caso lo que hicieron fue analizar y evaluar el contenido de los resultados financieros que se establecía en el peritaje de la Firma Ochoa Benítez para establecer que el reclamo por los supuestos daños y perjuicios sería por un monto de $2 mil 107 millones.
“Aquí no andamos, escondiendo, no andamos tapando a nadie, sino que lo que hacemos es investigar la verdad de los hechos, y si ha habido una infracción penal, pues que los culpables paguen y en el proceso judicial tienen todas las garantías para ejercer su defensa y la están teniendo todas las partes involucradas en este caso”, dijo Martínez.
Incluso, algunos defensores de los acusados han expresado su inconformidad por las elevadas cantidades de embargos preventivos que ha solicitado la Fiscalía para que sean aplicados a los procesados.
Arturo Muyshondt, defensor del exministro de Economía, Miguel Lacayo, dijo el lunes pasado que la Fiscalía debió de haber tomado en cuenta el peritaje hecho por la Corte de Cuentas en el que se estima los supuestos daños en $20 millones, lo que contradice al otro informe de la firma Ochoa Benítez Asociados que señala que los daños ascienden a $2 mil 107 millones; una situación para Muyshondt fuera de toda realidad porque “de 20 a dos mil, hay 100 veces la diferencia”.
En mayo pasado, las autoridades salvadoreñas iniciaron el trámite para notificar en Roma, Italia, a la empresa Enel que es sujeta de un proceso judicial en El Salvador, pero de inmediato le embargaron bienes a su filial local.
El Juzgado Séptimo de Instrucción pidió en esa oportunidad a la Corte Suprema de Justicia que tramite ante la Cancillería que notifique la resolución a la sociedad Enel Green Power S.P.A., en su sede en Roma.
Sin embargo, a la filial de la empresa italiana en el país, Enel Green Power El Salvador, se le embargó una camioneta todo terreno año 2009.
También se le ordenó el embargo de la parte accionaria de la sociedad Enel S.P.A. en LaGeo, consistente en el 36 % de acciones, así como que se retengan los títulos valores y las utilidades y dividendos que esto genere.
De los $2 mil 107 millones que la Fiscalía estableció como monto total del embargo, $948 millones 359 mil 785 corresponden a las sociedades Enel Green Power y Enel Green Power El Salvador.