El paro de labores que realizaron las rutas 20 y 125, la semana pasada, tras el asesinato de dos de sus empleados y la exigencia de $10 mil que los pandilleros hicieron a dueños de buses de la Ruta 109 son una muestra del acoso al que vive sometido el gremio de transporte.
En palabras de un empresarios afectado, quien por seguridad no fue identificado: “Ya no soportamos esta situación que se ha salido de control. Le hemos pedido a gritos al Gobierno que haga algo, pero no se ve que reaccione”.
Algunos empresarios han manifestado, en diferentes ocasiones, que pagan unos $36 millones anuales a los grupos delincuenciales en concepto de extorsión, es decir $3 millones por mes.
El afectado asegura que el asedio de las pandillas no solo causa pérdidas económicas a los dueños de las unidades, sino que además está dejando sin empleo a decenas de motoristas y cobradores.
Según la fuente, los pandilleros ya no se conforman con exigir cuotas de dinero mensuales —y pedir un aumento de esta cuando se les antoja— sino que también quieren decidir quiénes trabajan o no, para algunas rutas.
En algunos municipios de la zona Norte de San Salvador, recientemente los delincuentes han amenazado a los empresarios de algunas rutas de microbuses con que no quieren que les den trabajo a personas que no residan en el sector donde delinque la pandilla.
Los registros de las autoridades revelan que, en lo que va del año, 42 empleados de este gremio han sido asesinados.
La mayoría de ataques fue cometido por pandilleros, en represalia porque no se les entrega más dinero del que ya reciben mensualmente.
Entre las víctimas más recientes está un motorista de la Ruta 3, que circula entre Soyapango y San Salvador, a quien mataron por negarse a agarrar un teléfono al que luego llamarían para chantajear a los empresarios.
Otros dos hechos fueron perpetrados en las últimas horas. El lunes fue asesinado Juan Antonio Hernández de 22 años, quien era cobrador de la Ruta 577, que conduce del cantón Ojo de Agua a Cojutepeque.
Y ayer, Erenilson Martínez, cobrador de la Ruta 109, que brinda servicio de Quezaltepeque a San Salvador, fue ultimado de varios disparos.
Sobre la seguridad que policías y militares deberían dar en las unidades de transporte, otro empresario señala que es casi nula.
Según él, no hay un día que los delincuentes no aborden las unidades de transporte para asaltar a los usuarios o para forzarlos, a base de amedrentamientos, a que les entreguen dinero o celulares.
La asociación de transportistas de la que este empresario es agremiado, según cuenta, ya le ha hecho saber a delegados policiales qué medidas ayudarían a combatir la delincuencia.
Algunas de las propuestas son que los policías y militares detengan los buses y microbuses en zonas y horarios diferentes, para hacer registros a todos los ocupantes.
A juicio de este empresario, de nada sirve que las autoridades coloquen retenes en lugares y horas específicas, como se hace en algunas ocasiones, porque los delincuentes ya los conocen y logran evadir estos controles.
El gremio también considera que las autoridades deben aumentar “con carácter urgente” los patrullajes en las paradas de buses, terminales y trayectos que, según él, para nadie es desconocido que son frecuentemente utilizados por el hampa.