El repunte de atentados cometidos por las pandillas dentro de las unidades del transporte público contrasta con el pacto de Asocio para el Crecimiento que El Salvador firmó con EE. UU. el 4 de noviembre 2011, en el que las autoridades salvadoreñas se comprometieron a garantizar la seguridad ciudadana en los buses y microbuses.
La meta número cuatro de dicho convenio bilateral señala que para facilitar el crecimiento económico se debe asegurar que la fuerza laboral de El Salvador esté protegida contra el crimen, cuando va hacia su lugar de trabajo o regresa a su vivienda.
En esa ocasión, el Gobierno de El Salvador asumió la responsabilidad de realizar acciones coordinadas, durante cinco años, encaminadas a impulsar el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos.
Diez meses después de la firma de ese convenio, el Gabinete de Seguridad anunció que pondría en marcha el Plan Bus, que consistía en que policías encubiertos viajarían vestidos de civil en los autobuses y microbuses, mientras que unos 125 agentes uniformados estarían listos para reaccionar si ocurría un hecho violento en las unidades.
Asimismo, la Fuerza Armada le encomendó a un grupo de soldados que acompañara a la Policía en esta tarea, por lo que ellos también debían custodiar a la población en las unidades de transporte.
En los primeros meses, el Ministerio de Seguridad informó que con el proyecto se habían frustrado algunos atracos dentro de las unidades de transporte y se logró la captura de varios delincuentes.
Algunos transportistas y usuarios le dieron el beneficio de la duda a la iniciativa, pero con el paso del tiempo, cuando el plan se fue rezagando, coincidieron en que solo se trataba de un proyecto más.
Otro plan que se sumó a la iniciativa de frenar los asaltos en los buses fue la instalación del “botón de pánico” en 33 rutas de buses de Santa Tecla, Ciudad Merliot y La Libertad, donde ya funcionaba el cobro electrónico. La idea era que los conductores lo activaran ante un asalto o ataque dentro de la unidad.
Cuando lanzaron el proyecto, las autoridades de seguridad prometieron que el tiempo de respuesta ante una emergencia sería de cinco minutos.
Pero a finales de 2013, motoristas de las rutas 101-D, 102, 79, 101-B bus especial, 42-B, 101-B microbús, entre otras, comentaron que la patrulla policial se tardaba hasta tres horas en llegar al lugar.
Hoy ni el cobro electrónico ni el publicitado “botón de pánico” están funcionando en su totalidad, ambos proyectos también fracasaron.
En las últimas semanas se ha registrado un aumento de hechos violentos dentro de las unidades de transporte colectivo. Paradójicamente, dos víctimas mortales y una más que resultó herida en estos incidentes eran policías vestidos de civil que iban en calidad de usuarios, cuando fueron cometidos los atentados.
Homicidios y asaltos
El múltiple asesinato que el 23 de mayo pasado ejecutaron pandilleros en un bus de la Ruta 302, que iba hacia Usulután, revivió entre los usuarios del transporte colectivo un temor similar al que hubo en 2010, luego que unos criminales incendiaran en Mejicanos un microbús de la Ruta 47 en el que iba una veintena de pasajeros.
Seis usuarios del de la Ruta 302 fueron asesinados a balazos, a plena luz del día, por varios hombres que simularon ser pasajeros. Los delincuentes abordaron la unidad cuando esta circulaba en una zona industrial de La Paz.
Testigos de la tragedia relataron que el automotor iba completamente lleno, varias personas iban de pie y, sin mediar palabra, los atacantes comenzaron a disparar al azar.
Las autoridades dijeron que una de las víctimas era un policía que estaba de licencia (descanso), dos eran custodios del presidio de Zacatecoluca que se dirigían a trabajar y los otros tres, ciudadanos.
El actual director general de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde —quien para entonces era el subdirector de la corporación— aseveró en esa ocasión que el ataque fue “indiscriminado, el objetivo era lesionar a todos los ocupantes”.
Hasta la fecha, esta matanza ha quedado en la impunidad.
Diez días después, otros delincuentes abordaron un autobús de la Ruta 53-A, que viaja entre Izalco y el centro de Sonsonate, y comenzaron a despojar de sus pertenencias a los ocupantes.
Entre los usuarios viajaban por separado dos policías que estaban en sus días de descanso, quienes intentaron frustrar el atraco. En el enfrentamiento, uno de ellos murió y su colega, junto con otra pasajera, fueron heridos.
Entre el 14 de junio y el 18 de julio, las autoridades han registrado una decena de ataques a usuarios del transporte en distintos municipios. Algunas personas fueron víctimas circunstanciales pues, en algunos casos, los ataques eran para quienes iban cerca de ellas.
Entre las personas asesinadas hay una maestra y cinco empleados del gremio de transporte; además varios pasajeros fueron lesionados.
En otro hecho, en un bus de San Vicente los hampones asaltaron a los usuarios y luego incendiaron la unidad y en Chalatenango, robaron y luego acribillaron la unidad, dejando huir a los usuarios.