Sarbelio de Jesús Núñez Alvarenga, aquel hombre que en un anuncio de televisión de la campaña “Presidencia Funes, buenos cambios”, decía que cuando se fuera el expresidente Funes quizá todos íbamos a llorar, confesó a El Diario de Hoy que él no lloró el pasado 1 de junio.
Por lo que sobran razones para que lloren él, su esposa y más de 31 mil adultos mayores de 70 años que viven en 86 municipios beneficiados con la Pensión Básica Universal, es porque no reciben los 50 dólares mensuales desde noviembre de 2013, según constató El Diario de Hoy en un recorrido por municipios del programa Comunidades Solidarias Rurales (CSR).
Ahora, don Sarbelio y su señora, Carmen Mena, han vuelto al mismo modo de vida que llevaban antes de que, a finales de 2009, el Gobierno les comenzara a dar 50 dólares mensuales a cada uno, según explicaron el pasado 1 de julio a El Diario de Hoy.
En iguales condiciones se encuentran las familias beneficiadas con el bono familiar por salud y educación, según explicaron algunas madres que tienen hijos menores de 16 años y que residen en municipios incluidos en el CSR.
A diferencia de otros beneficiados con el programa CSR, don Sarbelio considera que el atraso de ocho meses se debe al cambio de gobierno.
Don Sarbelio explica que, en un principio, les habían dicho que en marzo les iban a dar la pensión, pero así se los han traído, con esperanzas de fechas que se han ido posponiendo desde marzo.
El anciano, que reside en San José El Naranjo, del municipio de Jujutla, Ahuachapán, dice que han vuelto a vivir como cuando les “apretaba la pobreza”, antes de que empezaran a recibir la pensión. No obstante, se muestra optimista.
“No se oyen rumores de cuándo van a volver a entregar (la pensión). Del FISDL no nos han dicho nada. Yo la fe que tengo es esta: que Sánchez Cerén ya fue a Santo Domingo (de Guzmán, en Sonsonate) y de eso habló”.
“Dijo que él andaba viendo lo social, para poner en marcha lo que había quedado establecido ya, comenzando con el adulto mayor, la red solidaria de los niños…”, explicó el anciano.
Con esa esperanza, don Sarbelio ahora dice que le preocupa más saber cómo habrá seguido Funes de la cadera.
“Yo en la entrevista en Casa Presidencial le dije que no dejara de estarse untando el Dolocream“, acotó.
El pasado 3 de abril, la Asamblea Legislativa, a iniciativa del entonces presidente Mauricio Funes, aprobó la Ley de Desarrollo y Protección Social, con la cual, según reiteró Funes, se aseguraba que los más pobres tuvieran asegurada la ayuda gubernamental de manera permanente.
Eso mismo reza el Art. 3, inciso i, como parte de los objetivos de la referida Ley. “Garantizar a la población una protección social amplia, segura y suficiente, desde una perspectiva de derechos, especialmente a la población en condiciones más vulnerables y de mayor condición de pobreza, exclusión y desigualdad social”.
“Los pollos de Adelina están pagando el pato”
Pero Adelina López, de 72 años, no entiende de leyes o promesas de políticos.
Lo que esta mujer, residente en el cantón San Antonio, de Jujutla, Ahuachapán, tiene claro, es que desde el 17 de noviembre de 2013 ya no ha recibido ni un centavo.
Adelina es una anciana que no tiene hijos ni familiares, y a raíz de un asalto a su casa, decidió abandonarla y marcharse a otro lugar. Vive de posada en una champa de lámina.
“Pasadito el Día de los Santos (1 de noviembre) la dieron, pero ya estoy aquí sin cinco, no tengo ni para comprar una pastilla. Ojalá que la entreguen (la pensión) antes de morirme”, dijo la anciana en tono de resignación.
Según Adelina, ahora son sus pollos son los que están pagando el pato, porque los pocos que tiene, los está vendiendo para poder subsistir. “He estado topada. Hay días que ni cinco para sal tengo”, se quejó.
En iguales circunstancias se encuentra Teodoro Viana, vecino de Adelina. “Nosotros tenemos como ocho meses de que no la dan”, indicó el campesino, quien también cree que quizás ya no les van a entregar la pensión.
“Yo lo que creo, es que quizá ya quitaron esa Ley”, indicó Teodoro con tono de desesperanza. “Nosotros no podemos hacer nada. Uno quisiera que se lo dieran siempre, pero no se puede hacer nada”, acotó.
Alargando la entrega
En 2009, cuando el gobierno de Funes implementó el programa en varios municipios calificados como de pobreza extrema severa y pobreza extrema alta, los ancianos incluidos en el programa recibían 50 dólares mensuales.
Lo mismo ocurría con el bono familiar y de salud que otorgaban a las familias, para estimularlas a que sus niños asistieran a la escuela o los tuvieran en controles médicos.
Pero, al cabo de dos años, el periodo de entrega se modificó a dos meses, entregándoles 100 dólares.
Sin embargo, a mediados de 2013 les dijeron que les entregarían 200 dólares cada cuatro meses. Así lo hicieron, pero solo una vez.
Entre noviembre y diciembre de 2013, fue la última entrega, según relatan beneficiarios y promotores sociales entrevistados, que pidieron no ser identificados por temor a perder sus empleos.
“Ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que lo dieron”, aseguró Deysi López, madre de una menor de edad a quien le daban 30 dólares como bono familiar para que mandara a su hija a la escuela, en el municipio de Jujutla.
Pese a lo que estipula la Ley de Desarrollo y Protección Social, seguridad en la entrega de la pensión y el bono, es lo que menos tienen los beneficiarios, según dijeron algunos entrevistados.
Entre ellos Sarbelio de Jesús Núñez Alvarenga, el anciano que junto a su mujer, Carmen Mena, salían en un anuncio de la campaña “Presidencia Funes, buenos cambios”, ejecutada a finales de 2013 y principios de 2014, paralelamente a la campaña electoral.
De por sí, alargar el periodo de entrega, tanto del bono familiar como de la pensión a los adultos mayores, obligaba a personas como Adelina López a vivir con poco más de un dólar diario.
Los ancianos ocupan la mayor parte de ese dinero para adquirir comida y medicinas.
Sin esperanzas cercanas
“Hoy no tienen ni para comprar alimentos ni para comprar medicinas. Hay muchos señores que ya se han hecho la idea de que ya no les darán la pensión”, afirmó un promotor social.
Los promotores sociales son personas residentes en municipios incluidos en Comunidades Solidarias, subcontratadas para dar seguimiento tanto a los ancianos como a las familias beneficiadas.
De acuerdo con algunos promotores, el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) es el ejecutor del programa CSR, pero esa institución contrata a organizaciones no gubernamentales o a empresas con experiencia en el tema de salud o desarrollo local, para dar seguimiento a a los beneficiados con el CSR.
De acuerdo con un promotor de Jujutla, a principios de julio les dijeron que entregarían el bono y la pensión el próximo 17 de julio, pero días después les explicaron que quedaba anulada esa posibilidad y que no sabían hasta cuándo reanudarían la entrega.
“Lo que sabemos es que el Gobierno no tiene dinero para continuar con el programa, pero eso no lo dicen abiertamente”, indicó un promotor.
De acuerdo con otros promotores, desde abril les han venido diciendo que no han hecho la entrega de los beneficios, debido a la transición de gobierno. Sin embargo, a más de un mes de que el presidente Sánchez Cerén tomara posesión del cargo, les continúan dando esa excusa.
“Hay quienes creen que ya no les seguirán entregando el dinero. Algunos dueños de tiendas me preguntan si los ancianos van a seguir recibiendo la pensión. Ya no les quieren dar fiado”, aseguró una promotora.