El diputado Roberto d’Aubuisson, de ARENA, pidió ayer la comparencia del ministro de Seguridad, Benito Lara; y del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, para que expliquen los motivos de la requisa de dos periodistas del periódico digital El Faro, el pasado miércoles 16 de julio, en el desvío de Santa Ana, que lleva a San Salvador.
“Que durante su comparecencia presenten a la comisión los motivos que se tenían para proceder a la requisa personal y el acta levantada por los agentes de la Dan (División Antinárcoticos de la PNC) y del (Sistema) 911 sobre el procedimiento”, reza parte del escrito presentado ayer en el Congreso.
También solicita que aclaren cuáles son las razones por la que los agentes les pidieron a dos periodistas de El Faro que les proporcionaran datos de una fuente, “conociendo que los estándares internacionales sobre la libertad de información y de prensa, y la ley secundaria ampara a los periodistas a no declarar sobre este tema”, apunta la pieza.
De acuerdo con el testimonio del periodista de El Faro, Óscar Martínez, en una publicación de su periódico, el pasado 16 de julio “tres agentes del servicio 911 me quitaron la camisa para revisar si tenía tatuajes y me mantuvieron manos en la cabeza hasta que aparecieron dos agentes de la División Antinárcoticos (Dan) con pasamontaña, uno de ellos con arma larga”.
Cuenta que él junto a otro colega del periódico regresaban de realizar un reporteo de campo para una investigación periodística.
En una entrevista realizada a Martínez y publicada por El Diario de Hoy el lunes 21 de julio, el periodista reseña que recibió un “mensaje directo de los policías. Uno de ellos me dijo: nos han ordenado de arriba montar este retén para detenerte. Nos han ordenado que te intervengamos. Estas fueron las palabras”, aseveró.
Martínez asegura que los agentes le insistían que revelara el nombre completo de las fuentes que recién acababa de entrevistar ese día. “Aunque sea dame el apodo de la persona que fuiste a entrevistar, no te creo que no lo conozcás…”, le insistían.
Al respecto y según el escrito presentado por D’Aubuisson, el artículo 19 de la Constitución de la República “reza que solo podrá practicarse el registro o la pesquisa de la persona para prevenir o averiguar delitos o faltas”.
Añade que en el Código Procesal Penal en su artículo 119 determina que la requisa personal procede solo cuando la “policía tuviere motivos suficientes para presumir que una persona oculta entre sus ropas, pertenencias, o lleva adheridos a su cuerpo, objetos relacionados con el delito”.
D’Aubuisson hace alusión de que en el Código Procesal, en el artículo 206 se estipula que los periodistas tendrán derecho de abstenerse de revelar a cualquier “autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial; la fuente donde proviene la información que nutre las noticias…”, entre otras formas de ejercer el derecho a informar.
El legislador tricolor prevé que lo anterior es un claro “amedrentamiento” y atenta contra la libertad de expresión de la cual el país es suscriptor desde 1994.
Cuestiona que con este tipo de medidas el Gobierno allana el camino a una “dictadura” como la de “Venezuela y Cuba”, en cuanto a expresarse libremente. Relaciona hechos promovidos por el Gobierno como la subasta del espectro radioeléctrico, el impuesto a los periódicos y la ley de radios comunitarias, para coartar la libertad de expresión.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, del FMLN, dijo que cualquier atentado o restricción a la libertad de prensa es “criticable” y consideró que deben hacerse las investigaciones correspondientes y deducir responsabilidades.
“Si obedeció a una circunstancia casual o hubo órdenes de un mando superior”, dijo.