Como parte de una investigación sobre una supuesta corrupción en los Juzgados Antimafia de Instrucción y de Sentencia de San Miguel, la Fiscalía involucra a tres jueces de esos tribunales, a cuatro empleados judiciales, dos fiscales, un exfiscal y ocho abogados con el pago de sobornos para favorecer con la libertad a decenas de imputados que fueron procesados por distintos delitos en esos tribunales.
En ese sentido, el Fiscal General Luis Martínez pidió ayer tarde a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que sean desaforados (les quiten el fuero constitucional) al juez Antimafia de Sentencia Enrique Alberto Beltrán; a su suplente, José Rodolfo Castillo; y al juez Antimafia de Instrucción Jorge González Guzmán.
“Este es un nuevo reto para el Sistema Judicial, confiamos y estamos seguros de que existen rectos jueces que van a saber defender el sistema de justicia, ya que ellos son personas que han dañado por muchos años el sistema judicial de nuestro país”, dijo Martínez.
Fuentes de la CSJ confirmaron que hoy el pleno de magistrados de la Corte conocerá la solicitud del desafuero hecha por el fiscal Martínez.
La petición fiscal busca que los tres funcionarios judiciales sean procesados en un juzgado común a raíz de que en las investigaciones “hemos podido comprobar 53 casos de cohecho en los cuales ellos se han beneficiado”.
Agregó Martínez que los acusados “han solicitado incentivos económicos por fuertes cantidades de dinero que pueden ascender a cientos de miles de dólares… que estos jueces se han enriquecido con favores a delincuentes que han aterrorizado por muchos años a nuestro país”, dijo.
Por tener fuero constitucional, los tres jueces no pueden ser detenidos, pero a los que arrestaron son el secretario y una colaboradora del Juzgado Antimafia de Sentencia de San Miguel, Óscar Flores Granados y Estela Margarita Cortez Zavala. La empleada del Juzgado Antimafia de Instrucción de la ciudad migueleña Marlyn Carballo Flores y la colaboradora del Juzgado de Familia de La Unión, Reina Rubetina Robles.
Además a los fiscales Salvador Ruiz Pérez y Patricia María Hernández.
El juez Beltrán aseguró que “es parte de los derechos que tiene la Fiscalía de investigar, que sigan el procedimiento y yo voy a demostrar que las cosas no son como las están planteando”.
Agregó que los casos que se han caído es “por falta de robustecimiento de prueba de parte de los fiscales y que el hecho que se absuelva a un imputado depende únicamente de la prueba que el ente investigador les presenta”.
Ayer, la Fiscalía allanó varias oficinas jurídicas y los dos tribunales antimafia de San Miguel.