En cada reunión de la Comisión de Seguridad, los diputados se enfrentan a nuevos retos que superar. Ayer la discusión giró en torno al tiempo de experiencia que deberá tener el Oficial de Cumplimiento y quiénes estarán obligados a contratarlo para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafic) a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos.
Cabe mencionar que de la aprobación de estas modificaciones depende la ratificación de $277 millones del Fomilenio II con los EE. UU. para desarrollar las zonas costeras del territorio nacional.
Pese a esto, en cada sesión de los diputados, estos avanzan un paso pero retroceden dos, y ayer no fue la excepción, ya que si bien salió un dictamen favorable para nuevas reformas a la ley, el documento sólo fue firmado por Antonio Almendáriz, del PCN, y el diputado tránsfuga Sigifredo Ochoa Pérez, hoy de Democracia Salvadoreña.
Ambos diputados mencionados votaron a favor de que se dé un año más de plazo al Oficial de Cumplimiento para que se pueda certificar como tal en la Fiscalía, esto con el objeto de que adquiera la experiencia que exige la ley, que es de dos años, según informó Almendáriz.
El diputado pecenista explicó que la normativa entró en vigencia hace un año, por lo que los actuales Oficiales de Cumplimiento aún no cumplen con el tiempo de experiencia que estipula la ley.
Antonio Echeverría, del FMLN, expresó que debe consultar con sus colegas de la fracción si están de acuerdo en que se le dé un año más a dichos funcionarios, pues dijo que bajo este argumento muchas instituciones podrían ampararse en que no cumplen con la ley porque el Oficial de Cumplimiento no está certificado.
Otro de los cambios planteados ayer es que las pequeñas y medianas empresas, cuyas operaciones mercantiles no sobrepasen los $25 mil al mes, no estarán obligadas a contratar a un Oficial de Cumplimiento.