Según la diputada Ana Vilma de Escobar, de ARENA, y su abogado defensor, Lisandro Quintanilla, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene suficientes pruebas de que a la legisladora tricolor se le violentaron sus “derechos constitucionales” al ser desaforada por la Asamblea Legislativa en días pasados.
De Escobar junto a sus tres abogados defensores interpusieron ayer un recurso de amparo ante la CSJ denunciando que la Asamblea Legislativa no siguió el debido proceso para quitarle su fuero, y que se le ha violentado su derecho a la “inmunidad parlamentaria”, que le confiere el artículo 138 del Reglamento Interior del Congreso.
Por estas razones, Quintanilla y De Escobar justificaron que solicitan en su demanda que la Sala de lo Constitucional dé por suspendido el decreto legislativo que aprobaron los diputados para desaforarla, y consecuentemente ordene una medida cautelar para que la legisladora arenera sea reinstalada en su cargo.
“Lo que perseguimos aparte que se declare amparada por la violación de sus derechos, es que la Sala tome una medida cautelar de suspensión de los efectos de ese acuerdo legislativo y por lo tanto sea restituida en su cargo que ha sido despojada ilegalmente”, afirmó Quintanilla.
De Escobar indicó que no ha llegado a ningún acuerdo extraoficial con el expresidente Mauricio Funes, y que este tampoco ha presentado una demanda formal en su contra en los tribunales respectivos. Dijo que Funes tiene tres años para hacerlo.
La diputada tricolor fue desaforada por la Asamblea a inicios de julio para que sea enjuiciada por los tribunales, a raíz de una petición de Funes, quien la acusó de haberlo “difamado y calumniado” por relacionarlo con el accidente de un Ferrari en el Redondel Masferrer, de San Salvador.
Aún así, Quintanilla detalló que De Escobar puede participar como candidata a diputada en las elecciones de 2015, mientras no exista una sentencia judicial definitiva en su contra, ya que el efecto del dictamen que la desaforó claudica a finales de mayo del próximo año.
Uno de los argumentos que Quintanilla expone en el amparo es que los diputados gozan de “inmunidad absoluta” de acuerdo con el Reglamento Interno de la Asamblea por las expresiones y votos que emitan en virtud de su cargo, no así por delitos de homicidio.
Otro de los puntos en la demanda es que tanto la comisión de antejuicio como el pleno violentaron el debido proceso, ya que los diputados de la comisión no les permitieron presentar las pruebas a favor de la diputada y el pleno no sometió a votación el dictamen que era absolutorio para De Escobar.
No descartó que si la Sala emitiera una sentencia definitiva a favor de la diputada, el siguiente paso será contrademandar a los 45 diputados que votaron a favor de despojarla de su fuero legislativo.
Para Jackeline Rivera, del FMLN, la comisión siguió las etapas correspondientes para un proceso de antejuicio, pero dice que De Escobar tiene el derecho de acudir a las instancias pertinentes. Mario Tenorio, de Gana, subrayó que será la Sala la que determine si se violaron sus derechos o no.
Mientras que para Douglas Avilés, de CD, quien votó en contra del desafuero, dice que De Escobar tiene todos los elementos para ganar el caso.