El expresidente de la República, Mauricio Funes, forma parte d e una lista estimada de 6,000 exfuncionarios de su gestión y del quinquenio de Elías Antonio Saca que aún no han presentado la declaración jurada de patrimonio, según confirmó el jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Pineda.
Además afirmó que Funes está en la “obligación” de presentar una segunda declaración luego de juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pese a un fallo de la Sala de lo Constitucional que prohibió e invalidó dicha decisión del exmandatario.
“No hemos recibido ninguna documentación del expresidente Funes y tampoco hemos tenido una comunicación con él o sus abogados. Tenemos que hacer un proceso comparado entre el inicio y el final de su gestión con base en sus activos e ingresos, incluyendo su núcleo familiar”, informó Pineda.
En este sentido Funes tiene hasta el 30 de julio para cumplir con dicha obligación, que sigue pendiente en 106 funcionarios de la gestión que terminó su período el pasado 31 de mayo, incluyendo ministros, viceministros, secretarios de la Presidencia y directores o miembros de instituciones autónomas.
Marcos Rodríguez, subsecretario de Transparencia, incluso justificó al respecto y afirmó que hay gente en el gobierno que no declara “porque no quiere” o porque desconoce la obligatoriedad del procedimiento, pese que hay una Ley de Enriquecimiento Ilícito que norma al respecto y establece todos estos procedimientos.
“Aun hay tiempo para que los funcionarios presenten sus declaraciones, hay que cambiar esa cultura en los funcionarios”, matizó Rodríguez.
Ante esto Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), recordó que las cuentas de Casa Presidencial y el uso de fondos públicos deben de verificarse de forma permanente “para evitar discrecionalidades y que se entreguen finiquitos exprés”.
Esto, en el caso de Funes adquiere un mayor énfasis sobre todo porque la Fiscalía General de la República (FGR) ya anunció una investigación sobre la adquisición de bienes y propiedades del grupo más cercano al expresidente, detalló Rubio.
“La presidencia es de las pocas instituciones que no da cuentas y eso amerita un examen prolongado de sus finanzas y las cuentas del expresidente Funes. La sección de Probidad debe de velar por el cumplimiento de estas obligaciones, no es justificación el desconocimiento o el desinterés”, consideró el también representante de Transparencia Internacional.
Pineda además recordó que 90 titulares entrantes están pendientes de su declaratoria de ingreso y que han enviado 75 notas a los bancos para pedir información financiera sobre los funcionarios por diversas inconsistencias en los estados bancarios. La mayoría de estos son de la gestión del expresidente Saca.
“Son inconsistencias financieras. En el caso del exmandatario Funes puede solicitarse información a diferentes instituciones, sobre todo luego de los análisis financieros que hacen nuestros auditores. Si estas no encajan se procede a una mayor revisión o se le notificaría al interesado para ampliar la fundamentación”, agregó Pineda.
Por último el jefe de la Sección Probidad agregó que pueden aportar a la FGR documentación como parte de la declaración patrimonial, si el Ministerio Público “lo requiere”.
Estos procesos incluyen toda clase de bienes, participaciones en sociedades, salarios, créditos, inclusión en el mercado de valores, entre otras actividades.
Junto con finiquito de la Corte de Cuentas, ambos documentos demuestran el manejo de fondos públicos de los exfuncionarios.