Dos peritos especialistas en geotermia y geofísica, se presentaron ayer al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, para iniciar las diligencias de su posible intervención en el proceso del caso CEL-Enel.
Los dos técnicos fueron presentados por la Fiscalía General al referido juzgado y tienen hasta el próximo viernes para pronunciarse sí tienen el conocimiento suficiente para conocer de los peritajes del caso.
Alberto Machado, uno de los abogados de la defensa, explicó que “por tratarse de un proceso muy voluminoso, los peritos no pudieron ser juramentados hoy (ayer) y tienen un plazo de tres días para pronunciarse sobre la posibilidad de emitir un juicio”.
“Sí ellos dicen que no tienen el conocimiento técnico para efectuar la diligencia, las partes pueden nombrar otros peritos. Nosotros no nos oponemos a los peritos, estamos abiertos que el tema se someta a cualquier experticia”, explicó el profesional.
Machado detalló que los dos peritos trabajan en una institución del sector energético.
El abogado no profundizó sobre qué es lo que los peritos deberán de corroborar, pero adelantó que “en la experticia se está realizando una financiero contable, que incluye una serie de temas que se están valorando desde estados financieros, el proceso de selección del socio estratégico, los precios de la energía y otros tópicos”.
El profesional indicó que en el caso ya hay otros peritos realizando otros estudios del caso.
“El proceso tiene hasta el 23 de diciembre para su etapa de instrucción y hasta el 9 de enero para presentar el dictamen de acusación”, explicó Machado.
La Fiscalía acusó de supuesto peculado (apropiación indebida de bienes del Estado) y falsedad documental agravada (alteración de documentos) a nueve personas.
La Fiscalía argumenta que un contrato entre CEL y la empresa italiana Enel Green Power para desarrollar energía geotérmica como socios de la empresa salvadoreña LaGeo, fue “lesivo” o dañino para los intereses económicos del Estado.
Por su parte el exrepresentante de Enel El Salvador José Vicente Machado Calderón, uno de los señalados en el proceso, expresó durante una entrevista televisiva del Canal 21 que “los contratos y diligencias se hicieron legalmente y transparentes”.
“El contrato firmado entre CEL y Enel fue abierto, y lejos de ser de perjuicio al Estado, el país ha obtenido $500 millones en beneficios. Es un caso fabricado. No ha habido fraude ni daños. No hay pruebas”, dijo Machado.