El presidente Salvador Sánchez Cerén confirmó ayer que solicitará a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) información detallada de la presa El Chaparral, por la cual el gobierno del expresidente Mauricio Funes pagó $108.5 millones a la empresa constructora Astaldi SpA sin definir responsabilidades civiles al respecto.
En ese sentido, Sánchez Cerén espera que la autónoma envíe al despacho presidencial el estado técnico, financiero y jurídico de la construcción, la cual lleva casi tres años en clara incertidumbre y abandono luego de que se suspendieran los trabajos y de que la CEL pidiera un arreglo directo a la firma italiana, debido a múltiples inconvenientes geológicos y de diseño. Esto ocurrió pese a que se firmó un contrato “llave en mano” entre ambas partes que obligaba a la constructora a asumir responsabilidades.
“Nosotros lo que estamos esperando es que CEL nos presente los informes de los proyectos sobre las presas que están paralizadas. Ellos han anunciado que están haciendo un estudio técnico (en El Chaparral), han hecho las contrataciones de las instancias necesarias para hacer un proyecto viable”, aseguró Sánchez Cerén, sin entrar en más detalles.
Las otras construcciones que están paralizadas o aún no ha sido iniciadas son la presa El Cimarrón (de la que se desconoce si existe o no un diseño básico o detallado al respecto), los parques eólicos en Metapán (Santa Ana) y San Isidro (San Julián, Sonsonate), más la expansión de la Central 5 de Noviembre, donde aún no se ha colocado la primera piedra del proyecto, solo se han realizado trabajos de terracería.
CEL contrató el año pasado a la firma brasileña Intertechne para que realizara, por segunda ocasión, un diseño para la continuación de la central a un monto de $5.7 millones. Además esta misma firma obtuvo, sin competencia, a finales de 2012, la supervisión de la expansión de la 5 de Noviembre, por la que cobró $9.2 millones. En ambos casos se desconocen los resultados de dichos trabajos.
A mediados de junio, el Vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, afirmó que también solicitaría la documentación y un informe sobre el estado de El Chaparral. Incluso anunció que iba a conocer “in situ” la situación en la presa abandonada, ubicada en el Río Torola en San Luis la Reina, San Miguel.
No obstante, el presidente Sánchez Cerén no adelantó plazos para tener el informe de la autónoma, presidida por David López Villafuerte, exgerente de Proyectos de La Geo, una empresa subsidiaria de CEL.
Hace varias semanas, El Diario de Hoy buscó a través de Comunicaciones de CEL una entrevista con López Villafuerte para conocer la posición oficial de CEL sobre El Chaparral y la política energética del nuevo gobierno.
Sin embargo, se notificó que el funcionario “daría una posición hasta conocer en detalle el proyecto”, pese a que fue miembro de la junta directiva de la autónoma durante la administración del expresidente Leopoldo Samour, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De los $108.5 millones que CEL pagó a Astaldi, $85 millones fueron para cancelar “obras realizadas” y otros $23.5 millones como respaldo jurídico, según indicó el expresidente Samour en su momento.
El Chaparral tenía que haber entrado en funcionamiento a inicios de este año con una capacidad de generación de 67 megavatios de potencia.